Hemos mencionado en oportunidades anteriores la necesidad de que el Congreso de la República realice un análisis de impacto regulatorio (ver semanarios 897 y 899), de acuerdo con los estándares que ya son obligatorios para el Ejecutivo en el marco de los decretos legislativos 1310 y 1448. Cada vez es más evidente que el Congreso de la República necesita de un riguroso análisis como parte del proceso de formulación de sus iniciativas legislativas. Un último ejemplo de lo anterior lo encontramos en el reciente Proyecto de Ley 3956/2018, del Frente Amplio, que establece la obligatoriedad de colocar anuncios coloquiales en la parte posterior de los vehículos que presten servicios de traslado de pasajeros o mercancías, como supuesta medida de prevención de accidentes. Sin duda, el proyecto no contribuye a resolver la problemática vial de nuestro país y demuestra lo poco acertadas que son muchas de las propuestas de regulación planteadas desde ese poder del Estado. Necesitamos destinar nuestros limitados recursos a normas que tengan verdadero impacto y evitar caer en la sobrerregulación irracional. Ejemplo de buena práctica la encontramos en el proceso de formulación de la propuesta legislativa destinada a regular el control previo de fusiones y adquisiciones, impulsado por el congresista Jorge del Castillo. Independientemente de estar o no de acuerdo con la propuesta, el proceso de formulación recoge los estándares de análisis de impacto regulatorio que toda iniciativa debiera seguir. Lamentablemente, este caso constituye una excepción, cuando debiera ser la regla.

En la cancha del Ejecutivo, a pocos días de haber asumido el cargo, nuestro nuevo primer ministro, Salvador del Solar, debe ser consciente que la mejora de la calidad regulatoria es una tarea que debe estar entre sus prioridades inmediatas, ya que implica un funcionamiento más eficiente del Estado, una mejora de la gobernanza pública y de la cultura de servicio al ciudadano, el fomento de la inversión y el desarrollo económico. Según el referido Decreto Legislativo 1448, la mejora regulatoria engloba distintos instrumentos, como el análisis de calidad regulatoria, el análisis de impacto regulatorio y la simplificación administrativa.

En cuanto al análisis de calidad regulatoria, saludamos que el Ejecutivo venga avanzando a paso firme en el proceso de depuración del stock vigente de procedimientos administrativos, ratificando algunos, pero también recomendando la modificación y eliminación de muchos otros. Así, en cumplimiento del cronograma previsto en el reglamento del Decreto Legislativo 1310, en noviembre de 2018, se presentó el resultado de la evaluación de un primer paquete[1] de procedimientos administrativos a cargo de distintas entidades como Mincetur, Minam, Indecopi, Ositran, Osiptel, Osinergmin, Sunass, Servir y Senace. Más adelante, en diciembre de ese año, se aprobó un segundo paquete[2] que incluyó al Minagri, Senasa, Serfor, ANA, INIA, Cultura, BNP, Mujer, Conadis, RREE y APCI. Finalmente, hace pocos días se aprobó un tercer paquete[3], correspondiente a Produce, Trabajo, Vivienda y Justicia. Así, a pesar de una pequeña demora en los plazos, es claro que el trabajo se viene realizando y que tal vez sea necesario fortalecer el grupo humano destinado para este fin.

Por otro lado, en cuanto a simplificación administrativa, conviene resaltar la aprobación reciente del decreto supremo[4] que dispone la estandarización del procedimiento de licencia de funcionamiento, lo que sin duda facilitará el desarrollo de actividades comerciales y la formalización del tejido empresarial del país. Este gran primer paso debiera ser solo el inicio de una serie de procedimientos estandarizados que permitan ordenar y dar predictibilidad y seguridad jurídica a los empresarios, sobre todo ante las autoridades locales y regionales. Asimismo, es claro que culminar el trabajo que se viene desarrollando para la implementación de la VUCE 2.0 (ventanilla única de comercio exterior), así como la implementación de otras ventanillas únicas en otros sectores, como el minero o el energético, resulta indispensable para enfrentar la excesiva regulación existente, que no hace más que disuadir al sector empresarial.

Complementariamente a lo anterior, no podemos dejar de lado el gran trabajo que viene desplegando la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. A modo de ejemplo, según dicha entidad, solo en 2017 se logró un ahorro efectivo de S/ 10.13 millones para los agentes económicos y una estimación de “ahorro potencial” de S/ 419.88 millones[5].

Pero si bien estos esfuerzos vienen aplicándose de una manera ex post, es decir, para enfrentar la regulación ilegal o carente de razonabilidad existente, naturalmente deberá ir disminuyendo conforme se implemente el tan necesario análisis de impacto regulatorio, que asegurará contar con una mejor regulación. A este aspecto, sin duda, deberá abocarse el nuevo premier, lo que significará un cambio de mentalidad de nuestros funcionarios públicos. No corramos el riesgo de que esta metodología se convierta en un trámite más al momento de aprobar una norma, sino que realmente sea su génesis y sustento.

Como parte del trabajo que se viene desarrollando para la formulación de un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, es el momento de impulsar la formulación de una Política Nacional de Mejora Regulatoria y de un sistema de mejora regulatoria que permitan al Estado articular y dirigir todos los esfuerzos hacia un norte común. Basta con ver los ejemplos que se vienen dando en México y Colombia para convencernos de la importancia de seguir este camino.

[1] Decreto Supremo 101-2018-PCM https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-ratifica-procedimientos-administrativos-decreto-supremo-n-110-2018-pcm-1708562-1/

[2] Decreto Supremo 130-2018-PCM https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/264069/DS_N__130-2018-PCM.pdf

[3] Decreto Supremo 046-2019-PCM https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-ratifica-procedimientos-administrativos-decreto-supremo-n-046-2019-pcm-1748328-1/

[4] Decreto Supremo 045-2019-PCM https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-procedimientos-administrativos-e-decreto-supremo-n-045-2019-pcm-1748327-2/

[5] “Midiendo el ahorro económico de los agentes económicos por la eliminación de barreras burocráticas en el Perú durante el 2017” Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/2375854/20180528_Observatorio_de_barreras_burocr%C3%A1ticas_2017.pdf/0dd47685-ea0d-11fd-462c-1db6ecbc2e6b