La apuesta por el desarrollo de la infraestructura es fundamental para la conectividad, la inclusión y la competitividad. Permite conectar a las comunidades y genera oportunidades para los ciudadanos al acercarlos a los mercados, a la vez de facilitar el acceso del Estado y ponerlo al servicio del ciudadano. Además, una infraestructura de calidad genera menores costos y mayor eficiencia para todas las cadenas productivas, más aún para aquellas inmersas en el comercio exterior.

En el Perú, tenemos una brecha de infraestructura cercana a los US$ 160,000 millones, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en 2015, bajo el encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). De acuerdo con AFIN, además, requerimos por lo menos US$ 70,000 millones para siquiera acercarnos al nivel de la Alianza del Pacífico.

Es claro que esta brecha no puede ser cubierta únicamente por inversión pública, sino que se requiere una alianza público-privada que permita asegurar un financiamiento competitivo y garantizar las acciones de mantenimiento de las obras. No hay otro camino, ni aquí ni en cualquier otro país del mundo.

Así, el esquema de asociaciones público-privadas (APP) en el Perú, sin duda, ha permitido enormes avances en la modernización de la infraestructura al servicio del ciudadano. Por ello, preocupa sobremanera la discusión que se ha venido dando en el Congreso de la República, en el marco del predictamen de los proyectos de ley de Presupuesto Público, Endeudamiento del Sector Público y Equilibrio Fiscal para el año 2019, y en particular sobre el entrampamiento en el que se dejó el artículo que autorizaría al Gobierno nacional a otorgar garantías para respaldar las obligaciones de financiamiento de las APP. Garantías fundamentales en el esquema que permiten que el proyecto tenga menores riesgos y sea menos costoso para el país y su población.

Se ha evidenciado no solo un total desconocimiento del esquema de APP, sino que, a través del juego político, se cuestiona y frena la aprobación de un artículo de la Ley de Endeudamiento que se incluye todos los años y que asegura la ejecución de grandes proyectos. La incertidumbre sobre la aprobación de esa normativa pone en riesgo la ejecución de proyectos clave para el desarrollo del sector agrícola, como Majes Siguas II y Chavimochic; así como atenta contra la seguridad jurídica y da una pésima señal a los inversionistas locales y extranjeros.

El esquema de APP es un elemento fundamental no solo para el impulso de la infraestructura y la conectividad, sino clave en las políticas de libre mercado y economía abierta que han permitido el crecimiento por casi 20 años consecutivos y la reducción sostenida de la pobreza, la cual pasó del 55.1% en 1991 al 21.7% en 2017.

Desde ComexPerú, exigimos una lucha frontal contra la corrupción; pero ello no debe ser excusa para paralizar el país y derrumbar esquemas como el de las APP, fundamentales para el crecimiento económico y social de nuestro país. La corrupción es un problema de personas, funcionarios del Estado y empleados de empresas, y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley.

¡Pongamos al Perú y a sus ciudadanos primero!