Para nadie es novedad que el caótico tránsito limeño va en aumento. Inclusive, índices internacionales posicionan a Lima como una de las ciudades con el peor tránsito vehicular. Por ejemplo, según el TomTom Traffic Index 2018, nuestra capital es la tercera ciudad del mundo con peor congestionamiento vehicular, ya que los conductores enfrentan un 58% de tiempo extra de viaje, es decir, un aumento de 8 puntos porcentuales con respecto a 2017. Como consecuencia, los limeños no solo enfrentan largas horas estancados en el tránsito hacia su destino, sino también altos sobrecostos, tanto económicos como ambientales, pérdida de productividad y competitividad.

Ante este escenario, hace unos cuantos días, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó por mayoría una ordenanza municipal que establece restricciones al tránsito vehicular en determinadas vías del área metropolitana (Ordenanza 2164). Dicha normativa, denominada comúnmente como “pico y placa”, busca restringir la circulación de vehículos particulares M1 (autos) y N1 (camionetas tipo pick-up) en cinco vías principales, de lunes a jueves, en horarios determinados según niveles de transitabilidad, y en función de la última cifra de las placas vehiculares, sea par o impar. De esta manera, la medida buscaría reducir la congestión vehicular en las vías principales e incentivar el uso del transporte público formal.

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2018, un 10.8% de los habitantes de Lima Metropolitana acude a su centro de trabajo o estudio en automóvil propio, mientras que el 68.2% lo hace en transporte público. Así, la ordenanza pretende cambiar, de un momento a otro, la forma habitual de transporte de cierto grupo de la población. No obstante, no propone una alternativa eficiente de transporte, pues, evidentemente, el transporte público, en muchos casos, no es una opción viable a quienes se ven afectados por la restricción. De hecho, según la mencionada encuesta, el transporte público es el segundo problema más importante que afecta la calidad de vida en la ciudad de Lima.

Como consecuencia, un efecto inmediato sería el aumento del flujo vehicular por las vías alternas, lo que las llevaría al colapso. Inclusive, en un país con altos índices de informalidad y donde la labor fiscalizadora es tarea difícil, no sería novedad que haya quienes opten por el uso de placas clonadas, lo que acentuaría aún más este problema.

Asimismo, no debe ignorarse el impacto que esta medida tendría sobre los servicios de transporte por aplicación y sus usuarios. Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, de las personas que utilizan diariamente algún servicio de taxi en Lima Metropolitana, alrededor del 31% lo hace a través de una aplicación. En este sentido, dado que la medida no exceptúa a estos vehículos, se crearía una distorsión en el mercado que podría reflejarse en una menor cobertura y mayores precios al consumidor, lo que afectaría finalmente a este último. Asimismo, si lo que se busca es una mayor eficiencia de los vehículos, no se entiende cómo se exceptúa a los taxis tradicionales y no a los vehículos que prestan servicios de transporte por aplicativos, los que justamente presentan mayores niveles de eficiencia a través del uso de la tecnología.

En Latinoamérica, la restricción por placas, ya sea con el fin de reducir la contaminación ambiental o la congestión vehicular, ha sido una de las medidas más implementadas. Si bien en ciudades como Medellín y Bogotá los resultados fueron favorables en el corto plazo —lo que permitió la aceptación de la medida—, en el mediano y largo plazo no hubo evidencia de mejoras en materia ambiental ni de tráfico.

De esta manera, en aquellas ciudades en las que esta medida fue implementada, al no existir un sistema de transporte público de calidad, los usuarios buscaron alternativas de transporte que no fueron necesariamente las deseadas. Por ejemplo, en Ciudad de México, tras la implementación del programa “Hoy No Circula”, se registró un incremento considerable en la adquisición de vehículos más antiguos. Asimismo, no hubo evidencia de que la medida contribuyera a incrementar el uso del transporte público. Por el contrario, se dio una sustitución del auto propio por taxi. En Santiago, además de un aumento del parque automotor, se produjeron cambios en las horas de desplazamiento.

En general, la evidencia en diversas ciudades de la región muestra un aumento en la adquisición de un segundo o tercer vehículo, generalmente de menor valor y con estándares menos rigurosos de emisión de gases contaminantes. Así, una medida de restricción de placas terminará castigando a aquellos que no cuenten con la capacidad para adquirir otro vehículo. Asimismo, es posible observar una deformación en las horas de desplazamiento y un aumento del flujo vehicular en las horas sin restricción, así como en los días en los que la restricción no aplica. En efecto, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dichas medidas no solo han significado un gasto de recursos y tiempo, sino también un aumento en la motorización y en la congestión en horarios sin elevado tránsito habitual. Más aún, señala que no se debe insistir en la implementación de esta medida.

La clave para crear regulaciones eficientes, sobre todo las que implican restricciones de derechos, es que estén basadas en evidencia. Y, en este caso, la evidencia existe y es vasta, pero parece no haber sido tomada en cuenta por nuestras autoridades municipales. A esto se suma que la ordenanza deja una serie de preguntas por responder, como ¿qué pasará con aquellos negocios ubicados en vías restringidas?, ¿cómo se identificará a aquellos domiciliados en estas vías?, ¿será posible realizar una adecuada tarea de fiscalización?, entre otras.

Una vez más, la importancia de realizar un análisis de impacto regulatorio queda en evidencia. Está claro que la congestión vehicular es un problema que afecta a todos los limeños y urgen medidas para mejorar la situación. El BID propone mejorar el transporte público, la infraestructura para bicicletas y peatones, ampliar las opciones de movilidad, mejorar el desarrollo urbano e implementar medidas de sensibilización ciudadana. A puertas del Bicentenario, son cambios integrales los que necesitamos para garantizar un mejor futuro a la ciudad de Lima y no medidas restrictivas y probadamente fallidas.