En octubre último, la última instancia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió la Resolución 0084-2020/SDC-INDECOPI, que resuelve de forma definitiva la denuncia que fue presentada contra una de las principales empresas globales de intermediación de servicios de transporte privado, por supuesta competencia desleal, y deja claro que la naturaleza de esta actividad de intermediación no constituye un servicio de transporte y, por tanto, no compite con las empresas que lo prestan.

No obstante, existen quienes cuestionan esta decisión o no terminan de entender la real naturaleza de los servicios involucrados. Por un lado, lamentablemente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha declarado su oposición al pronunciamiento del Indecopi y se encuentra en el proceso de formular una regulación del servicio de taxi en Lima y Callao que, desconociendo la naturaleza privada de los servicios de transporte intermediados por las plataformas tecnológicas, pretende considerar estos servicios como transporte público de taxi.

De otro lado, recientemente, se ha presentado una nueva propuesta de ley en el Congreso que pretendería nuevamente regular el servicio de transporte intermediado por las plataformas tecnológicas, lo cual, si se aprueba tal como está, definitivamente impactará en el modelo de las economías de plataforma por desnaturalizar sus modelos de operación, en perjuicio de los consumidores. Por tanto, resulta clave reconocer cómo funciona este modelo disruptivo e innovador, y cuáles son los desafíos para los hacedores de política.

Para empezar, es importante mencionar que las plataformas tecnológicas que intermedian diversos servicios, como el transporte o el alojamiento, entre muchos otros, están incluidas en el modelo de la economía colaborativa o economía de plataforma. Este modelo se caracteriza por el intercambio de bienes o servicios a través de plataformas digitales bajo un enfoque de ahorro y beneficio mutuo. Así, los consumidores se pueden contactar con los ofertantes de un bien o servicio que, mayoritariamente, está siendo infrautilizado y, por lo general, se oferta a un precio competitivo. De esta manera, contrariamente a lo que algunos sostienen, la existencia y la consolidación de este tipo de modelos puede ser una oportunidad para impulsar la existencia de precios más eficientes, contar con una mayor variedad de productos y servicios, mejorar la calidad y promover constantemente la innovación.

En este punto, es necesario señalar que la economía colaborativa no es un concepto nuevo. De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2016, nuestro país, junto con Brasil, México y Argentina, lideraba el mercado en cuanto a número de iniciativas de economía colaborativa. Además, la aceptación y el reconocimiento de marca por parte del usuario ha crecido exponencialmente en los últimos años.

No obstante, las denuncias y las constantes barreras que se busca imponer a la economía colaborativa impedirían a la sociedad hacerse de estos beneficios. Entonces, ¿cómo deben actuar los encargados de las políticas públicas? Para poder dar una respuesta, en primer lugar, es necesario reconocer que nos encontramos ante una figura poco estudiada en el país. No obstante, investigaciones internacionales estiman que, en 2025, la economía colaborativa movería cerca de US$ 335,000 millones en todo el mundo, con lo que compartiría un 50% del mercado con el modelo tradicional. En ese sentido, se tiene un potencial desarrollo de este tipo de economía que se vería frenado por posibles ineficiencias, como resultado de disposiciones que afectan al funcionamiento actual del modelo.

Ante lo expuesto, sería más sencillo responder a la pregunta sobre lo que no se debe hacer. La experiencia internacional habla de que medidas como el establecimiento de un régimen de autorización para el inicio de actividades, restricciones en las características del producto o servicio, y la imposición de restricciones cuantitativas son prácticas que deben evitarse por su potencial para generar ineficiencias en el mercado de la economía colaborativa. En ese sentido, la autoridad correspondiente no debe orientar sus esfuerzos a encajar la economía colaborativa en el modelo tradicional, justamente porque este último ha sido superado por la realidad.

Adicionalmente, aún con un sustento económico sólido, expertos en economía colaborativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España exhortan a que toda potencial intervención regulatoria debería justificarse por la existencia de fallas en el mercado, como la información asimétrica. No obstante, las mejoras en las plataformas de intermediación han demostrado poder adaptarse rápidamente y generar información de calidad para procurar el bienestar y la satisfacción de sus usuarios[1]. Esto se logra con información sobre la reputación de los usuarios, tanto de quienes demandan como de quienes ofertan un bien o servicio. Asimismo, estas plataformas se han adaptado y mejorado hasta contar con los requisitos necesarios y suficientes para permitir a un socio ofertar un producto o servicio de calidad.

Finalmente, es importante recalcar que la tentativa de regular la economía colaborativa a partir de un enfoque tradicional significaría la ruptura con la esencia del modelo de negocio. La agilidad, la rápida adaptación al cambio y la innovación son características que las autoridades correspondientes deberían incorporar en su proceso regulatorio. Asimismo, antes de la emisión de cualquier norma que afecte la economía colaborativa, es necesario analizar previamente y en profundidad el mercado y realizar un estudio caso por caso para cada sector en el que esta opera.

Desde ComexPerú, consideramos que los esfuerzos de las autoridades deben orientarse a lograr que el mercado tradicional logre impulsar su eficiencia, antes que frenar el desarrollo de la economía colaborativa.

[1] Las plataformas tecnológicas han desarrollado funciones como el botón de ayuda para emergencias, soporte ante incidentes 24x7, seguimiento de viaje y calificaciones bilaterales.