Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el próximo Gobierno reduzca el IGV del 18% al 15%, como herramienta para reducir la informalidad en el mercado. No obstante, a nuestro parecer, esto no solo sería poco viable desde el lado hacendario, pues la recaudación de impuestos se vería afectada, sino también porque la coyuntura actual, de mayor gasto público, sobre todo corriente, haría que menores ingresos tributarios abran un hoyo en nuestras cuentas fiscales. Y no, esto no se compensaría con una posible mayor recaudación producto de la mayor formalización, ya que no se tiene la certeza de que el impacto de la reducción de tres puntos porcentuales en el IGV efectivamente aumentará el número de empresas formales, ni mucho menos que será así de ágil, si esta reforma no se da conjuntamente con otras medidas igualmente necesarias, como en materia de simplificación por ejemplo.

Si nos ponemos a pensar por qué una empresa común se queda en el lado informal nos daremos cuenta de que, si bien hay un grupo de contribuyentes que simplemente no está dispuesto a pagar impuestos (y a los que debe caerles el peso de la ley), también hay un gran grupo que está dispuesto a hacerlo, pero que solo no entiende la maraña de leyes, resoluciones y exigencias que la Sunat pide para ser formal y mantenerse en ese lado. Y es que el problema no reside solo en el trámite de formalización (que, además, resulta costoso para una pequeña empresa que recién inicia), sino en todo lo que conlleva: declaraciones mensuales, elaboración y presentación de libros, legalizaciones, comprobantes, actas, procedimientos legales, entre muchas otras responsabilidades adicionales que generan gastos y más gastos.

Adicionalmente, entender y cumplir a cabalidad la ley tributaria es un proceso sumamente complicado y costoso, tanto para el pequeño empresario, que debe invertir tiempo en hacerlo por cuenta propia, como para el mediano o grande, que invierte dinero en contratar a alguien que lo asesore para no cometer errores. En el ámbito tributario, un pequeño error u omisión puede tener graves consecuencias. Resolver y aligerar los procedimientos administrativos y tributarios es solo uno de los pasos más importantes hacia la formalidad. Pero son también otros los asuntos que hoy obstaculizan la operatividad de las empresas privadas y les restan competitividad.

Agenda para los primeros 100 días

Hace mucho venimos haciendo eco de algunos problemas en el ámbito tributario que están afectando gravemente al sector empresarial peruano y cuya solución merece la atención de la administración entrante.

Lo primero (y prioritario) es resolver la situación de las detracciones[1] e ingresos como recaudación, sistema por el cual se permite el desplazamiento de los montos depositados en las cuentas de detracciones de las empresas (en el Banco de la Nación) hacia la Sunat, y cuyas causales son sumamente gravosas para el contribuyente, pues en muchos casos les mantiene congeladas fuertes sumas de dinero (incluso, a veces, por inconsistencias que finalmente se resuelven a favor de la empresa) generándoles graves problemas de liquidez.

Segundo, es necesario implementar un procedimiento especial y rápido para la resolución de casos de prescripción y compensación, pues en la actualidad son largos y esto provoca, por ejemplo, que un contribuyente con deuda tributaria pueda ser sometido a una cobranza coactiva a pesar de tener crédito fiscal, entre otras situaciones igualmente gravosas para las empresas.

Tercero, eliminar gradualmente los sistemas de pago adelantados del IGV. Los regímenes de percepciones, detracciones y retenciones fueron creados de manera transitoria y, actualmente, obligan a muchas medianas y grandes empresas a ajustar o cambiar sus propios sistemas operativos para poder llevar a cabo un trabajo de recaudación que no les corresponde, lo que les genera sobrecostos y una mayor carga operativa que se estiman en S/ 36,000 anuales, para una empresa promedio, por cada régimen (ver Semanario N.° 774).

Cuarto, permitir que el gasto no contabilizado sea aceptado vía deducción en la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio en que se devenguen, para no caer en un reparo permanente al registrarse los años siguientes. Este es un punto muy importante que afecta a una gran cantidad de empresas.

Lo que debe quedar claro es que el sector privado es socio en un 28% del Estado peruano. La buena operatividad del primero le traerá mejores resultados también al segundo; pero, mientras más del 60% de la economía se mantenga en la informalidad, las cosas no van a mejorar. Es más que necesario un trabajo conjunto entre la Sunat y el sector privado para lograr una mejora sustancial en la administración tributaria. Solo de esta manera, acercándose a los contribuyentes no solo para fiscalizar de manera desproporcionada, sino también para buscar elevar la eficiencia del Estado sin menoscabar la operatividad de los privados, es que se lograrán mayores incentivos para que las empresas ingresen al sector formal.