Una nueva propuesta de ley agraria o de “promoción” agraria se pasea por los pasillos del Congreso. Si bien tiene por objetivo incrementar la productividad en el sector, plantea algunas acciones que irían en contra de la institucionalidad y la formalización. 

El dictamen en mayoría que ha sido aprobado establece una tasa fija de impuesto a la renta (IR) del 15% hasta 2035 para las empresas agrarias, según el artículo 14 del mismo. Esto equivale a la mitad del régimen general actual (29.5%). Sin embargo, esto no sería una novedad, puesto que, hasta su derogación en diciembre de 2020, el régimen anterior (Ley 27360) se mantuvo vigente durante casi dos décadas. 

Mucho se ha criticado sobre este beneficio, sin embargo, históricamente el mismo habría favorecido no solo a las exportaciones, sino a la formalización de las empresas en el sector. Hoy en el Perú existen aproximadamente 5,123 empresas inscritas en el régimen laboral agrario, según la Sunat. Y solo entre los años 2015 y 2019 se habrían registrado 1,109 empresas formales adicionales bajo este régimen. Los departamentos más beneficiados fueron Ucayali (+230 empresas), Lima (+200 empresas) y San Martín (+196 empresas). 

No obstante, el crecimiento fue considerablemente menor tras la pandemia y la derogación del régimen agrario anterior, esto último en diciembre de 2020. Entre 2019 y 2024, se registraron apenas 70 empresas adicionales pertenecientes al régimen. Destacaron las caídas en departamentos como Lima (-131 empresas), Arequipa (-116 empresas) y la Libertad (-70 empresas). 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la recaudación fiscal se vería contraída en aproximadamente S/ 1,850 millones que se dejarían de percibir al año. No obstante, esto representaría menos del 0.8% del presupuesto anual actual. Más importante aún, este monto es menor que los S/ 2,671 que se le dio en promedio a Petroperú entre 2017 y 2023, a manera de rescate[1] (ver Semanario 1179). 

Según el Banco Central de Reserva del Perú, el Régimen Laboral Agrario contribuyó al auge agroexportador, con un incremento considerable en los envíos al mundo en años posteriores a su implementación. Tanto es así que la proporción de la producción agrícola que se destina al exterior aumentó del 23.5% al 31.5% entre 2007 y 2017. La mayoría de los beneficios se concentró en regiones agroexportadoras, como La Libertad, Lambayeque, Ica y Piura, donde la pobreza se redujo aproximadamente a la mitad entre 2004 y 2017, según un estudio del Banco Central de Reserva del Perú. 

ALGUNAS OBSERVACIONES

No todo es positivo. De aprobarse, la ley permitiría que quienes hayan invadido terrenos eriazos del Estado hasta diciembre de 2023 puedan adquirirlos al 30% de su valor arancelario, lo que representaría un grave retroceso en la institucionalidad y fomentaría la corrupción en la gestión de tierras. Este problema es evidente en proyectos como Majes Siguas II, donde este año se recuperaron más de 353 hectáreas invadidas. En Chavimochic III se desalojaron 51 ranchos rústicos ocupados ilegalmente. Y en Chinecas se constató la invasión de cerca de 60 hectáreas en febrero, según los portales oficiales de las empresas concesionarias los proyectos. 

Asimismo, existe el riesgo de que se mantenga una estructura salarial desproporcionada. Esto debido a que la Ley 31110, que reemplazó al régimen agrario anterior en 2020, estableció una estructura de costos laborales no salariales más elevada, que supera considerablemente los del régimen general, así como los de las pequeñas y microempresas.

Otra barrera identificada radica en la permanencia de costos laborales no salariales adicionales. Esto se refiere principalmente a la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), la cual equivale al 30% de la remuneración mínima vital cada mes. Este incremento de costos no solo desincentivaría la formalización, sino que obligaría a las empresas a migrar a otros regímenes laborales menos gravosos. 

Es necesario reformar el marco normativo para reducir los costos laborales, fortalecer los incentivos a la formalización y garantizar un entorno competitivo. El Estado debe ser cauteloso para no incluir medidas que atenten contra la actividad formal y la productividad de cara a 2025.

[1] Tomando un tipo de cambio de 3.74.