Uno de los temas pendientes en materia de protección social por solucionar consiste en garantizar a los adultos mayores un nivel de vida adecuado tras su jubilación. En respuesta a esto, el Estado consideró en la Constitución vigente la obligatoriedad de la afiliación a alguno de los sistemas de pensiones existentes: el Sistema Privado de Pensiones (SPP) o el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Este último, a diferencia del SPP, consiste en un fondo de reparto solidario. Es decir, las contribuciones de los aportantes se destinan a un fondo común que se reparte entre los actuales pensionistas con base en los años de aportes realizados y su remuneración de referencia (RR)[1], en vez de almacenarse en una cuenta de capitalización individual, donde el monto de la pensión sí asciende a una repartición en el tiempo del íntegro de lo aportado por cada afiliado. Debido a ello, el SNP enfrenta dificultades adicionales a su contraparte privada, pues su sostenibilidad financiera depende sustancialmente de la cantidad de afiliados y pensionistas activos que mantenga.

Si bien estos problemas eran previsibles por la estructura de este sistema, en realidad poco se hizo para evitarlos. Al respecto, las medidas implementadas para corregir esta situación consistieron en reformas como el aumento a 20 años de aportación para acceder a una pensión[2], en 1992; un incremento en la edad de jubilación a 65 años, en 1995[3]; otro en la tasa de aporte exigido, de, 3% a, 13%, en 1997; y una reducción en las tasas de reemplazo[4] base para los nuevos afiliados en 2002, según el informe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Es decir, las únicas “respuestas” consistieron en reducir o retrasar los gastos asociados al pago de pensiones, en vez de solucionar las verdaderas falencias del sistema. 

Evidentemente, esto solo preservó la imposibilidad de que el SNP se pueda financiar por sí solo, y forzó al Estado a transferir recursos que se hubieran asignado al cumplimiento de otros objetivos relevantes. De acuerdo con la última memoria anual institucional publicada por la ONP, en 2018, el Gobierno destinó S/ 2,105 millones para contribuir al financiamiento de los S/ 5,452 millones de pensiones que debían pagarse dicho año, pues lo recaudado mediante los aportes de los afiliados apenas ascendió a S/ 3,470 millones. A modo de comparación, la transferencia gubernamental registrada en dicho año equivale al doble del presupuesto asignado en mayo del presente año al sector salud para enfrentar la COVID-19 (ver Semanario 1024).

NUEVAS INICIATIVAS

Si bien todavía no se cuenta con una solución para estos problemas, recientemente, el Congreso conformó la Comisión Especial Multipartidaria para la reforma integral del sistema previsional, integrada por un miembro de cada grupo parlamentario, la cual deberá diseñar y proponer un proyecto de ley en un plazo de 150 días calendario. Para ello, esta podrá consultar con representantes de instituciones públicas, privadas y organizaciones gremiales.

Entre las propuestas inicialmente presentadas ante dicha comisión, se encuentra la elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta consiste en la creación de un sistema integrado que cuente con múltiples pilares, de manera que cada afiliado contaría con una cuenta individual, pero condicionada a sus características. De esta manera, se tendría el “pilar cero”, que consistiría en un pensión que no requiere contribuciones de los afiliados, el cual sería asignado solo a pensionistas en situación de pobreza; el “pilar 1” tendría un esquema semicontributivo, que tendría un subsidio del Estado para acceder a una pensión adecuada sujeto al cumplimiento de determinados requisitos y el esfuerzo de ahorro individual; el “pilar 2” sería un sistema de capitalización individual, similar al actual SPP; y el “pilar 3”, uno de ahorro voluntario en el que se pueden acumular los aportes adicionales de los afiliados.

Cabe resaltar que, si bien esta propuesta ha sido respaldada y complementada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, existen otras que también respaldan la eliminación de la ONP. Inclusive, Carlos Puga, ex gerente general de esta institución, comentaba en 2017 su aprobación a dicho medida, pues migrar a un sistema de capitalización individual permitiría acceder a mejores pensiones de manera más inclusiva y con una mayor cobertura. Más aún, el Instituto Peruano de Economía (IPE) corrobora la viabilidad de esta iniciativa mediante una estimación de los costos fiscales de mantener el SNP, y concluye que, a pesar del importante desembolso inicial requerido para financiar a los actuales pensionistas y devolver los aportes al resto de afiliados que pasarían al nuevo sistema, el ahorro de recursos futuros más que compensaría esta situación.

Desafortunadamente, la falta de iniciativa política para estos ajustes del sistema previsional peruano desincentiva los progresos en esta materia, como resultó al preservar el SNP a pesar de que el SPP fue creado en 1993 con la intención de reemplazarlo, como comentaba Miguel Palomino, exdirector del IPE. No obstante, la necesidad de replantear su estructura se hace cada vez más evidente.

[1] La remuneración de referencia de cada afiliado consiste en el promedio de sus 60 últimas remuneraciones percibidas.

[2] El requerimiento de años de aportes originales ascendía a 15 años y 13 años para hombres y mujeres, respectivamente.

[3] La edad de jubilación inicial consistía en 60 años y 55 años para hombres y mujeres, respectivamente.

[4] La tasa de reemplazo consiste en la proporción de la remuneración de referencia acorde con la edad del afiliado, que se considerará en el monto de la pensión tras haber aportado por 20 años.