Hace unos días, el Congreso de la República aprobó la Ley que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo. Si bien los diferentes proyectos de ley presentados fueron modificados en comisiones y varios de sus artículos eliminados, el texto sustitutorio final aprobado contiene disposiciones que tendrían un impacto negativo en el ecosistema digital peruano, en tanto las cargas regulatorias que se pretenden implementar afectarán al desarrollo de actuales y nuevos emprendimientos tecnológicos en el Perú, así como a los usuarios directamente.    

Y es que el problema parte nuevamente de un mal dimensionamiento y diagnóstico de los problemas que la norma pretende enfrentar. Si aplicamos un adecuado análisis de impacto normativo, que evalúe la necesidad de una regulación como la planteada, debemos partir por definir con claridad el problema que se busca resolver, para ver si realmente se necesita una regulación, analizando sus costos, beneficios y efectos respecto de todos los grupos de interés que pudieran ser afectados. En este caso, el problema no se encuentra bien delimitado. Así, los argumentos usados por los congresistas autores de las propuestas que dieron origen a esta ley giran en torno a tres cuestiones: (i) protección del consumidor, (ii) seguridad de los pasajeros y (iii) combatir la competencia desleal e informalidad en el sector transporte. Como ya hemos comentado en el Semanario N.º 901, la ley aprobada no solo no soluciona ninguno de estos temas, sino que haría retroceder lo avanzado por el propio mercado, sin necesidad de regulación alguna.  

El sistema de economía colaborativa, base sobre la cual se han generado diversos emprendimientos digitales como las APP de taxi, ha fomentado el surgimiento en el país de varios emprendimientos de este tipo en diversas actividades económicas, como las plataformas iSend, Urbaner, Taxi Mama SOS, Qempo, entre otras. Resulta cuestionable aplicar regulaciones tradicionales para la economía colaborativa cuando los esfuerzos deben estar más bien en crear un entorno propicio para la innovación sostenida y el fomento a las start ups, pues una mala decisión regulatoria podría llevarnos a perder condiciones óptimas que generen el desarrollo de este sector. Además, estas alternativas mejoran las opciones de los consumidores, quienes a través de su uso ganan en precio, comodidad y seguridad, y a ello se debe su éxito. Hemos señalado anteriormente la importancia de incentivar la innovación tecnológica, el fomento de  la competitividad y el desarrollo económico; sin embargo, la sobrecarga regulatoria que se pretende implementar lograría todo lo contrario.

A manera de ejemplo, disposiciones como la creación de un registro donde las empresas deban inscribirse (la mayoría de ellas ni siquiera son empresas de transporte, sino de tecnología), el suministro periódico de información, las disposiciones sobre fiscalizaciones, la posibilidad de ser solidariamente responsables por las acciones que cometan los conductores de los vehículos (que son los prestadores directos de los servicios de transporte), el considerar este servicio como público (cuando evidentemente es privado), exigir a los conductores que obtengan una autorización municipal para prestar los servicios de transporte usando estas aplicaciones tecnológicas, entre otras, constituyen barreras que lo único que harán será desincentivar la prestación de este tipo de servicios.

Si las principales preocupaciones vienen por la seguridad y la informalidad en el sector, la atención no debería estar en las plataformas tecnológicas, sino en el nivel de informalidad generalizado que existe en el mercado de transporte público en el Perú y en el de transporte convencional. En ese sentido, la reciente aprobación de la Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) puede ser un buen puntapié que solucione el verdadero problema, y aquí debería recaer la atención y el trabajo de las entidades públicas con competencias en el sector transporte. Se espera que la ATU comience a operar a partir de abril del próximo año, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de transporte para Lima y Callao.  

Basta ya de pensar que las formas no tradicionales de hacer las cosas no están reguladas. Toda actividad económica en el Perú, independientemente de cómo se realice o a través de qué medios, se encuentra regulada y se le aplican los distintos marcos legales vigentes, sea en temas laborales, civiles, penales, tributarios, de competencia, de protección al consumidor, etc. En todo caso, si creemos que es necesaria una regulación, apliquemos análisis de impacto normativo. No hacerlo solo ahuyentará inversiones y provocará la migración de las empresas tecnológicas hacia otros países, donde sí se promueva su crecimiento.