Como se ha venido discutiendo en ediciones anteriores, la globalización y la digitalización han transformado las interacciones entre los agentes económicos y continuarán haciéndolo en los próximos años. Así, junto con las enormes oportunidades de crecimiento que nos ofrece la era digital, también han surgido nuevos desafíos, como una creciente polarización en los ingresos y nuevas prácticas de negocios cuyo impacto a largo plazo es incierto. En respuesta, como detalla un reporte sobre el diseño de políticas para la Nueva Economía elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), se han esgrimido innovaciones en términos de política fiscal que proponen ajustar la actividad empresarial al siglo XXI. En esta oportunidad, analizaremos un grupo de estas nuevas políticas y cómo impactarían a un país como el Perú.

En el Semanario 1008 comentamos el crecimiento en la brecha salarial entre los trabajos mejor pagados y el resto de la población, así como la disminución de empleos de ingreso medio producto de la automatización. Una de las soluciones planteadas por el reporte del WEF en política fiscal es un sistema de incentivos tributarios para las empresas que ofrezcan a sus empleados capacitaciones y oportunidades para actualizar sus conocimientos a las nuevas demandas del mercado laboral en la era digital. El Instituto del Futuro del Trabajo de Aspen, que estudió esta propuesta a profundidad, estima que, por ejemplo, le costaría al Gobierno estadounidense un aproximado de US$ 147 millones a lo largo de 10 años y que aumentaría la inversión en entrenamiento de personal un 8.5%. Si consideramos la realidad peruana, donde hay una carencia considerable de habilidades en los trabajadores, sobre todo en las pequeñas empresas de sectores como la agroindustria, manufactura y textil, medidas de este estilo pueden ser beneficiosas y significarían un aumento en la productividad nacional.

No obstante, hay otro grupo de medidas que no son necesariamente para nosotros. Tal es el caso de una nueva política fiscal en Corea del Sur, donde se aprobó en 2017 un impuesto a los robots. Esta medida apunta a “compensar” la presencia de estos activos en actividades donde su presencia no necesariamente llevaría a un aumento de la productividad. Claramente, una medida como esta fue pensada para una sociedad que cuenta con una gama tecnológica de punta como la coreana, donde quizás sí existan escenarios en los que un robot “está de más”. Sin embargo, una medida así no tendría sentido en nuestro país, ya que desincentiva la investigación y creación de maquinaria productiva, la cual definitivamente no nos sobra. Por consiguiente, en Perú aplicar un impuesto ex ante a la robotización no tiene base.

El reporte del WEF también señala que la digitalización ha traído consigo dificultades para implementar los impuestos ya existentes, con los denominados "paraísos fiscales" como un ejemplo concreto. Dadas las facilidades operativas que han brindado la globalización y la era digital, muchas compañías encuentran conveniente trasladar su declaración de impuestos a países con menores tasas impositivas. Dado que algunas de ellas han utilizado este mecanismo como método de evasión fiscal, los gobiernos de los países desarrollados están empezando a tomar medidas. Por ejemplo, Reino Unido planea implementar un nuevo impuesto a los servicios ofrecidos digitalmente como las redes sociales, los motores de búsqueda y las plataformas de compra y venta online. ¿Podría algo así replicarse en el Perú? Evidentemente, la evasión fiscal debe combatirse, pero ¿por qué habría que imponer impuestos a servicios online en nuestro país, cuando muchas veces estos le hacen la vida más fácil a ciudadanos y empresas peruanas?

Así, existe otro cúmulo de propuestas planteadas en el informe del WEF que fueron pensadas principalmente para el contexto norteamericano o europeo, en el cual la economía digital se encuentra en una fase más avanzada, pero que no encajan con la realidad que vivimos en el Perú. Si bien la globalización nos permite disfrutar de algunos de los avances tecnológicos creados en otros países del mundo, nuestra economía aún se encuentra muy por detrás en temas de innovación y digitalización. En primer lugar, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a junio de este año, menos del 60% de la población nacional hace uso de internet y, de aquellos con acceso a la red, el 20.5% solo la utiliza una vez por semana o menos. Además, en el Reporte de Competitividad Global 2019 del WEF, el Perú muestra una clara deficiencia en el sector de innovación, pilar en el cual nuestro puntaje es el más bajo y en el que nos posicionamos en el puesto 90 de 141 economías.

Por ende, nuestra prioridad debe ser impulsar las mejoras tecnológicas y su difusión en el país, en vez de plantear medidas que las dañarían. Es necesario comprender bien la realidad de nuestra economía antes de seguir ciegamente ideas que surgen en los países más desarrollados y que, a pesar de tener las mejores intenciones, pueden terminar perjudicando el crecimiento económico, que ha sido el principal motor para la reducción de la pobreza en el Perú.