En los últimos días, el país ha sido testigo del conflicto generado entre los pobladores de la comunidad campesina de Fuerabamba, en el departamento de Apurímac, y la mina Las Bambas. Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, esta comunidad cuestiona la reclasificación como ruta nacional de la carretera que cruza el exfundo Yavi Yavi, ubicado en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), porque afectaría su propiedad y señalan que la empresa minera habría construido el tramo de la mencionada carretera sin consultar a la comunidad. Como consecuencia, la acción adoptada por la población fue impedir el pase de los camiones que trasportan el mineral por esta vía, por un periodo de tiempo que a la fecha supera los 50 días, lo que impide la salida de la producción minera al puerto marítimo de Matarani, en Arequipa.

Dado lo anterior, resulta importante mencionar los beneficios que genera esta operación minera para la economía peruana. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Las Bambas es un proyecto cuprífero cuya producción estimada es de 400,000 toneladas métricas por año y se ubica en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, cerca del Cusco. Este proyecto tiene una inversión aproximada de US$ 10,000 millones. A esto se suma que, según cifras del Minem, en 2018, Las Bambas produjo 385,308 toneladas métricas de cobre, lo que representa el 15.8% de la producción nacional de este mineral. Por otro lado, según el Instituto Peruano de Economía, entre agosto de 2016 y junio de 2018, Apurímac habría recibido S/ 514 millones por concepto de regalías derivadas de esa operación minera; no obstante, solo se ejecutó un 50.3% de este monto. Así, se evidencia que Las Bambas es un proyecto minero de gran importancia para la economía peruana, generador de empleos e ingresos para el fisco nacional y local.

En este contexto, la continuidad del conflicto podría generar grandes pérdidas económicas y oportunidades de desarrollo para el Perú y para la región en particular. De no controlarse de manera adecuada la situación, no se haría más que seguir frenando la economía nacional, desalentando aún más las inversiones que tanta falta hacen en nuestro país.

En línea con lo anterior, según Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), inicialmente, el efecto negativo del conflicto fue marginal para la economía peruana, debido a que la empresa mantenía suministros en Matarani. Sin embargo, el 1% del PBI que representa la producción anual de Las Bambas podría verse afectado de continuar este conflicto. Asimismo, según Reuters, estos suministros de reserva se han agotado tras 50 días de bloqueo de las vías, por lo cual la empresa no podría cumplir con sus contratos de venta en los siguientes días, lo que generará que sufra enormes pérdidas diarias.

LOS OTROS CONFLICTOS MINEROS

Según el mencionado reporte de la Defensoría del Pueblo, al mes de febrero, se tienen identificados 89 conflictos socioambientales activos. De estos, 56 involucran al sector minero (62.9% del total), lo que resulta preocupante dada la indudable importancia de este sector para el país.

La relevancia de la minería se percibe, por ejemplo, en las regiones de Cusco, Junín y Arequipa, donde ejerce un efecto positivo en diferentes sectores, como el agropecuario, la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios, debido a las operaciones de minas importantes en los últimos años (Constancia, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, respectivamente), según el Informe de Complementariedad Sectorial de la Minería, elaborado por el BCRP. Así pues, las paralizaciones que puedan sufrir las actividades mineras impactan negativamente en muchos otros sectores de la localidad en la que operan, lo que hace imprescindible que el Estado garantice un diálogo constante con los pobladores para evitar estos conflictos, además de asegurar que las autoridades utilicen correctamente los recursos derivados de estas actividades en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los pobladores, lo que no sucede.

Ante este escenario, el Gobierno nacional, a través de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, debe tener una posición de liderazgo mucho más activa para garantizar la solución de estos problemas en un ambiente alejado de la violencia y la criminalidad, pero siempre asegurando el imperio de la ley. ¿Hasta cuándo los peruanos deberemos pagar los platos rotos generados por estos conflictos?