Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, uno de los mayores problemas para crecer que enfrenta nuestro país es la brecha de infraestructura de la que adolece. Una infraestructura de calidad contribuye a la productividad de la economía y reduce los costos logísticos para toda la actividad económica. Por ello, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su Reporte de Inflación de octubre de 2018, recomienda atender esta problemática a través de una reforma en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para facilitar la ejecución de obras públicas y concesiones teniendo en cuenta que se busca mejorar la productividad del país.

OXI

Uno de los mecanismos que tiene el Gobierno para facilitar la inversión en infraestructura es obras por impuestos (OxI). A través de OxI se alinean los objetivos del sector público y el sector privado, y es posible acelerar el proceso requerido para la ejecución de proyectos, pues el Estado logra que estos se hagan realidad gracias al expertise del privado y, de esta manera, se contribuye al bienestar de la ciudadanía y las empresas pueden hacer un uso más eficiente de sus impuestos.

De acuerdo con cifras de ProInversión, desde su implementación hasta la fecha, se han adjudicado 358 proyectos de este tipo, con una inversión ejecutada o comprometida de S/ 4,138 millones. Además, en lo que va de 2018, se adjudicaron 47 proyectos, con un monto invertido de S/ 389 millones, siendo el mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Huarmey, en Áncash, el que mayor inversión ha requerido, con S/ 92.3 millones.

Lamentablemente, hoy apreciamos un menor dinamismo en la inversión a través de OxI. En efecto, de acuerdo con ProInversión, este año se experimentó una menor cantidad tanto de proyectos adjudicados, como en el monto invertido en relación con el año anterior. Así, al tercer trimestre de 2018, se adjudicaron únicamente 41 proyectos, 16 menos que en el mismo periodo de 2017, lo que sumó una inversión de S/ 389 millones, con una caída del 41.7% en comparación con los S/ 667 millones invertidos en el mismo periodo de 2017. Entonces, todo indica que, en 2018, se invertirá menos a través de este mecanismo que en 2016 y 2017, cuando la inversión alcanzó S/ 800 millones y S/ 885 millones, respectivamente.

Al realizar un análisis de la inversión mediante OxI según departamentos, podemos apreciar que Piura fue el departamento que se benefició más de este mecanismo (35 proyectos), con una inversión ejecutada o comprometida de S/ 583 millones, seguido por Áncash (49) y Arequipa (40), con S/ 580 millones y S/ 527 millones, respectivamente. Por otro lado, existen cinco departamentos en los que no se han adjudicado proyectos en lo que va del año: Amazonas, Apurímac, Madre de Dios, San Martín y Tumbes.

LAS APP

Con respecto a la inversión a través de asociaciones público-privadas (APP), resulta preocupante que, en lo que va del año, solo se hayan adjudicado dos proyectos: el proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay, adjudicado en febrero a la empresa Southern Perú Copper Corporation, y el proyecto Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, adjudicado en mayo al Consorcio Transportadora Salaverry, integrado por empresas del Grupo Romero. De acuerdo con ProInversión, la inversión mínima de estos proyectos es de US$ 1,950 millones y US$ 229 millones, respectivamente.

Además, causa consternación que no se haya logrado la adjudicación de 7 proyectos adicionales por un monto de inversión estimado de US$ 7,908 millones, entre los que destacan la Línea 3 del Metro de Lima y Callao (con una inversión estimada de US$ 6,600 millones), el Parque Industrial de Ancón (US$ 500 millones) y tres nuevos centros hospitalarios de alta complejidad en Piura, Chimbote y Lima (US$ 424 millones). Si se tiene en cuenta que la brecha de infraestructura perjudica el crecimiento del país, es prioritario que se vuelva a promover el uso de este mecanismo.

Es importante recordar que tanto las APP como las OxI han sido fundamentales en el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Es a través de estos mecanismos que el Estado logra proveer beneficios a la ciudadanía que no podría brindar con recursos propios. Por tanto, el Gobierno debe favorecer el uso de estos canales, ya que una mejor infraestructura reduce costos, lo acerca a la ciudadanía y contribuye al crecimiento económico.