La temporada de lluvias en el Perú ocurre entre los meses de diciembre y abril. La presencia del fenómeno de El Niño (FEN) puede agudizar estas precipitaciones con el consecuente incremento en caudales de ríos, que generan inundaciones. También puede activar quebradas, lo que lleva a la ocurrencia de huaicos. ¿Qué hacen nuestras autoridades para mitigar los estragos? 

Las emergencias por inundaciones y movimientos en masa se han duplicado en los últimos años, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Estas pasaron de 4,658 en 2022 a 8,406 en 2023, y posteriormente alcanzaron un nivel similar en 2024 (8,191 hasta octubre). Esta situación responde a la presencia de un FEN fuerte, el cual puede manifestarse de forma irregular e impredecible. 

El Gobierno elaboró el Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027 (PLIA) para articular intervenciones que aborden el problema desde distintos sectores. Este busca facilitar los procesos de programación y ejecución presupuestal, en línea con otros planes de horizonte multianual. Por ello, considera la participación de 11 entidades públicas, que incluyen a la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, así como los Ministerios de Vivienda, Transportes, Desarrollo Agrario, entre otros. 

El principal distintivo del plan sería el componente presupuestal a nivel sectorial, puesto que plantea acciones específicas y montos presupuestados en sectores como salud, educación o agricultura. De igual manera, el plan cuenta con indicadores de focalización para identificar las principales zonas afectadas. 

Existen más de 13.5 millones de personas vulnerables a inundaciones en el territorio nacional, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). De estas, 2.4 millones se encontrarían en muy alto riesgo, siendo Piura el departamento más vulnerable, con 975,291 personas en dicho estado, le siguen La Libertad (385,815 personas en riesgo alto), Ica (333,852 personas) y Lambayeque (231,122 personas). 

Asimismo, más de 12 millones de personas estarían en riesgo por movimientos en masa, según el Cenepred, de los cuales más de 3 millones se encuentran en un nivel de riesgo muy alto. El departamento más vulnerable en este caso es Cajamarca, con 658,591 personas en áreas de alto riesgo. A este le siguen Lima (639,122 personas), Piura (264,568 personas) y La Libertad (260,752 personas). 

El plan propone iniciativas preventivas para reducir la vulnerabilidad ante estos fenómenos, en lugar de políticas reaccionarias. En defensa civil, se implementarán sistemas de alerta y asesoramientos para intervenciones rápidas de los Gobiernos subnacionales. En el sector agrícola se instalarán barreras protectoras en las riberas de ríos vulnerables. En salud, educación y transporte se priorizará el mantenimiento y habilitación de nueva infraestructura que permita la continuidad de los servicios durante eventuales desastres. 

Para lograr esto, el programa presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” sería el principal mecanismo de intervención previsto en el PLIA, que cuenta con S/ 2,268 millones para su ejecución en 2025, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, S/ 1,511 millones serían utilizados para el mantenimiento y operación de los servicios públicos existentes, quedando solo S/ 757 millones (33.4% del total) para la inversión en obras de infraestructura que aborden el problema de fondo. 

No obstante, la menor ejecución histórica de los Gobiernos locales limitaría la efectividad de esta política, según datos del MEF. En 2024, estos contaban con un presupuesto de S/ 659 millones para la reducción de vulnerabilidades, pero solo ejecutaron S/ 466 millones, lo cual significa que S/ 193 millones se dejaron de utilizar en la construcción de infraestructura para proteger a la población frente a desastres naturales. Entre los tres niveles de gobierno, el presupuesto sin utilizar en este rubro ascendió a S/ 2,586 millones. 

No podemos prever desastres naturales, pero nuestras autoridades deben actuar con firmeza y cumplir los planes establecidos. El Perú necesita estar preparado —lo cual se logra con inversión, tecnología e infraestructura adecuada—, no respuestas tardías.