Un factor clave para asegurar el crecimiento de nuestra economía es una eficiente ejecución de la inversión pública, puesto que tiene un impacto positivo en la competitividad de sectores importantes como educación, salud y transporte, entre otros. Así, si bien la inversión pública representó tan solo un 5% del PBI, esta tiene un amplio efecto en la actividad económica: por cada sol invertido se obtendría un aumento de la producción en S/ 1.5, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este efecto multiplicador tendría mayores alcances en periodos de recesión o desaceleración económica.

No obstante, en los últimos años, el resultado de la inversión pública ha dejado mucho que desear. De acuerdo con cifras del BCRP y del Ministerio de Economía y Finanzas, en 2015, la inversión pública no solo no creció 9%, como se tenía previsto, sino que, por el contrario, retrocedió en 7.5%, lo que le costó 1.2 puntos porcentuales al crecimiento del PBI, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Es decir, de haberse cumplido la meta, ese año nuestra economía habría crecido 4.5% y no 3.3%. En un país con una brecha de infraestructura estimada en unos US$ 159,549 millones hacia 2025, lo anterior no debería suceder; más aún si, de acuerdo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), el cierre de la brecha traería consigo una reducción del 6% anual de la pobreza.

Cabe señalar que, para cerrar la brecha antes mencionada, se necesitaría una inversión promedio anual del 8.3% del PBI, es decir, alrededor de unos US$ 16,000 millones por año. Y si bien ello resulta una carga bastante onerosa para el Estado, los beneficios potenciales son aún mayores (15.6% del PBI anual), según AFIN. Asimismo, para llevar a cabo tales inversiones, el Estado cuenta con mecanismos que facilitan y aseguran su implementación y transparencia a través de la participación del sector privado, entre los que destaca el de Obras por Impuestos (OxI), que permite que las empresas privadas financien y ejecuten los proyectos de inversión pública que hayan sido declarados viables dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), descontando el monto de inversión de su impuesto a la renta.

Creado en 2008, mediante la Ley N.° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, el mecanismo de OxI originalmente solo preveía la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local; no obstante, hacia 2014, se dispuso que podría aplicarse para proyectos de envergadura nacional al permitir que las instituciones del Gobierno nacional puedan acogerse a este mecanismo. ¿Cuánto hemos avanzado?

Un 12% de la población beneficiada

De acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), desde la creación del mecanismo de OxI hasta los primeros días de noviembre del presente año, se han financiado 232 proyectos por un total de S/ 2,474 millones, en los que han participado 22 Gobiernos regionales, 29 municipalidades provinciales, 76 municipalidades distritales, 3 instituciones del Gobierno nacional (Ministerio de Educación, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud) y 77 empresas.

En cuanto a las zonas donde se ejecutaron tales proyectos, tenemos que un 51% se encuentran concentrados en solo tres departamentos: Arequipa, Áncash y Piura. Asimismo, cabe mencionar que el tipo de proyectos predominantes fueron los correspondientes a los sectores de transporte, saneamiento y educación. 

Del total de los proyectos involucrados bajo OxI, solo un 34% (S/ 844 millones) correspondió a proyectos concluidos entre 2009 y noviembre de 2016, los que beneficiaron a 3.7 millones de peruanos, es decir, un 11.8% de la población total estimada. Así, los departamentos con un mayor número de beneficiarios fueron Piura (797,681), Cusco (696,411), Arequipa (575,609) y La Libertad (423,506). Por otro lado, los proyectos adjudicados suman una cartera de S/ 1,603 millones, con un potencial para beneficiar a un 28.8% de la población peruana, lo cual resulta especialmente valioso, sobre todo en los departamentos con mayor incidencia de pobreza. Por ejemplo, según cifras de ProInversión, los proyectos adjudicados alcanzarían a más de 1.8 millones de usuarios en Huancavelica, a 902,239 en Cajamarca y a 195,526 en Loreto.

Si bien el mecanismo de OxI es aún perfectible, desde su creación se han venido dando pasos para adecuar el marco normativo que incentive la participación del sector privado y que ha resultado clave en la eficiente ejecución de la inversión pública. Con los resultados positivos que viene mostrando y con una tendencia creciente en los niveles de inversión, sin duda OxI es un mecanismo que se debe seguir fortaleciendo e impulsando para contribuir con el crecimiento y desarrollo del país.