Recientemente, el congresista Rogelio Tucto, de la bancada del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que propone prohibir el ingreso y uso de teléfonos móviles y dispositivos similares, durante el horario de clase, en instituciones educativas públicas y privadas del nivel primario y secundario, tanto para alumnos como profesores. Ello, con la supuesta finalidad de no interrumpir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, la referida propuesta dispone otorgar facultades al Ministerio de Educación para implementar una política pública que combata la “nomofobia”, que se define como la angustia generada por no estar cerca al celular, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A continuación, analizaremos esta iniciativa legislativa.

Como venimos mencionando reiteradamente, es indispensable que el Congreso realice un análisis de impacto normativo, como parte del proceso de formulación de sus leyes, el mismo que incluya elementos básicos que esta metodología contempla, como empezar con una clara identificación del problema que se pretende enfrentar, sustentado en evidencia empírica, que dé como resultado un diagnóstico público, transparente y participativo, así como una propuesta de solución que podría pasar por una regulación en particular, otro tipo de intervención pública o, inclusive, no hacer nada en absoluto. Solo de esta manera nos aseguraremos de contar con regulaciones eficientes y aplicables en la práctica (ver Semanario N.º 899).

En el presente caso en particular, con respecto al diagnóstico del problema, la exposición de motivos del proyecto de ley manifiesta vagamente que está demostrado que los celulares influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que son una distracción en las aulas y, por este motivo, se debe prohibir el ingreso de estos aparatos a las instituciones educativas. Sin embargo, no se incluye ninguna fuente que acredite tales informaciones, con lo que quedan simplemente como alegaciones derivadas del propio parecer del autor. Peor aún, se asume el alto nivel de nomofobia en los niños, niñas y adolescentes del Perú, sin determinar cuantitativamente la veracidad de tal alegato. Como bien dispone un básico análisis de impacto normativo, como el análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no es una buena práctica basar políticas públicas en suposiciones; por el contrario, se debe tener evidencia relevante sobre el problema analizado y sus posibles impactos, sean positivos o negativos.

Al respecto, un argumento importante no mencionado en el proyecto materia de análisis es el estudio publicado en 2015 por Richard Murphy y Louis-Philippe Beland, investigadores de la London School of Economics and Political Science. Este estudio calculó el impacto de las escuelas que prohíben los teléfonos móviles en los puntajes de las pruebas de los estudiantes, en 91 colegios de Inglaterra. Los resultados arrojaron que los estudiantes de las escuelas que prohibieron el uso de celulares aumentaron su rendimiento en 6.4%. Asimismo, este impacto cambia para los estudiantes con menor capacidad de aprendizaje, que aumentaron su rendimiento un 14.2%, debido a que este último grupo estaría más propenso a distraerse en presencia de celulares[1]. Así, el estudio concluye que los alumnos con rendimientos más altos pueden concentrarse en el aula, independientemente de si hay celulares o no. De esto se desprende que los celulares no afectarían a todos los alumnos por igual, un factor no observado dentro del proyecto de ley. Y este es solo un pequeño ejemplo de las muchas aristas que requieren analizarse antes de pretender imponer determinadas regulaciones, sobre todo cuando se trata de prohibiciones.

Por otro lado, ya en 2013 se presentó un proyecto de ley casi idéntico al analizado, que no fue aprobado. En dicha oportunidad, el Indecopi presentó un informe de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que concluyó que el mal uso de celulares y otros productos similares durante las horas de clase, no justifica una prohibición absoluta de su uso. Así, en el presente caso, vemos como agravante que se estén utilizando recursos de manera ineficiente al proponer proyectos ya discutidos y no aprobados en el pasado.

No pretendemos con este análisis afirmar que está bien que los estudiantes usen celulares o productos similares durante las clases. Todo lo contrario. Pero no consideramos que una regulación que disponga su prohibición sea la mejor forma de evitarlo. Para tal fin, dispongamos también la prohibición de entrar con bicicletas o juegos de mesa, ya que estos también generan distracción. De lo que se trata es de implementar metodologías adecuadas para dimensionar los problemas que queremos enfrentar y buscar las soluciones más eficientes posibles. En el presente caso, seguramente una conclusión más adecuada y menos intrusiva podría dar pie a que, sin necesidad de regulación de por medio, sean las mismas escuelas las que impartan directivas internas que permitan a cada profesor regular el uso de estos aparatos en clase, y que pueda establecer sanciones, como amonestaciones, en caso de incumplimiento.

Ante este mal ejemplo de iniciativa regulatoria, es importante resaltar la propuesta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del propio Congreso, al iniciar formalmente un debate técnico sobre la necesidad de actualizar la Ley General de Telecomunicaciones. Para ello, se ha generado un portal de libre acceso que contiene una serie de documentos de análisis y exposiciones, donde se solicita la recepción de aportes y recomendaciones del público. En líneas generales, creemos que los procesos normativos deben partir de esta manera, por plantear inquietudes y construir diagnósticos de manera transparente y participativa, sin imponer proyectos o propuestas desde el inicio. El mismo proceso servirá para concluir si se necesita aprobar o no una nueva regulación, o en qué niveles se requerirá hacerlo, sea desde el Congreso o el Ejecutivo.

[1] La metodología compara el incremento en el rendimiento respecto a la desviación estándar de los datos.