Desde hace algunos meses, somos testigos de cómo los poderes del Estado vienen perdiendo el norte, al vulnerar los principios de economía de libre mercado, libertad empresarial y rol subsidiario del Estado que consagra nuestra Constitución, y al generar, además, señales de populismo, intervencionismo, falta de tecnicismo y de autoridad en nuestro país. No hay trabajo conjunto, no hay un norte claro.

Con un modelo de economía de libre mercado, nuestro país ha logrado 19 años de crecimiento ininterrumpido y ha reducido las tasas de pobreza y pobreza extrema del 35% y el 15% al 20% y el 3.8%, respectivamente. Este modelo de libre competencia, de apertura e integración al mundo, y de impulso a la inversión privada es el que ha permitido un crecimiento descentralizado, con un sector empresarial generador de empleo, un Estado facilitador y un país con mayores oportunidades.

Sin embargo, nuestras autoridades están petardeando este modelo económico que puede y debe seguir generando bienestar para los peruanos.

Estamos atrapados en un proceso de parálisis por los escándalos de corrupción que mantienen entrampadas las inversiones. El DU 003 no cumplió los objetivos propuestos y ha impactado negativamente en la economía de muchas empresas, ya que generó el rompimiento de la cadena de pagos, la paralización de proyectos, ventas fallidas, entre otros problemas. Solo ad portas del fin de su vigencia, y luego de un proceso innecesariamente complicado, vemos una luz con el PL 2408, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación económica. Al final, un año perdido en materia de inversiones, en particular aquellas prioritarias para la mejora de la infraestructura del país.

En paralelo, estamos ante la inminente subida de la remuneración mínima, sin fundamento técnico que la sustente, solo puro populismo. Según el Instituto Peruano de Economía, un probable aumento del 10% del sueldo mínimo ocasionaría una reducción del 2.5% en el empleo formal y 100,000 empleos podrían pasar a la informalidad. Una informalidad que ya se encuentra por encima del 73% de la PEA. A lo anterior se suma la normativa en materia de etiquetado de alimentos que no solo confunde al consumidor, sino que únicamente regula alimentos de la industria formal y genera enormes costos, en lugar de orientar los esfuerzos a desarrollar campañas educativas a nivel nacional para fomentar la alimentación saludable y el deporte, por ejemplo.

Y por si no fuera suficiente, nos distraemos con decisiones sin sentido, como la autorización de ingresar a los cines con alimentos o bebidas adquiridos fuera de ellos, lo que claramente atenta contra la libertad de la empresa privada. O la iniciativa legislativa sobre control previo de fusiones y adquisiciones, que afectará finalmente al propio consumidor y generará un despilfarro de enormes recursos del Estado, a la vez de poner más trabas a las inversiones. Asimismo, tenemos la iniciativa legislativa para regular los planes de telefonía, la cual propone que el internet no utilizado se acumule para el siguiente mes, lo que pone en grave riesgo los planes desarrollados por las empresas de telecomunicaciones, otra vez en desmedro de los consumidores.

Claramente, vemos un Estado cada vez más regulador de la actividad privada, cuando la historia nos ha demostrado con creces que esto es un error. Por el contrario, el Estado debe enfocarse en mejorar la calidad de los servicios públicos (como salud, educación y justicia), promover la inversión en infraestructura para impulsar la conectividad y velar por la seguridad ciudadana. Nada de esto se está haciendo, y a ello le sumamos la inestabilidad política.

Es urgente que no perdamos el rumbo y retomemos el norte, respetando los principios del libre mercado.