Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los fondos de pensiones cumplen dos roles fundamentales: financian las pensiones de los afiliados y, con ello, reducen el riesgo de pobreza en la vejez; y son una fuente de ahorro a largo plazo, lo que favorece el financiamiento de la inversión y el crecimiento económico de largo plazo.

En los últimos años, en un contexto de pandemia y crisis sanitaria, el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) ha sido constantemente objeto de esfuerzos legislativos para autorizar retiros de los aportes. Sin embargo, el tema no es nuevo, pues tiene antecedentes que datan de 2016, año en que se aprobó la Ley 30425, que permite el retiro de hasta el 95.5% de los aportes a la administradora de fondos de pensiones (AFP) bajo ciertas condiciones (ver Semanario 1045).

En los últimos meses, congresistas de las bancadas de Perú Libre y Podemos Perú han retomado el tema de la devolución de aportes que los trabajadores tienen en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Al respecto, el Proyecto de Ley 929, presentado por Luis Kamiche, de la bancada de Perú Libre, propone la devolución del 100% del saldo de los aportantes previsionales del SPP. Por su parte, el Proyecto de Ley 1119, presentado por Digna Lobatón, de Podemos Perú, propone el retiro de los fondos hasta por un importe de 4 UIT.

Entre las razones que sustentan estas propuestas se encuentran la subida de la inflación observada durante los últimos meses, la tasa de desempleo, el posible impacto negativo de la tercera ola de la pandemia sobre la economía nacional, entre otros. Al respecto, cabe señalar que medidas como estas requieren un análisis técnico que demuestre su efectividad, de manera que el beneficio sea mayor al costo en el que se incurre.

En primer lugar, se debe tomar en cuenta la informalidad laboral, que genera un bajo nivel de cobertura del sistema. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2020, la tasa de empleo informal alcanzó el 75.3% (11.2 millones de trabajadores). Con ello, solo un grupo reducido de la población está incluida en un fondo de pensiones, por lo que se deben considerar las características propias del mercado laboral peruano.

Con relación al desempleo, según cifras del INEI, la población económicamente activa (PEA) en Lima Metropolitana ascendió a 5,113,500 personas al cierre de 2021. De estas, la PEA ocupada fue de 4,564,700 (89.3%), lo cual representa un incremento del 20.8% respecto de 2020, año en que la PEA ocupada disminuyó un 23% respecto de 2019 debido a la pandemia. Si bien las cifras correspondientes a 2021 muestran una caída en la PEA ocupada del 7.1% respecto de 2019, lo cierto es que la recuperación del empleo viene ocurriendo de manera progresiva. Sin embargo, es importante resaltar que parte de dicha recuperación corresponde a empleo informal (ver Semanario 1098). Si bien el empleo presenta una recuperación, es importante centrar la atención pública en reducir los niveles de informalidad, ya que además estos trabajadores no estarían incluidos en el sistema pensionario.

PROPUESTAS DE CORTO PLAZO NO CONSIDERAN POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS FUTUROS

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) menciona los efectos de largo plazo de los retiros tempranos de los fondos privados de pensiones en su Reporte de Estabilidad Financiera. Entre estos se encuentra que los ciudadanos asumen el riesgo de inversión y de longevidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la mayoría de las personas que optaron por el retiro de su cuenta de capitalización individual (CIC) en una sola cuota no mantienen sus fondos en instrumentos de inversión, por lo que los ciudadanos no estarían tomando las decisiones financieras adecuadas que permitan un ingreso sostenible durante su vejez. Además, el retiro temprano de la CIC reduce la pensión esperada de los aportantes.

Por otra parte, según el mismo reporte, los retiros anticipados de los fondos previsionales también tienen efectos sobre los bonos del tesoro peruano (BTP), ya que los fondos privados de pensiones reducen su posición en los activos más líquidos, entre ellos los valores del exterior y los BTP. En 2021, la magnitud de los retiros aprobados por el Congreso requirió que se liquiden montos significativos de BTP y de títulos financieros locales. Esto tuvo efectos en la valorización de la cartera de las AFP. Así, entre el cierre de mayo y setiembre de 2021, el valor de la posición de las AFP en los BTP se redujo en S/ 13,000 millones, en tanto que el valor de los bonos emitidos por el sector privado se redujo en S/ 856 millones y US$ 441 millones en sus respectivas monedas. Además, entre 2020 y 2021, la participación de las AFP en los BTP se redujo del 27.3%, en diciembre de 2019, al 12.7%, en setiembre de 2021.

Según el BCRP, los potenciales retiros adicionales de fondos previsionales implicarían la liquidación de un conjunto más amplio de activos domésticos, lo que deterioraría el ahorro de largo plazo y, con ello, al mercado de capitales como mecanismo de financiamiento de la actividad económica.

Es importante considerar todos los efectos de mayores retiros de aportes del Sistema de Pensiones. Aprobar la disponibilidad del retiro de los aportes a los fondos de pensiones significaría trasladar el riesgo a los pensionistas actuales y futuros, quienes necesitan mejorar su conocimiento sobre finanzas personales para tomar correctas decisiones de inversión (ver Semanario 1038). Las medidas de corto plazo pueden afectar el futuro de los aportantes y, como consecuencia, poner en riesgo los ingresos futuros de familias peruanas.