El pasado 15 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicó el informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022". En este documento se presentaron las últimas actualizaciones de la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las estimaciones de la asequibilidad de una dieta saludable.

Cabe recordar que se define la inseguridad alimentaria como el escaso acceso a alimentos nutritivos que permitan un crecimiento y desarrollo promedio, a fin de llevar una vida activa y saludable, además de la incertidumbre acerca de su capacidad para alimentarse y quedarse sin una comida ocasionalmente.

En el Perú, según el informe, existen 16.6 millones de personas sufriendo de este problema, es decir, esto afecta a más del 50% de la población. Además, contamos con 6.8 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria grave, lo cual significa que una persona estuvo todo un día sin comer en repetidas oportunidades en un año. En comparación con los países de la región, el Perú ha obtenido los peores porcentajes respecto de su población.

Estos datos son sumamente relevantes para el desempeño de la salud en nuestro país, ya que guardan relación con los resultados de ciertos indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2021: i) el 38.8% de niños de 6 a menos de 36 meses de edad cuentan con prevalencia de anemia (1.2 puntos porcentuales menos que en 2020); un 25.8% de personas de 15 a más años sufren obesidad (1.2 pp. más que en 2020); y un 11.5% de menores de 5 años tienen prevalencia de desnutrición crónica (0.6 pp. menos que en 2020).

Al respecto, la FAO sostiene que la accesibilidad a las dietas saludables no solo está determinada por el costo de los alimentos, sino también por la relación que existe con los ingresos de las personas; además, a esto se le suma el consumo de los alimentos con alto contenido de grasas, azucares o sal, los cuales están ampliamente disponibles para las personas y son muy promocionados y de fácil acceso. Por ello, se han propuesto iniciativas que fomenten un vínculo entre las políticas alimentarias y agrícolas, y el costo de los alimentos nutritivos; así las dietas serían más accesibles, lo que generaría un acceso equitativo y una mejora de la salud.

Una de las razones que debemos tener en cuenta para entender esta problemática se encuentra en la evolución del empleo en el país. En 2021, se ha tenido una recuperación del 14.9% en los puestos de trabajo; sin embargo, está aún 12,959 puestos por debajo de los niveles prepandemia. La tasa de desempleo ese año se situó en un 5.7%; si bien es una reducción respecto del 7.4% presentado en 2020, sigue siendo mayor a los niveles prepandemia (3.9% en el 2019), por lo que los niveles de empleo continúan sin recuperarse[1].

Estos resultados revelan que existe un empleo precario. La oferta de trabajo, la cual aumenta cada año, no se ve satisfecha. Al haber menos empleo, habría menos ingresos para compras básicas, y si a esto se le suma el alza de precios generalizada, se desemboca en un mayor riesgo de caer en la inseguridad alimentaria.

Ante la presión generada por el exceso de oferta de mano de obra y la insuficiente capacidad de creación de empleos, aparece el sector informal. En el Semanario 1114, discutimos cifras donde destacamos que, en 2021 (año de recuperación de la pandemia), se tuvo un aumento importante de empleos informales en comparación con los niveles prepandemia. Es decir, la cantidad de empleos se recuperó, pero a costa de más informales.

Asimismo, las investigaciones del MTPE demuestran que la informalidad se presenta como la única y última alternativa que tienen los trabajadores, preferida sobre el desempleo. Este sector trae consigo peores condiciones laborales (salarios mucho más bajos, incumplimientos, atropellos a las leyes laborales, etc.).

Es cierto que el Gobierno ha venido articulando acciones para combatir la inseguridad alimentaria a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), algunas de las medidas tomadas fue incrementar un 67% el presupuesto de los comedores populares del Programa de Complementación Alimentaria; también se incrementó la cantidad de la canasta de alimentos de 6 a 11 kilogramos del programa Qali Warma y se aplicó el bono Yanapay junto con subsidios económicos extraordinarios, entre otras medidas.

No obstante, estas soluciones son de corto plazo. La creación de puestos de trabajo, así como los incentivos tanto a las empresas como a los ciudadanos para integrarse, son claves para tener una disminución, sostenible en el tiempo, del desempleo y la pobreza. Otra medida que significa un retroceso aún mayor respecto a la formalización es impedir la tercerización de actividades, ya que esta medida podría generar que la inseguridad alimentaria en nuestro país se incremente aún más.

Debemos recordar que el Gobierno es el responsable de fomentar y establecer un correcto cumplimiento de las condiciones laborales, las cuales deben garantizar una vida digna de los trabajadores y sus familias, y así combatir la informalidad laboral. Por último, se debe considerar el aumento de la competitividad y productividad de los trabajadores, ya que estos son aspectos claves para mejorar los niveles de vida a través de la integración en el mercado laboral. De esta manera, se podrá mejorar en los números registrados por la FAO.

[1] Para mayor detalle, visitar el reporte Desempeño del Mercado Laboral Peruano.