En la década de 1990, nuestro país adoptó una serie de medidas en favor del libre mercado, conocidas como “reformas de primera generación”, que consistieron, principalmente, en la independencia del Banco Central de Reserva, la flexibilidad del tipo de cambio, la liberalización comercial y la promoción de un ambiente propicio para atraer la inversión privada. Sin embargo, tal como se vio en el Semanario N.° 900, si bien estas medidas potenciaron nuestro crecimiento, se necesita de una segunda “ola” de reformas para llegar a ser un país desarrollado. La teoría económica y la evidencia empírica de países como Singapur y Corea del Sur muestran la necesidad de emprender una reforma institucional. Veamos cómo nos hemos desenvuelto en ese aspecto.

El Foro Económico Mundial publicó el Índice de Competitividad Global 2017, en el que retrocedimos cinco posiciones con relación a la edición anterior. En lo que respecta al pilar institucional, fue la categoría en la que peor nos fue, al ubicarnos en el puesto 116 de 137 países, además de retroceder 10 posiciones respecto de 2016. Este rezago se debió principalmente a una sobrecarga en la regulación gubernamental (posición 131), la poca fiabilidad en los servicios policiales (130), la escasa eficiencia del marco legal para resolver disputas (129) y la presencia de crimen organizado (129). Asimismo, hemos retrocedido en temas claves para nuestro desarrollo como la protección de los derechos de propiedad (de 92 a 109), los desvíos de fondos públicos (de 110 a 118) y la independencia judicial (de 103 a 106).

Asimismo, la corrupción surge como uno de los principales agravantes de nuestra baja competitividad, ya que se traduce en sobrecostos para el sector público y privado a la hora de hacer negocios. En ese sentido, nos ubicamos en la posición 101 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por la organización Transparencia Internacional, con un puntaje de 35, siendo 100 la percepción de ausencia de corrupción. Incluso, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 48% de la población la considera como el principal problema del Perú, puesto que, según el Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad 2016, solo en prácticas de corrupción se pierden S/ 12,600 millones anuales, lo que equivale al 10% del presupuesto público en 2016 y a 2% del PBI (ver Semanario N.° 885).

Por otro lado, para una adecuada evaluación integral, resulta necesario ver cómo se ubicaron nuestros departamentos en el plano institucional y analizar los principales factores que se deben trabajar.

¿Cómo vamos dentro del país?

El Instituto Peruano de Economía publica anualmente el Índice de Competitividad Regional, en el que se cuantifica la posición relativa de las 24 regiones a través de seis pilares: entorno económico, salud, educación, infraestructura, laboral e instituciones. En el pilar institucional, Moquegua y Tacna lideraron la última edición del índice, mientras que Tumbes y Áncash ocuparon los últimos lugares, por cuarto año consecutivo, detrás de Cajamarca y Lima. Tumbes presentó la tasa más alta de criminalidad y homicidios, además de ocupar el penúltimo lugar en cuanto a la ejecución de inversión pública y percepción de gestión de la misma. Áncash, por su parte, se mostró rezagado en la ejecución presupuestal y en penúltima posición en conflictos sociales, además de que aumentó el número de habitantes por efectivo policial.

En suma, si bien es importante seguir promocionando la apertura e integración al mundo, a partir de la promoción de nuevos acuerdos comerciales, para lograr una mayor inversión privada y fomentar el empleo formal, resulta igual de importante llevar a cabo una reforma institucional que garantice el respeto a los derechos de propiedad y un buen sistema judicial y policial, entre otros aspectos. Asimismo, una correcta lucha contra la corrupción asegurará un mejor clima para las inversiones, así como menos sobrecostos.

A lo largo de estos años, hemos demostrado ser un país atractivo y con gran potencial, no dejemos que la cultura de informalidad nos opaque y demos el siguiente paso: la reforma institucional que tanto necesitamos.