La reactivación de la economía y la lucha contra la COVID-19 requieren un trabajo eficiente en la ejecución de inversiones. Es urgente cerrar brechas de infraestructura y asegurar el acceso a servicios vitales con un correcto nivel de calidad. En este contexto, impulsar mecanismos como el de obras por impuestos (OxI) es necesario, ya que estos permiten aprovechar las capacidades del sector privado para ejecutar proyectos de forma más rápida y segura que la inversión pública tradicional.

De acuerdo con la Alianza para Obras por Impuestos (Aloxi), su alcance podría ampliarse durante la emergencia sanitaria para financiar inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, lo que permitiría ejecutar proyectos que incrementen las unidades de cuidados intensivos con respiradores mecánicos, restablecer sistemas eléctricos y sanitarios en los centros de salud, repotenciar las ambulancias, reemplazar equipos médicos, entre otros. 

Sin embargo, las OxI se están utilizando cada vez menos. Si bien en 2019 hubo una recuperación en cuanto al monto de inversión comprometida[1], los datos de ProInversión muestran que la cantidad de proyectos adjudicados y el número de empresas que participan de este mecanismo están a la baja. Mientras que en 2018 participaron 36 empresas y se adjudicaron 56 proyectos, en 2019 fueron 17 empresas y 26 proyectos registrados. En cuanto a este año, solo se han adjudicado 13 proyectos (seis durante el estado de emergencia) por un monto de S/ 78 millones, a través de seis empresas.

No se trata de una situación de “escasez” en cuanto a proyectos disponibles, puesto que a fines del año pasado ProInversión contaba con una cartera de 461 proyectos priorizados por entidades del Estado, por un valor S/ 9,428 millones. Es decir, son las empresas las que están reduciendo su participación en las OxI.

¿Por qué se da esta situación? De acuerdo con Aloxi, el mecanismo en sí todavía presenta múltiples cuellos de botella que desincentivan a las empresas. Varios procedimientos y permisos se tramitan con lentitud, lo que impide cumplir con los plazos establecidos de ejecución. A su vez, existe una importante carencia de conocimientos relacionados con OxI en los distintos niveles de gobierno, por lo que se dan escenarios en los que se paralizan proyectos porque autoridades y funcionarios desconocen los procesos, la normativa o cuentan con pocas aptitudes técnicas.

Finalmente, y en parte como consecuencia de los problemas anteriormente descritos, la entrega de los certificados[2] que reconocen el monto total de inversión de las empresas se retrasa (o, visto de otro modo, la inversión no se reconoce al 100%), incluso en obras que ya han sido físicamente concluidas. De hecho, según la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), existen al menos 109 proyectos culminados, recibidos o liquidados que no cuentan con la entrega completa de sus certificados, 29 de ellos, inclusive, con una emisión igual a cero. La mayoría de estos proyectos fueron suscritos en los años 2016 y 2017, y gran parte pertenecen a empresas que por varios años ejecutaron OxI, pero que en 2018 y 2019 dejaron de hacerlo. ¿Coincidencia?

A la luz de estas limitantes que han vuelto al mecanismo menos atractivo para el sector privado, es necesario que se realice una optimización. Otorgar más dinero a las entidades públicas para la emisión de certificados (Decreto Supremo 164- 2020–EF) no es la solución. Esta debe apuntar a la simplificación de procesos, dar flexibilidad, tener un capital humano más capacitado y dar mayor seguridad y eficiencia a la entrega de los certificados.

Algunas medidas tomadas recientemente sí van en esta dirección, como la publicación por parte del MEF de la Guía metodológica del mecanismo de obras por impuestos, que busca estandarizar todos los procedimientos relacionados y facilitar la comprensión y aplicación de OxI. Del mismo modo, en mayo, se dio luz verde a la emisión electrónica de los certificados por parte de todas las entidades públicas, lo que agiliza la solicitud y la entrega. Son este tipo de iniciativas las que el Estado debe promover para que veamos un cambio en la tendencia de los últimos años. No desaprovechemos tan buena herramienta, mucho menos ahora.

[1] En 2018, la inversión comprometida por medio de OxI fue igual a S/ 482 millones, S/416 millones menos con respecto a 2017; mientras que en 2019 subió a S/ 550 millones.

[2] Estos son el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y el Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN).