El Perú posee un gran potencial energético, tanto es así que, según el Índice de atracción para la inversión privada en energías renovables, Recai 2016, somos el quinto país más atractivo para invertir en energías renovables en Latinoamérica y destacamos en pequeñas centrales hidroeléctricas, potencial geotérmico y solar a nivel mundial (noveno, undécimo y vigésimo segundo lugar, respectivamente) (ver Semanario N.º 848). Sin embargo, empleamos solamente un 4.5% de nuestro potencial hidroeléctrico técnicamente aprovechable y enfrentamos una sobreoferta energética de aproximadamente un 40% de la demanda interna.

Además, el incremento de nuestra demanda por electricidad está supeditada a proyectos como la ampliación de Cerro Verde y Toromocho, según Laub & Quijandría (2013). Es decir, una cartera de proyectos que en el mediano plazo no da luces de ampliarse, lo que incrementaría aún más nuestra reserva energética, actualmente situada en un 34.5% de la demanda interna[1]. Por ello, deberíamos recurrir a los beneficios del comercio exterior e impulsar la exportación de electricidad, es decir, proyectar más mercados de exportación que se sumen al ecuatoriano.

La interconexión energética internacional es beneficiosa desde diversos puntos de vista. En primer lugar, podríamos explotar la ventaja comparativa que poseemos en el sector y aprovechar el diferencial de costos, lo que supone un beneficio tanto para el productor como para el consumidor. Por ejemplo, en Chile, el costo marginal de producción en el Sistema Interconectado Central (SIC) es de US$ 48.1 por megavatio-hora (MWh), en promedio, mientras que en el Perú asciende a US$ 19.9, según cifras a mayo de 2016, y tal escenario no variará en el corto plazo, de acuerdo con el Ministerio de Energía chileno.

Asimismo, las centrales eléctricas se caracterizan por operar con economías de escala; por lo tanto, mientras más grandes sean sus plantas y su producción, los costos se reducen, lo que incrementa sus beneficios y genera una potencial reducción de la tarifa para el consumidor local. Por si fuera poco, la exportación de energía eléctrica coadyuva a la expansión del uso de energías renovables, beneficioso para nuestro país porque brinda una matriz energética más limpia.

En el plano regional, existen esfuerzos por parte de la Comunidad Andina (CAN) que datan de 2002, cuando se crearon los grupos técnicos en materia energética, y de la implementación de la decisión N.º 536, ambas medidas con el objetivo de erigir un mercado común de electricidad. No obstante, 14 años después no lo hemos conseguido y el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea) está en fase de “diseño básico e ingeniería”. En la actualidad, el grupo de trabajo de organismos reguladores (GTOR), encargado de consensuar los marcos regulatorios entre las partes, ha establecido una hoja de ruta que planteó la interconexión eléctrica con Ecuador, entre 2014 y 2015, la cual hemos logrado parcialmente, y con Chile (país asociado en la integración) entre 2020 y 2021.

En el ámbito nacional, entre 1995 y 2015, la producción de electricidad se ha triplicado y las líneas de transmisión eléctrica se han incrementado un 142%, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). A esto se suma que poseemos una de las tarifas más competitivas de la región; sin embargo, este avance no ha ido acompañado de una adecuada política del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para promover el desarrollo del sector con miras hacia la exportación.

Chile y Perú, una “brecha” favorable

Exportar, además de cubrir las zonas sin electrificar en nuestro país, es la solución óptima a la sobreoferta y nuestros potenciales clientes presentan el escenario propicio. Por ejemplo, Chile ha mantenido un incremento sostenido de su demanda eléctrica del 4.5% anual entre 2002 y 2012, y el Consejo Nacional de Energía (CNE) de Chile proyecta que la demanda del SIC aumente anualmente un 3.9% y la del Sistema Interconectado del Norte Grande, un 4.6% entre 2015 y 2030. Dicho escenario, si bien menos optimista por la desaceleración económica mundial y la menor demanda de cobre (sector que representa un 64% de la demanda chilena total por electricidad), es aún auspicioso para la exportación, ya que este país aún no cuenta con una capacidad instalada suficiente y se estima un déficit de 1,330 MW hacia 2020. La clave radica en que la brecha entre los precios internos de ambos países es, en promedio, US$ 28.2/MWh, lo cual indica que el comercio bilateral y la interconexión eléctrica deberían ser un tema que impulse el próximo Gobierno peruano y su contraparte chilena de la mano del sector privado, dada la ingente inversión en infraestructura que se requiere.

Un diferencial de precios per se no garantiza un intercambio comercial, sino que se necesita una visión estratégica de la política energética de largo plazo, que requiere planificación y voluntad del Gobierno entrante. Contamos con un potencial hidroenergético de 70,000 MW, del cual aprovechamos solo 3,172 MW, y eso sin contar nuestro potencial geotérmico y solar. Dado que el avance del Sinea es lento, es conveniente ser más pragmáticos y pensar en acuerdos bilaterales con países como Chile para la exportación de electricidad, en otras palabras, una integración binacional más que regional en el mediano plazo.