La economía peruana viene sufriendo una desaceleración desde 2014, cuando creció solo un 2.4%, es decir, 3.1 puntos porcentuales (pp) menos de lo estimado a principios de dicho año por el Fondo Monetario Internacional (5.5%). Además, recientemente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su expectativa de crecimiento para este año al 2.7%, cuando se estimaba un 3.4% en junio.

El PBI es un indicador macroeconómico que se utiliza para medir el progreso económico de un país. Si bien su desempeño es sumamente valorado por la sociedad en su conjunto, debemos tener presente que toda política pública que apunte a impulsar su dinamismo deberá tener como fin último la mejora del bienestar de todos los peruanos. Por eso, existen muchas otras formas de medir el desempeño de un país: el índice de pobreza, el empleo adecuado, la seguridad y la calidad de las instituciones públicas, son algunos ejemplos.

La reducción de la pobreza monetaria es uno de los mayores avances que ha logrado el Perú en los últimos 15 años. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta se ha reducido del 58.7% de la población en 2004 al 20.5% en 2018, mientras que la pobreza extrema se redujo del 16.4% al 2.8% en el mismo periodo. Cabe resaltar que, tal como mencionamos en el semanario anterior, entre 2004 y 2015, el 68.6% de la reducción de la pobreza monetaria se debió al crecimiento económico, pero el 31.4% restante respondió a la redistribución de la riqueza, efecto que no está considerado dentro del PBI.

En lo que respecta al acceso a servicios básicos, este no ha prosperado con la misma velocidad con la que se ha reducido la pobreza monetaria. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), en los últimos cinco años, la proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos de infraestructura[1] solo se ha incrementado en 9.1 pp, y más del 20% de los peruanos continúa sin acceder a ellos. Por otro lado, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto público en servicios esenciales[2] como porcentaje del total del gasto no financiero creció 1.2 pp entre 2004 y 2018, con aumentos de 0.5 pp en salud y tan solo 0.1 pp en educación. Como resultado, en 2018, el Perú asignó un 12.9% del gasto público al sector salud y un 17% al sector educativo. Así, nos vamos quedando atrás en comparación con otros países de la región, como Chile, que ya en 2016 invertía un 19.7% y un 21.2% de su gasto público en salud y educación, respectivamente.

El empleo también es un ámbito en el cual se ha avanzado considerablemente, aunque existen todavía retos pendientes. De acuerdo con los resultados de la Enaho, el desempleo urbano cayó de un 6% en 2008 a un 4.8% en 2018, mientras que el ingreso promedio de personas empleadas creció de S/ 4.3 a S/ 7.1 por hora. Sin embargo, la tasa de empleo informal no agrícola continúa siendo alta (64.8%), ya que solo se ha disminuido en 5.2 pp en los últimos diez años. En este rubro, las regiones que más han progresado son las provincias de Lima y Callao, donde la tasa de informalidad cayó un 14.4% y 14.3%[3], respectivamente; mientras que en Pasco la informalidad creció un 3.1%[4] en el mismo periodo y Puno continúa siendo la región con la mayor tasa (79.1%), seguida por Huancavelica (77.7%) y Cajamarca (75.1%). Cabe mencionar que, en 2018, la cantidad de jóvenes entre 14 y 24 años adecuadamente empleados disminuyó en 26,400 personas (-6.2%), según cifras de la Encuesta Permanente de Empleo.

Por otro lado, el bienestar de la población también está relacionado con su seguridad. Según la Enapres, la percepción de inseguridad en áreas urbanas no ha disminuido en mayor medida en los últimos cinco años. En 2013, el 58.1% de la población no se sentía seguro al caminar de noche por su zona de residencia; en 2018, la tasa fue del 55.3%. Además, de acuerdo con el Censo Nacional de Comisarías y Registro Nacional de Delitos y Faltas, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes se ha incrementado un 20%, de 6.5 en 2013 a 7.8 en 2018. Cabe mencionar que, en el mismo periodo, también han aumentado la proporción de víctimas que denunciaron a sus agresores (+20.9%) y la proporción de detenidos condenados por el sistema penal (+32.5%), según la Enapres y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), respectivamente.

Finalmente, en los últimos cinco años, ha ocurrido un fuerte deterioro en la satisfacción de la población con la calidad de las entidades públicas. Según datos de la Enaho, la proporción de personas que se sienten satisfechas con su municipalidad provincial y su Gobierno regional cayó en un 41.5% y un 40.7%, respectivamente; mientras que la aprobación del Poder Judicial y el Congreso de la República también disminuyó un 28.7% y un 49.5%, respectivamente, siendo el segundo la institución con mayor desaprobación de las incluidas en la encuesta (95.4%). Cabe precisar que la institución con mayor aprobación fue la Policía Nacional del Perú, con un 17.2% de la población satisfecha y un decrecimiento de solo un 4.4%.

El Perú ha avanzado mucho en los últimos años y no debemos permitir que se quebranten las bases de su desarrollo. En la tarea por seguir mejorando el bienestar de la población y la calidad de nuestras instituciones estamos inmersos todos. ¡Construyamos un mejor país para todos los peruanos!

[1] Los servicios básicos de infraestructura comprenden el acceso al agua por red pública dentro o fuera de la vivienda, o por pilón; el acceso a saneamiento por red pública dentro o fuera de la vivienda, o por letrina o pozo séptico; y el acceso a energía eléctrica.

[2] Educación, salud y protección social.

[3] Reducciones de 9.5 pp y 9.3 pp, respectivamente.

[4] Aumento de 2 pp.