Existe evidencia empírica de que la corrupción y la ineficiencia están fuertemente correlacionadas[1]. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la corrupción reduce el valor de un contrato público entre un 10% y un 25%. Según una estimación del Banco Mundial, por cada dólar gastado en adquisiciones públicas a nivel mundial, se pierden entre 20 y 30 centavos debido a la corrupción.

Una de las áreas en las que la corrupción y la ineficiencia pueden tener un mayor impacto negativo es la inversión de infraestructura pública. El costo financiero, además del humano, de la corrupción en este sector es significativo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las pérdidas por ineficiencias[2] en la inversión de infraestructura pública fluctúan entre un 10% y un 30%.

La experiencia del programa Cost the Infrastructure Transparency Initiative (CoST) sugiere que una cantidad similar podría perderse debido a la mala gestión y la corrupción. Esto significa que, para 2030, a menos que se introduzcan medidas que mejoren efectivamente esta situación, se podrían perder cerca de US$ 6 mil millones anualmente debido a la corrupción, la mala gestión y la ineficiencia.

Al respecto, muchos Gobiernos vienen haciendo un esfuerzo para que la contratación pública sea más competitiva, al reducir los problemas de corrupción y mala gestión que se presentan. La contratación abierta consiste en publicar y utilizar información abierta, accesible y oportuna sobre la contratación gubernamental para involucrar a los ciudadanos y las empresas en la identificación y solución de problemas[3].

De acuerdo con Open Contracting Partnership (OCP), la contratación abierta va mucho más allá de la lucha contra la corrupción, pues claramente tiene un impacto significativo en la eficiencia del Gobierno, la rentabilidad y la competencia leal. Asimismo, puede conducir a una asignación más eficiente de recursos para que los Gobiernos puedan comprar bienes y servicios de mejor calidad y a precios más bajos, a través de una mayor competencia y de adquisiciones de mayor calidad.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Un estudio reciente para Colombia de OCP señala que, en 2017, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) descubrió que solo había un proponente en más de la mitad (56%) de todos los contratos adjudicados en Bogotá durante ese año (en total, más de 2,500 contratos por un valor de más de US$ 250 millones). A nivel municipal, se adjudicaron 21,500 contratos por más de US$ 2,000 millones, de los cuales el 94% tenía tres o menos oferentes.

Desde 2019, el Gobierno colombiano utiliza datos de contratación abierta con el objetivo de aumentar el número promedio de postores en las licitaciones. Este estudio también encontró que los contratos de oferta única son entre un 7% y un 10% más costosos que aquellos con una mayor competencia de ofertantes.

En Honduras, el Gobierno divulgó los datos de alrededor de 1,000 proyectos, incluyendo alianzas público-privadas. En Ucrania, la revisión de más de 120 contratos de reparación de carreteras públicas condujo a la identificación de diversos temas como trabajos de baja calidad y discrepancias de precios. Tal vez aún más importante es que estos compromisos han generado una mayor participación ciudadana, así como cambios concretos en determinadas políticas.

Por otro lado, en Malasia se implementó Cartelogy, un sistema que integra los datos de adquisiciones, del perfil de la empresa y de servidores públicos para crear un mecanismo que analiza, evalúa y detecta actividades potencialmente sospechosas desde el principio, a fin de que los respectivos tomadores de decisiones estén mejor equipados para tomar decisiones informadas sobre la evaluación de adquisiciones y la adjudicación de contratos.

Al respecto, según la OCP, la contratación abierta está cobrando impulso en muchos países, ya que el análisis de los datos de contratos y adquisiciones es importante para reducir la probabilidad de que se adjudiquen a empresas corruptas y expone los conflictos de intereses o las relaciones personales entre funcionarios públicos y empresas.

Esperamos que en nuestro país se analice la importancia de fomentar acciones que mejoren la contratación abierta, lo que permitiría generar una reforma a nivel de contrataciones públicas que reduzca la corrupción y mejore los servicios.

[1] Dal Bó y Rossi (2007). Corruption and Inefficiency: Theory and Evidence from Electric Utilities.

[2] Medida por la brecha entre el nivel de inversión pública y la cobertura/calidad de la infraestructura resultante.

[3] OCP (2019). Why Open Contracting.