El pasado 27 de setiembre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado, que servirá “como un mecanismo para co-crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con las entidades públicas; así como para fomentar el desarrollo del talento digital y de una sociedad digital, con la colaboración de la academia, sector privado, sociedad civil y ciudadanos”. Desde ComexPerú saludamos dicha iniciativa y creemos que la innovación en el Estado es indispensable para afrontar los retos de política pública, pero también lo es focalizarla estratégicamente.

DIGITALIZAR TRÁMITES ES NECESARIO, MAS NO SUFICIENTE

En el Perú, el Gobierno central gestiona 4,535 trámites, un 76% más que el promedio de América Latina y el Caribe, solo por detrás de Guatemala, Venezuela y Ecuador, según el informe El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No es un secreto hablar sobre la tramitología en nuestro país, pero a veces los puntos de referencia nos ayudan a despertar y evidenciar que países cercanos son mucho más eficientes que nosotros. Por ejemplo, para realizar un trámite invertimos 8.6 horas, en promedio, mientras que en Chile un ciudadano tan solo invierte 2.2 y en la región somos el segundo más ineficiente, solo después de Bolivia. Dichas demoras son entendibles si tenemos en cuenta que solo un 15% de los trámites se pueden empezar en línea y tan solo un 4% se pueden finalizar a través de esta modalidad.

En este sentido, el rol de apoyo de este laboratorio, junto a la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi) de la PCM, es vital para promover mayor agilidad en los trámites y que, más allá de digitalizarlos, se tenga una lógica de procesos que permita mayor intercambio de información y eficiencia entre las entidades. Ya existen algunas iniciativas en este sentido, como la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) de la SeGDi, que facilita la interconexión entre las entidades estatales para intercambiar información en línea y no llenar las mesas de partes. Sin embargo, hasta febrero de 2019, solo 296 entidades de más de 2,000 se encontraban conectadas, entre Gobiernos locales, Gobiernos regionales, organismos autónomos, entre otras. Sin duda, este es un gran avance, pero se requiere ir más allá y emplear la tecnología para beneficiar al ciudadano en otros ámbitos adicionales a la digitalización de trámites. Por ejemplo, el tener que presentar copia del DNI u otro documento a entidades al Estado, aun cuando el Decreto Legislativo 1246 establece la prohibición de solicitar al ciudadano documentos que obran en poder del Estado.

INNOVANDO ESTRATÉGICAMENTE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La tecnología actual permite ir mucho más allá que un salto del papel a la nube y podría ayudarnos a resolver problemas graves en diversos ámbitos. En este sentido, hemos identificado dos en los que las soluciones tecnológicas y los servicios digitales serían una herramienta clave: justicia y educación. Sin duda, los retos son múltiples, pero por algo hay que comenzar.

En primer lugar, la modernización del sistema de gestión de información de justicia es prioritaria. Cada año, alrededor de 200,000 expedientes incrementan la sobrecarga de procesos no resueltos del Poder Judicial, con una carga actual de más de 3 millones. Con este volumen, es innegable que un sistema de este tipo podría contribuir a agilizar los trámites entre las cortes y de cara al ciudadano, y alertar internamente la demora de ciertos procesos claves, como la sentencia o el pago de reparaciones. Tan solo por mencionar un caso, dado que no contamos con un expediente electrónico a nivel nacional, no existe un registro de casos de corrupción que pueda ayudarnos a identificar quiénes han sido los funcionarios corruptos e impedir automáticamente su contratación en otras entidades estatales, cuándo se perpetró el delito, cuánto demoró en identificarse el hecho, qué sectores son los más afectados, etc. Es decir, no poseemos evidencia suficiente para caracterizar la corrupción a nivel más local, lo que limita la estrategia de acción para combatirla (más allá de planes) y la formulación de políticas que aseguren el uso eficiente de los recursos para cada región.

En segundo lugar, si bien hemos avanzado en gran medida en la cobertura de educación primaria hasta casi la universalidad, los retos son aún grandes y nos demuestran que monitorearlos y actuar a tiempo es fundamental. Por ello, el sistema educativo también requiere un sistema de gestión de información que permita, por ejemplo, alertar a tiempo cuando un alumno tenga un alto riesgo de desertar o sufrir atraso escolar. La tasa de conclusión de la secundaria para jóvenes de 17 y 18 años es del 74.5%, cifra que revela la gran utilidad de contar con alertas de este tipo, sobre todo para tomar acciones más céleres en departamentos como Cajamarca o Huancavelica, donde casi la mitad de los estudiantes no concluye la secundaria a esa edad. O un sistema que permita identificar la calidad de infraestructura en tiempo real para que las decisiones presupuestales no se tomen en función a censos que datan del año anterior, lo cual es apremiante cuando solo tenemos un 16.3% de locales escolares públicos en buen estado.

Muchas veces, el sector público se dedica a “apagar incendios” y se pierde o posterga la planificación o análisis de cómo se hacen las cosas actualmente. Gran parte del tiempo empleado en los trámites o pedidos adicionales a otras entidades podría ahorrarse si la información se conectara y gestionara mejor, claramente con un personal calificado para ello. Esperamos que este laboratorio de transformación digital ayude en este proceso y contribuya a la innovación que tanta falta le hace al Estado.