La pandemia de la COVID-19 evidenció la urgencia de aprovechar los canales digitales para garantizar la continuidad de actividades importantes como el trabajo y la educación, por ejemplo. Desafortunadamente, a pesar de la relevancia alcanzada, la cobertura de internet continúa siendo mínima en varios departamentos del país (ver Semanario 1048), sobre todo en el ámbito rural. Así, al tercer trimestre del año pasado, la proporción de hogares ubicados en áreas rurales con acceso a internet ascendió a apenas a un 11.1%, en contraste con el promedio del 44.2% registrado a nivel nacional. 

Para revertir esta situación, el Estado estableció una cartera de 21 proyectos de banda ancha que dotaría a más de 6,620 localidades de acceso a internet de alta velocidad, y beneficiaría a 7,348 instituciones educativas y 3,735 establecimientos de salud. No obstante, aunque 14 de ellos se encuentran actualmente en etapa de ejecución y se espera que culminen durante el presente año, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las intervenciones destinadas a Tumbes, Piura y Cajamarca permanecen paralizadas desde hace más de un año. Además, la urgencia de una mayor conectividad en el contexto de la presente pandemia desembocó en la promulgación del Decreto de Urgencia 014-2021 en busca de medidas extraordinarias para facilitar la provisión de estos servicios en el ámbito rural. 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN

Desafortunadamente, esta situación perjudicó más a aquellos sectores menos preparados para migrar a canales digitales, como el educativo. Si bien las estrategias implementadas por el Gobierno incentivaron esta transición de emergencia, la estructura del sistema que se sustentaba en la presencialidad limitó su éxito. En particular, para lograr la educación a distancia, se requería de una adecuada conectividad a la que, en la práctica, pocos estudiantes pueden acceder, de manera que adquirir los equipos necesarios resultó imposible para un grupo considerable de ellos pertenecientes a primaria y secundaria, quienes reportaron haber dejado de asistir a clases el año pasado principalmente debido a problemas económicos (ver Semanario 1045).

Si bien el progreso a nivel de hogares parecía alentador, el porcentaje de estudiantes que cuentan con acceso a internet se encuentra rezagado. Según información del Ministerio de Educación (Minedu), el año pasado, las proporciones de alumnos que contaron con conectividad en sus hogares apenas ascendían al 20.1%, 19.7% y 23.7% para inicial, primaria y secundaria, respectivamente. No obstante, ellos también se concentrarían en el ámbito urbano, donde se registra aproximadamente un 25% para cada uno de los niveles educativos, mientras que en el rural las cifras no superan el 3%.

Empero, la estructura del sistema educativo también influenciaría dicha situación, pues la gran mayoría de alumnos se concentran en instituciones públicas, las cuales suelen atender a aquellos de menores recursos. Esto supone una diferencia considerable con sus contrapartes privadas, pues el servicio, que se encontraba acompañado con acceso a internet en algunos casos, era ofrecido de manera gratuita. Así, debido a que no se esperaba un abandono de la modalidad presencial por una situación de fuerza mayor como la presente, la estrategia de conectividad para la educación priorizaba la dotación de internet a las escuelas, como indicaba la exministra de educación Flor Pablo en 2019, mediante su objetivo de conectar a todos los colegios urbanos para 2021, de los cuales el 56.5% pertenecieron a la gestión pública en dicho año, según el Minedu.

Esto explicaría, en parte, el progreso registrado durante 2019 en materia de acceso a internet de los colegios públicos. En particular, en dicho año, el 42% y el 73.7% de las instituciones públicas de educación primaria y secundaria contaron con acceso a internet, un incremento de 12.8 y 5.3 puntos porcentuales con relación al año previo, respectivamente, según cifras del Minedu. De manera que, si bien el acceso a internet resultaba deseable para el desarrollo de los alumnos, al menos podían hacerlo a través del colegio, lo cual, sumado a sus menores ingresos, incentivó a una menor adquisición de dicho servicio por parte de las familias, pues apenas un 11.2% y 14.2% de los estudiantes de escuelas públicas que cursaron primaria y secundaria, respectivamente, contaron con conectividad en sus hogares el año pasado.

Evidentemente, si bien el servicio de internet resulta fundamental en el contexto que atravesamos, un acceso adecuado todavía estaría lejos de lograrse. Por ello, se requiere considerar la relevancia de los esfuerzos realizados, pues, por ejemplo, la instalación de banda ancha significaría dotar de acceso a una cantidad de instituciones educativas equivalente al 10.5% de las existentes. Para lograr esto resultará necesaria una adecuada priorización y colaboración con el sector privado, como sucede en estos proyectos y en los considerados en el decreto de urgencia mencionado, en lugar de desestimar su relevancia para esta materia, como se aprecia en las propuestas de algunos candidatos a la presidencia.