Uno de los cinco proyectos de ley entregados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al Congreso el pasado 28 de julio, tiene como objetivo la difícil, pero necesaria, tarea de ordenar el transporte en la capital. Se trata del proyecto de ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

Según la propuesta legislativa, la ATU será un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Su objetivo es implementar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT), y entre sus principales funciones se encuentran aprobar, supervisar, controlar y fiscalizar las normas que regulan los servicios de transporte terrestre de personas dentro del territorio.

La referida autoridad sería responsable de (i) otorgar concesiones para la prestación de los servicios de transporte urbano e infraestructura vial, (ii) elaborar y ejecutar el Plan Maestro de Transporte y (iii) establecer un régimen de tarifa integrada y sistema de recaudo único para el SIT. Para su constitución, se fusionarían las gerencias de transporte urbano de Lima y del Callao, el Instituto Metropolitano de Transporte de Lima (ProTransporte) y la Autoridad Autónoma del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Una gestión unificada del transporte público entre las jurisdicciones de Lima y Callao terminaría con la superposición de funciones y los conflictos de competencia administrativa, así como la falta de claridad en cuanto a las responsabilidades entre diversas entidades, como evidenció el accidente ocurrido recientemente en el cerro San Cristóbal. Con la ATU, se espera poner fin a los problemas que tanto aquejan a nuestro sistema de transporte: caos en la entrega de concesiones, rutas pobremente diseñadas e irregularidades en el otorgamiento y gestión de licencias de funcionamiento (como el caso de las empresas cuyas licencias no pueden ser retiradas por un municipio porque fue otro el que las otorgó).

En este sentido, para modernizar nuestro sistema de transporte público, no podemos perder de vista la interdependencia y unidad territorial que existe entre Lima y Callao, que justifica una gestión común del transporte. Además, al trasladar la responsabilidad a una autoridad técnica y autónoma, la reforma del transporte dejaría de verse influenciada por la inestabilidad electoral y por la arbitrariedad de las autoridades municipales.

Críticas a la iniciativa señalan que no contempla regular el tránsito del transporte privado ni el de mercancías, y el poco eficiente rol de la Policía y del Ministerio del Interior. En definitiva, el caos y la inseguridad que caracterizan al sistema vial en nuestra capital se deben a una serie de factores, como la congestión vehicular, la inadecuada semaforización, la falta de mantenimiento de las vías, ente otros. Sin embargo, de acuerdo con un estudio elaborado en 2016 por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el cual analiza el transporte urbano en Lima y Callao, la mala calidad de este sistema es generada, principalmente, por una preocupante falta de gestión.

Especialmente, el sistema ha fracasado en ordenar el sistema de transporte público. A pesar de que el 50% de viajes diarios en Lima y Callao se dan a través de buses, el Metropolitano, colectivos y el Metro de Lima, el diseño del sistema y la planificación urbana han privilegiado el uso del auto privado. Además, el transporte público, tras ser liberalizado en 1991, fue prácticamente dejado a su libre albedrío, lo que generó una gran masa de vehículos y empresas atomizadas, bajo un esquema comisionista-afiliador, que promueve como única finalidad para los operadores el conseguir más pasajeros.

La experiencia internacional también apunta hacia las autoridades integradas de transporte en las grandes urbes. En áreas metropolitanas de Europa existen desde hace varios años (en algunos casos más de 30) y funcionan eficazmente en ciudades como Madrid, Barcelona, París y Londres. En Latinoamérica, las autoridades de transporte todavía son pocas y han sido creadas recientemente. En Chile, por ejemplo, existe el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), entidad gubernamental que regula, controla y supervisa el Sistema de Transporte Público Integrado de Santiago (Transantiago). Desde 2007, este integra física y tarifariamente a la totalidad de los buses de transporte público urbano de la ciudad, operados por empresas privadas, y al Metro de Santiago. El MTC incorporó en su propuesta el análisis de estas autoridades de transporte para identificar buenas prácticas trasladables al caso de Lima y el Callao.

Esperemos que el debate en el Congreso sea favorable a la propuesta legislativa, que no se generen trabas o —peor aún— se archive el proyecto. La creación de la ATU es una necesidad impostergable. No es una solución mágica, pero constituye un primer paso para atender el caos del transporte urbano en la capital.