Con la finalidad de elevar la competitividad productiva del país, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y en un trabajo articulado con el sector privado, ha implementado mesas ejecutivas que buscan eliminar los cuellos de botella que impiden el despegue productivo de distintos sectores económicos. Ejemplos de buen funcionamiento se vienen dando en los sectores forestal, acuícola y turismo, con resultados concretos y de gran impacto.

Lo que explica el éxito de estas mesas, por lo menos en los sectores mencionados, es que permiten una interacción periódica entre los principales responsables de los sectores del Estado involucrados y los principales líderes del sector privado, así como un trabajo directo y transparente que ayuda a reducir los problemas de coordinación dentro del propio Estado y entre este y el sector privado. Asimismo, el carácter “ejecutivo” de las mesas no se limita a la existencia de un diálogo, sino que este permita arribar a decisiones ejecutivas que se plasmen en resultados concretos, como generación de empleo y de nuevas inversiones.

En este contexto, creemos que un sector en el que existe un sinfín de cuellos de botella, falta de coordinación e ineficiencias, que afectan no solo a un sector productivo, sino a la ciudadanía en general, es el sector salud. Consciente de tal situación, el presidente ha presentado recientemente un proyecto de ley al Congreso para atender la problemática del acceso a medicamentos; no obstante, con independencia del proyecto en sí, consideramos que lo que se requiere es replicar el modelo de las mesas ejecutivas en este sector.

Estamos convencidos de que la coyuntura nos brinda la oportunidad inmejorable de generar espacios de coordinación público-privados que permitan contribuir a la mejora de las políticas públicas en el sector salud, con recomendaciones basadas en análisis económicos y técnicos rigurosos, y facilitando que se traduzcan en beneficios para los ciudadanos.

Así, en líneas generales, consideramos que esta mesa debería atender, en primer lugar, la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la autoridad nacional, elevando la categoría de la Digemid, de una dirección de línea a un organismo público con la autonomía funcional, técnica, administrativa, económica, financiera y presupuestal necesaria para desarrollar sus actividades más eficientemente, y que garantice su independencia al contar con un director ejecutivo elegido por concurso público y consejos directivos y consultivos integrados por representantes de los sectores público y privado.

Asimismo, es necesario optimizar los procedimientos y herramientas de transparencia e información del sector, e implementar y mejorar los procedimientos administrativos de abastecimiento y adquisiciones, para que exista un mayor acceso a los productos farmacéuticos, en las mejores condiciones y en forma oportuna, tanto para el Estado como para los consumidores. También se debe garantizar el acceso oportuno a productos innovadores, cuya adopción tarda más de 15 años en muchos casos.

Es claro que tanto el sector privado como el público tienen un rol que cumplir en la solución de la problemática del sector salud en el país, que muchas veces pasa por medidas muy concretas y fáciles de ejecutar que solo requieren voluntad política. La creación de una mesa ejecutiva del sector salud apunta en ese sentido.