El pasado 20 de agosto, el presidente de Consejo de Ministros, Guido Bellido, a través de una iniciativa llamada Yanapay, anunció la asignación de un nuevo bono en el marco de la pandemia. Esta medida beneficiaría a las familias que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema, para lo cual se destinará un monto de S/ 350 por persona y S/ 700 como mínimo por familia.

Este tipo de transferencia se ha realizado el año pasado en diferentes países, como una respuesta rápida para mitigar los efectos de la crisis causada por la COVID-19. De hecho, entre estas medidas de políticas económicas se encuentra la reasignación de los recursos económicos a los sistemas de salud, alivios tributarios, transferencias en especies y monetarias, entre otros.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante 2020, el Perú ha realizado 13 medidas de transferencia monetarias, 5 transferencias en especie y 1 medida de servicios básicos. Asimismo, señala que la transferencia monetaria ha sido la medida más utilizada en América Latina, pues representa el 56% de las medidas adoptadas en esta región.

Si bien estas medidas se aplicaron debido al estado de emergencia que enfrentaba el país, no combaten los problemas estructurales, que han sido agravados por la crisis, por lo que deben estar acompañados de otras iniciativas que solucionen los problemas de fondo. Además, este tipo de políticas son solo un paliativo y resultan insostenibles en el tiempo.

TRABAS PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA

En primer lugar, realizar transferencias monetarias o en especie implica un fuerte gasto por parte del Estado. Por ejemplo, con la aplicación de este nuevo bono, el Gobierno destinará un total de S/ 5,000 millones. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Cepal, durante 2020, el Perú gastó en transferencias monetarias y en especie, aproximadamente, S/ 16,663 millones.

Además, como se ha mencionado en el Semanario 1042, el gasto destinado a las medidas de contención y reactivación de 2020 ascendió a un 19.9% del PBI. Por otro lado, la deuda pública aumentó en máximos históricos, al representar un 35.4% del PBI en el último año. Así, la aplicación de transferencias de emergencia, definitivamente, afecta nuestras finanzas públicas y, por ende, debilita nuestra solidez económica.

En segundo lugar, la alta informalidad y la poca inclusión financiera no permiten que la aplicación de las transferencias de emergencias sea efectiva. Como se ha mencionado en el Semanario 1028, en países donde existen más problemas estructurales, las intervenciones mediante transferencias y subvenciones terminan siendo mayores para proteger el consumo de la población.

En Colombia, por ejemplo, se ha implementado el programa Ingreso Solidario, el cual consiste en la transferencia de 160,000 pesos (equivalente a S/ 175) para todos aquellos hogares que se encuentre en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica.

En el caso del Perú, se implementará el Bono Yanapay, luego de efectuarse intervenciones más focalizadas como el Bono Yo me quedo en casa, diseñado para hogares vulnerables ubicados en ámbitos geográficos con mayor riesgo sanitario; el Bono Independiente, para los trabajadores independientes; el Bono Rural, para los hogares de estas zonas; y el Bono Familiar Universal, que otorga S/ 760 a todos quienes no fueron contemplados en los subsidios previos.

La cantidad de intervenciones que ha realizado el Estado evidenciaría que estas medidas no son eficientes. La poca inclusión financiera es uno de los impedimentos para que el Gobierno peruano pueda atender a la verdadera población vulnerable. Esto se debe a que el cobro de estos subsidios se realiza a través de la banca y, de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, solo el 41% de los peruanos tiene una cuenta en el sistema financiero.

Por otro lado, la informalidad es un problema que prima en nuestro país, donde el 70% de la población económicamente activa pertenece al sector informal. Es decir, esta población carece de mecanismos de protección para suavizar sus fluctuaciones de ingresos, como un sistema de salud, fondos de pensiones contributivos, acceso al sistema de ahorro, entre otros.

Si bien el apoyo monetario o las transferencias en especie han sido parte de una respuesta rápida para combatir la COVID-19, no han sido efectivas por todos los problemas estructurales que enfrenta nuestro país. Además, como se ha mencionado, la deuda pública se ha elevado a niveles históricos; por lo tanto, realizar este tipo de intervenciones, sin un sustento financiero, implicaría que la deuda siga incrementándose, con lo que finalmente se volvería insostenible.

En vez de aliviar la pobreza a través de estas transferencias, el Gobierno de turno debe preocuparse en realizar políticas más efectivas, que promuevan la inversión y el desarrollo de negocios, ya que solo así se genera empleo sostenible y de calidad.