Según datos de un último boletín del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el periodo marzo-agosto de 2019, un 26.3% de la población de 15 a más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo y el 85.3% percibió inseguridad. Asimismo, el 86% de los hombres creyeron que serían víctimas y, en el caso de las mujeres, el 84.6%. Además, en lo que respecta a la percepción de vigilancia, un 25.4% de la población manifestó que esta se dio por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona donde vive, un 34% contó con vigilancia de serenazgo y un 11.3%, con patrullaje integrado.

Las cifras anteriormente expuestas se mantienen desde hace un buen tiempo y, si bien el Estado ejecuta diversas acciones para combatir la inseguridad ciudadana, aún existen algunas propuestas legislativas carentes de un correcto análisis costo-beneficio, que afortunadamente no fueron debatidas en el pleno del Congreso, ya que de haberse aprobado habrían generado más costos en perjuicio de la ciudadanía. Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que planteaba restringir la circulación de dos personas o más en una motocicleta, so pretexto de luchar contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos en motocicletas lineales.

Si bien iniciativas como la señalada perdieron fuerza ante la disolución del Congreso de la República, a inicios de octubre, se aprobó el Decreto Supremo 022-2019-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1216, mediante el cual se estableció que los conductores y pasajeros de motocicletas usen cascos de seguridad y chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa del vehículo menor en el que viajan, con el objetivo de fortalecer la operatividad de la PNP para fiscalizar, supervisar y controlar los vehículos. Si bien el reciente decreto supremo encarga al Ministerio de Transporte y Comunicaciones establecer las especificaciones técnicas para cumplir con lo anterior, así como las restricciones o limitaciones, ¿realmente esta medida aportará en algo para combatir la delincuencia en nuestro país? Y, en el peor de los casos, ¿no llevaría a un aumento de la falsificación de placas para cometer hechos delictivos?

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2018, un 2.5% de los habitantes de Lima Metropolitana acude a su centro de trabajo o estudio en motocicleta propia, mientras que el 68.6% lo hace en transporte público. Así, la referida norma pretende modificar, de un momento a otro, la forma habitual de transporte de una minoría ciudadana.

Asimismo, si analizamos la aplicación de este tipo de medidas en otros países, por ejemplo en Colombia, donde se implementó una norma similar entre 1999 y 2005 para combatir la inseguridad ciudadana, vemos que no tuvo el efecto esperado. Según Eduardo Soto, periodista del diario El Tiempo de Bogotá, el crimen y la inseguridad ciudadana persistieron en las principales ciudades del país. Además, esta medida generó corrupción en diversos municipios, debido a los intereses respecto de quiénes fabricaban los chalecos con los números de placa.

Por otro lado, en el supuesto negado de que una medida como la planteada impacte positivamente en la reducción de hechos delincuenciales que usen motocicletas, muy probablemente los delincuentes buscarían alternativas para seguir cometiendo delitos. No sería novedad que haya quienes opten por el uso de placas clonadas o usen un número de placa que no coincida ni con el chaleco ni con el casco, lo que acentuaría aún más el problema, según Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura[1].

Una vez más, la importancia de realizar un análisis de impacto regulatorio queda en evidencia. Está claro que la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todos y urgen medidas para prevenir y contrarrestar todo tipo de acto delictivo. Por ello, la clave para formular regulaciones eficientes es que estén basadas en evidencia. Sumado a esto, una mejor educación en los barrios más vulnerables a la delincuencia, una mayor capacitación de la PNP, junto con la implementación de tecnología avanzada para un constante monitoreo diario en las calles, ayudaría a combatir la inseguridad ciudadana.

[1] Fundación que apoya a los motociclistas en Colombia.