El Perú es uno de los países de la región con mayor nivel de informalidad laboral. De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), hacia 2015, la tasa de informalidad en nuestro país fue del 73.2%. Uno de los sectores de la población con una mayor incidencia de informalidad laboral es el de los jóvenes (15 a 29 años), en el que si bien esta se redujo unos 8.9 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, este último año se mantuvo en un 79.5%, un nivel considerablemente alto. Asimismo, según el MTPE, persisten elevados niveles de inadecuación ocupacional en el mercado laboral de los jóvenes, con un 61.7% entre los que tienen educación superior, un 65.4% entre los que tienen educación superior no universitaria y un 57.6% entre aquellos que cuentan con educación universitaria.

De esta forma, resulta urgente la implementación de reformas orientadas a combatir la informalidad y elevar la productividad laboral, pero a través de medidas que ataquen los problemas estructurales que impiden la reducción y el avance de estas importantes variables. Solo de esta forma podremos avanzar en términos de competitividad. Sin embargo, existen propuestas que, aunque bien intencionadas, solo juegan en contra de aquellos que se pretende beneficiar. Este es el caso del Proyecto de Ley N.° 410/2016-CR, Ley del Primer Empleo Digno y Productivo, que plantea establecer un nuevo marco normativo para regular las modalidades de aprendizaje y capacitación laboral, como primer empleo, entre la población menor a 25 años. Así, se pretende modificar y derogar ciertas reglas establecidas en la Ley de Modalidades Formativas, haciendo los esquemas de aprendizaje y capacitación laboral juvenil en las empresas menos atractivos para su implementación. Recordemos que el sector privado es un actor estratégico en este proceso.

Tal como se plantea, el empleador deberá invertir lo mismo o más si opta por contratar a aquellos que se encuentren en formación o recién egresados respecto de aquellos que ya cuentan con la experiencia requerida. Muy probablemente, los segundos serán los preferidos. Es justamente la experiencia la que determina, entre otras cosas, ciertas diferencias en el mercado laboral, y que actúa como catalizador de la competitividad y especialización. Desincentivarla podría ser nocivo.

Si bien la iniciativa legislativa recoge una preocupación válida, que uno de los grupos más vulnerables del mercado laboral —como es el de los jóvenes, y en especial aquellos que no cuentan con educación básica regular—, cuenten con ciertos beneficios, como seguro social, descanso y vacaciones, la forma en que lo aborda no es la más eficiente. En primer lugar, estos ya se encuentran contemplados en la legislación vigente, y las medidas que se proponen tendrían un impacto limitado si se tiene en cuenta que solo alrededor del 20% de la población a la que pretende beneficiar labora en el sector formal.

Antes de proceder, analizar

¿Qué resultados ha tenido la Ley de Modalidades Formativas? Según el MTPE, en el periodo 2006-2015, en promedio, un 64% de las personas que fueron contratadas mediante algún tipo de modalidad formativa lograron insertarse en el mercado laboral, y un 34% lo hicieron el mismo año. Así, las cifras indican que, si bien la ley es perfectible, ha tenido resultados positivos, por lo que no se entiende su modificación en los términos planteados. Igualmente, las medidas propuestas comprometen recursos del Estado, es decir, de todos los peruanos, para financiar ciertos costos que se derivan de las medidas propuestas sin ningún análisis costo-beneficio de por medio.

No dudamos de las buenas intenciones del proyecto, pero se necesita un mayor análisis de variables que inciden directamente en el dinamismo del mercado laboral de los jóvenes. ¿No resultaría mejor impulsar medidas para la formalización del trabajo de los mismos? ¿Quién ayuda al 80% de los informales? Pensemos, además, en medidas para adecuar la oferta formativa y la demanda laboral, problema mayúsculo en nuestra economía. Tomemos al toro por las astas.