A raíz del plebiscito constituyente en Chile, algunos políticos vuelven a la carga buscando modificar nuestra Constitución, en particular el capítulo económico. Populismo puro, que no solucionará los problemas del país, sino que atentaría contra la libertad del ciudadano.

La Constitución de 1979 estableció una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones, el comercio controlado y la actividad empresarial del Estado. El resultado, 10 años después, fue un crecimiento promedio del 0.7%, niveles de pobreza del 70% e inflación del 33,983%. Un país en bancarrota, fragmentado socialmente y sin oportunidades, por lo que muchos emigraron en busca de un futuro mejor para sus familias.

Un ejemplo del fracaso del rol empresarial del Estado es la línea aérea nacional AeroPerú, que generó pérdidas anuales de US$ 24 millones a inicios de los 90. El saneamiento de deudas costó S/ 35 millones. Ineficiencia del Estado empresario que terminamos pagando los ciudadanos.

La Constitución de 1993 estableció una economía social de mercado, en la que la iniciativa privada es libre, es decir, el individuo tiene libertad para hacer empresa, y el rol del Estado está orientado al desarrollo del país, particularmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Se respeta la propiedad, la libertad de contratación, la libre competencia y se protege al consumidor. Libertad para crecer, emprender, exportar, importar y adquirir una propiedad sin miedo a la expropiación. El resultado: 21 años consecutivos de crecimiento económico, reducción de pobreza del 58.7% en 2004 al 20.2% en 2019, pero sobre todo oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestras familias.

La libertad del comercio exterior generó emprendimientos de exportación y empleos para más peruanos. Pasamos de 3,653 a 6,662 mype exportadoras entre los años 2000 y 2019. El derecho a la propiedad permitió desarrollar la agroexportación, que ha generado más de 800,000 empleos formales en las zonas rurales del país y reducido la pobreza en la actividad agrícola del 82.6% al 34% entre 2000 y 2019.

El ciudadano emprendió, invirtió con base en esa libertad para crecer y pagó impuestos al Estado. ¿Pero acaso el Estado invirtió esos recursos de manera eficiente para proveer servicios de salud, educación, seguridad y otros, como señala la Constitución? No. Y es claro que solucionarlo no pasa por un cambio de Constitución, sino por exigirle al Estado que cumpla su rol y provea servicios públicos de calidad. 

El 28.9% de los niños no acuden a la escuela o tienen atraso escolar, el 42.9% de los jefes de familia tienen como máximo educación secundaria, el 24.5% de la población no accede a un seguro de salud, el 32.9% de la población no tiene agua potable, el 41.4% no tiene conexión a desagüe y el 12.3% no tiene conexión eléctrica en sus casas. ¿Esto se corrige cambiando la Constitución? No.

Lo que urge es que el Estado se concentre en invertir eficientemente los recursos que recauda para proveer salud, educación y otros servicios públicos al ciudadano. Que el populismo no nos quite la libertad para crecer, para emprender.