El crecimiento económico de nuestro país depende, en gran medida, de un trabajo eficiente en la ejecución de inversiones públicas y privadas. El cierre de brechas de infraestructura, así como asegurar el acceso a servicios vitales y garantizar su calidad es fundamental para lograr una vida digna para las familias peruanas. En este contexto, impulsar mecanismos como el de obras por impuestos (OxI) es importante, ya que permite aprovechar las capacidades del sector privado para ejecutar proyectos de forma más eficiente y en menores plazos que la inversión pública tradicional. 

Según cifras de la Agencia de Promoción para la Inversión Privada (ProInversión), desde su implementación en 2009 hasta la fecha[1], se han adjudicado 445 proyectos bajo esta modalidad, con un monto total comprometido de S/ 6,078 millones. A nivel sectorial, del total de obras adjudicadas, el 31% corresponde a educación; el 27%, a transporte; el 13%, a saneamiento; el 9%, a seguridad, y el 20% restante, a sectores como agropecuario, salud, deporte, entre otros.

A nivel departamental, Áncash lidera el ranking con mayor monto adjudicado de OxI, con un valor de S/ 1,230 millones y 69 proyectos. Le siguen Arequipa (S/ 780 millones; 57 proyectos), Cusco (S/ 700 millones; 55 proyectos) y Piura (S/ 639 millones; 35 proyectos).

Respecto de los proyectos adjudicados en 2021, estos sumaron 56, con una inversión total de S/ 606 millones, cifra que representa un 194% más que el monto adjudicado en 2020 y un 8% más que el correspondiente a 2019.

A nivel departamental, de los 56 proyectos de este año, 19 están ubicados en Cusco y comprenden una inversión de S/ 265 millones. Cabe resaltar que, para 2021 y hasta junio de 2022, la capacidad del Gobierno regional y los Gobiernos locales cusqueños para ejecutar OxI supera los S/ 822 millones y S/ 3,000 millones, respectivamente.

Por otro lado, ocho del total de proyectos de 2021 están ubicados en Áncash y suman un total de S/ 60 millones de inversión, lo que convierte a este departamento en el segundo del ranking de regiones con más proyectos en el último año. De igual forma, resulta importante destacar que la capacidad del Gobierno regional y los Gobiernos locales de Áncash para ejecutar OxI supera los S/ 533 millones y S/ 2,000 millones, respectivamente.

PROBLEMAS QUE ENFRENTA ESTE MECANISMO

El mecanismo OxI se creó con el fin de mitigar los cuellos de botella de las obras públicas tradicionales, que terminan por retrasar la provisión de servicios públicos para la población; sin embargo, persisten algunos problemas que desincentivan a las empresas para aplicarlo: i) la lentitud en los trámites, ii) la carencia de conocimientos por parte de los funcionarios públicos, y iii) los problemas en la entrega de los certificados de reconocimiento de la inversión, por ejemplo.

Por otra parte, los cambios de autoridades regionales y locales generan un comprensible desconocimiento de los beneficios de este mecanismo. Esto es similar a lo que ocurre con las obras públicas tradicionales y tiene que ser atacado directamente, a través de visitas a cada autoridad que ejecuta OxI, en lugar de seguir llevando a cabo eventos generales sobre el mecanismo.

Además de lo expuesto, la participación de la Contraloría General de la República (CGR) como parte del proceso y la amenaza que genera en los funcionarios públicos cuando dicha entidad hace su evaluación, la convierten no solo en un garante de que el proceso está cumpliendo la capacidad de endeudamiento de la entidad (como lo establece la propia normatividad de la CGR-Ley N.º 27785), sino también en un revisor de costos y detalles técnicos del proyecto de inversión público (PIP).

Lamentablemente, se generan incentivos perversos en algunos funcionarios de las entidades beneficiarias a la hora de entregar los certificados de inversión o CIPRL/CIPGN, una vez que las obras (o sus avances) están aprobadas técnicamente por el supervisor. Si bien la norma prevé la entrega electrónica de estos certificados, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley N.º 29230, que define los lineamientos para la promoción de la inversión pública regional y local con participación del sector privado, la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) seguiría exigiendo que sean los funcionarios de cada entidad local/regional los que se acerquen a recoger el certificado personalmente, y que sean quienes hagan entrega final del certificado a la empresa. Desde ComexPerú, consideramos que este proceso adicional distorsiona la lógica del mecanismo, pues si la obra está aprobada por el supervisor, no hay necesidad de añadir este proceso a la entrega de certificados.

Hoy más que nunca, el gasto público debe ejecutarse de manera eficiente y oportuna para brindar más y mejores servicios públicos orientados a la ciudadanía. Por ello, debemos aprovechar el potencial de las OxI, que son un claro mecanismo descentralizador de las inversiones en nuestro país.

[1] Con información al 29 de diciembre de 2021.