En la búsqueda de la eficiencia en la economía, muchas veces, los Estados tratan de influenciar la conducta de las personas para alcanzar escenarios que consideran ideales. Una de las herramientas a disposición del sector público para este propósito es el uso de tasas impositivas que reduzcan la cantidad transada de un producto determinado, pues, a ojos de los hacedores de política, su comercialización es perjudicial. Sin embargo, una incorrecta aplicación de estas herramientas puede ocasionar distorsiones no deseadas, que son ineficientes y terminan siendo un costo adicional para los consumidores y la economía en su conjunto.

Este es el caso del alza en la tasa impositiva a vehículos de transporte a gasolina, diésel y vehículos usados, bajo el pretexto de impulsar el consumo de vehículos ecológicos para la protección del medio ambiente, el cual, a la fecha, viene fallando rotundamente.

Mediante el Decreto Supremo 095-2018-EF, se modificó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Los cambios realizados al ISC por el Ejecutivo se pueden categorizar en tres grupos: i) se impuso una tasa del 10% para vehículos automóviles nuevos y motocicletas nuevas y usadas que utilizan gasolina; ii) se impuso una tasa del 20% para vehículos automóviles nuevos y motocicletas nuevas que utilizan exclusivamente diésel o semidiésel; y, finalmente, iii) se impuso una tasa del 40% a vehículos automóviles usados y motocicletas usadas.

EXPONIENDO LOS RESULTADOS

El efecto de los impuestos fue inmediato, de acuerdo con el Informe Técnico de Precios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variación en el nivel de precios de los vehículos a motor durante el periodo enero-abril fue del 1.2% comparado con el mismo periodo del año anterior; mientras que en el periodo enero-agosto dicha variación alcanzó un 10.1%, impulsada por el crecimiento del 5.6% en el mes de junio. Entonces, en lo que va del año, el incremento del precio de los vehículos a motor es el segundo más elevado, únicamente detrás del tabaco (+16.4%).

Así, un primer efecto de la política establecida por el Ejecutivo fue el aumento de los precios de los vehículos nuevos y de segunda mano, lo que impactó negativamente en sus ventas; sin embargo, no existe evidencia alguna de que, a partir de esta medida, se haya generado una demanda por los “productos sustitutos” que tenía en mente el Ejecutivo, como los vehículos eléctricos o híbridos.

Con respecto a los autos eléctricos, según cifras de la Sunat, en lo que va de 2018, se han importado únicamente ocho unidades, de las cuales solo cinco fueron importadas luego de implementada la política; mientras que, en lo que respecta a los vehículos híbridos, a la fecha solo se cuenta con 120 registros de importación. En conclusión, más allá de que también se haya inaplicado el ISC para la venta de estos últimos, se necesitan las condiciones de infraestructura para atender los servicios que requieren este tipo de vehículos, más allá de pensar en “leyes que lo resuelvan todo”.

Más bien, el impacto negativo en las ventas de vehículos nuevos a partir de la aplicación de la medida es lo que viene siendo perjudicial para el medio ambiente, pues limita la renovación del parque automotor con tecnologías más eficientes. De acuerdo con cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), si bien las ventas han aumentado un 4% en lo que va de 2018, dicho incremento corresponde al buen desempeño del mercado durante los primeros meses del año, puesto que, si comparamos los meses posteriores al alza, se aprecia una caída del 6.3% en el trimestre junio-agosto. De igual manera, los resultados negativos se aprecian al analizar las diferentes divisiones, pues en los meses que siguieron al aumento del ISC hubo una menor venta de vehículos livianos (-14.2%) y vehículos menores (-2.45%), los cuales abarcan el 96% del total del mercado. Finalmente, los resultados para agosto han sido significativamente negativos, ya que los vehículos livianos y menores registraron una caída del 23%. Esto demuestra que la política mencionada viene siendo un fracaso, pues solo se han incrementado los costos para la ciudadanía, sin siquiera estar cerca de cumplir el objetivo inicial.

A todas luces, esta es una norma que desde su concepción no soportaría un análisis de impacto regulatorio, más aún a sabiendas de que la mayor argumentación para la aplicación de esta política fue el cuidado del medio ambiente, que no se ha cumplido. Por el contrario, se viene generando un impacto negativo que afecta al resto de actores de la economía inmersos en este mercado, como las empresas, los consumidores e incluso el propio medio ambiente, a partir de la limitación para la renovación de vehículos, como consecuencia de los mayores precios.