De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el estado de emergencia es un régimen de excepción que se declara en casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. A raíz de los recientes desastres naturales en nuestro país, diversas voces propusieron al presidente Kuzcynski establecer el estado de emergencia a nivel nacional. ¿Por qué se considera necesario? Pues, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en estas circunstancias se permite que las instituciones públicas realicen contrataciones directas para atender a la población. Esto sería razonable, dado que el tiempo es un recurso escaso, más aún frente a desastres naturales como los que actualmente vivimos; sin embargo, declarar el estado de emergencia generalizado en un contexto de investigación por actos de corrupción a todo nivel de gobierno sería contraproducente e innecesario. Veamos por qué.

El Perú es un país con un largo historial de corrupción, el cual no ha hecho más que acrecentarse en los últimos años. De hecho, en el Índice de Percepción de Corrupción 2016, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país ocupó la posición 101 de 176 países, con lo que retrocedió 13 posiciones respecto al índice de 2015. Cabe mencionar que venimos retrocediendo en este ranking desde 2008, cuando ocupábamos la posición 72 (ver Semanario N.° 880), lo que se condice con nuestros bajos índices de institucionalidad. Esto último se refleja en nuestra ubicación en el ranking del Índice de Competitividad Global 2016-2017, en lo que respecta al pilar institucional: 106 de 138 países.

La corrupción representa altos costos para las economías. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el costo de realizar negocios en un país aumenta un 10% por la corrupción y genera un sobrecosto del 25% en las contrataciones estatales. Asimismo, según el Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad 2016, en nuestro país se pierden S/ 12,600 millones por prácticas de corrupción, lo que equivale casi a un 10% del Presupuesto General de la República en 2016 y a más del 2% del PBI. Una cantidad que, sin duda, se pudo haber utilizado para gestionar proyectos en beneficio de los ciudadanos, por ejemplo, en educación, salud, seguridad, entre otros.

Por otro lado, el impacto de la corrupción no solo se traduce en sobrecostos en contrataciones estatales, sino también en el sector privado y la pérdida de valor público de las obras mal construidas o inútiles, así como el costo del esfuerzo del Estado para luchar contra la corrupción y las pérdidas por robo de recursos de todos los peruanos. Esta situación es preocupante, más aún si se toma en cuenta la menor confianza en las instituciones públicas y la ineficiencia, pues el costo de la corrupción se traslada a los ciudadanos, por ejemplo, al tener que refinanciarse obras mal hechas. No sorprende entonces que, en el Índice de Competitividad Global 2016-2017, el Perú se encuentre en el puesto 67 de 138, por detrás de países como Colombia (61) y Chile (33), y que entre las principales trabas para realizar negocios en el país esté la corrupción.

Si el país ya sufre este problema, establecer entonces un estado de emergencia nacional podría agravar la situación. Esto se debe a que, de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), la mayor cantidad de casos de corrupción se dan por adjudicaciones directas, pues en dicho contexto no se exige un análisis previo de la rentabilidad social generada con la intervención de los proyectos, por lo que la mayor discrecionalidad es aprovechada para delinquir.

Además, de acuerdo con declaraciones del presidente Kuczynski, el Estado cuenta con los recursos para atender este tipo de emergencias. Así, se ha anunciado que se destinarán S/ 2,500 millones para emprender los trabajos de reconstrucción (ver Semanario N.° 884). Por lo tanto, habría que tener cabeza fría antes de solicitar a viva voz la declaratoria de estado de emergencia nacional.

Dicho esto, es evidente que la corrupción es un problema social grave en nuestro país. ¿Qué hacer al respecto? Ante todo, debemos fortalecer las instituciones y asegurar la transparencia de los procesos de inversión. Respecto a esto último, de acuerdo con la CGR, se deben evitar sobrecostos excesivos sobre presupuestos para proyectos de inversión. Por otra parte, los Gobiernos regionales y municipales podrían utilizar tableros de indicadores que les permitan monitorear los procesos de inversión para identificar desviaciones en los mismos. Además, se debe reducir la impunidad y promover simplificaciones en procesos judiciales, que duran 7.5 años para casos complejos.

Los desastres naturales no dan tregua y el Perú es testigo de ello. El Estado cuenta con los recursos para hacer frente a los desastres, por lo que un estado de emergencia nacional no necesariamente sería la respuesta inmediata que solucione por arte de magia la situación que atraviesa nuestro país. Que la “reconstrucción” de Pisco no sea el ejemplo a seguir.