En la edición anterior advertimos sobre el gran reto que enfrenta nuestro país para cerrar la brecha de infraestructura —la cual afecta no solo su competitividad, sino también la calidad de vida de todos los peruanos, especialmente de aquellos en las zonas más vulnerables—, situación que exige impulsar mecanismos de promoción efectiva para la inversión, que permitan a los peruanos disponer de servicios de calidad y generar oportunidades de crecimiento. No obstante, la coyuntura actual muestra que no vamos en la dirección correcta y que, por el contrario, lejos de impulsar las reformas estructurales que el país necesita, los hacedores de política se encuentran entrampados en una crisis que ha relegado las discusiones sobre políticas que aseguren el crecimiento económico sostenible del país y la capacidad para continuar reduciendo la pobreza. ¿Cuáles son las consecuencias?

En julio último, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ajustó a la baja sus estimados sobre el desempeño de la economía, al prever un menor dinamismo para 2019, debido principalmente a una menor inversión privada, la cual ya no crecería un 6.5%, según lo anunciado en marzo, sino un 3.8%, por debajo de lo registrado en 2018. Esto resulta preocupante porque, junto con el consumo, la inversión, particularmente la privada, es uno de los principales motores de la economía, no solo por su participación en el PBI (alrededor de un 24% en los últimos diez años y, en promedio, el 80% de la inversión total en el país), sino también por el efecto multiplicador que tiene en la generación de empleo, la recaudación de impuestos y su articulación con los proyectos de inversión pública (por ejemplo, a través de las asociaciones público-privadas – APP).

Pero ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Qué determina la inversión? Como bien señala el BCRP, este resultado sería la consecuencia de un visible deterioro de las expectativas del sector privado, el cual es el factor determinante para la inversión privada, y las señales que da el Estado al respecto juegan un rol fundamental. En efecto, la seguridad jurídica que este ofrece, el respeto a las reglas de juego y al Estado de derecho, son un ancla para la inversión privada en cualquier país (y el Perú no es la excepción), y la experiencia así lo demuestra.

De esta forma, el contexto actual, carente de un liderazgo en materia económica y que amenaza la seguridad del marco jurídico, ha afectado seriamente la confianza del sector privado peruano. Claro ejemplo de esto son los recientes eventos relacionados con los proyectos mineros Tía María y Quellaveco. Así, el pasado 8 de agosto, el BCRP publicó el resultado del índice de confianza empresarial, el cual revela que las expectativas del sector se ubican en el tramo pesimista[1]. Sin duda, esto supone un enorme reto para la actual administración, más aún cuando las cifras y proyecciones de crecimiento muestran una desaceleración para nuestra economía. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento de la producción en mayo fue del 0.63%, frente al 6.7% alcanzado en 2018, por debajo del crecimiento promedio mensual registrado desde 2015. Igualmente, en julio, el Fondo Monetario Internacional bajó en 0.2 puntos porcentuales su estimado para el crecimiento del PBI del Perú[2].

De igual forma, si bien según el Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública —que representa un 5% del PBI– mostró una recuperación hacia junio (15.5% en términos nominales respecto al mismo periodo de 2018), en julio cayó un 6%, y de acuerdo con el BCRP esta crecería solo un 1% en 2019.

Es evidente que una paralización de la inversión afectaría nuestro crecimiento, lo que no es cosa de juego. Por ejemplo, según cifras del BCRP, entre marzo y mayo de 2019, el número de empleos formales en el sector privado se contrajo un 7.2%. Este escenario supone, además, una barrera para la reducción de la pobreza, pues, según el Instituto Peruano de Economía, debido a un menor crecimiento, afectaría directamente a alrededor de 315,000 personas, las que regresarían a la condición de pobres.

Por tanto, noticias como la ampliación del límite para la ejecución de obras por impuestos son señales positivas y se necesita más. Es momento de retomar el liderazgo económico en el país y de impulsar reformas en beneficio de la población por encima de intereses particulares que apuestan por modelos probadamente fallidos. No hacerlo costará muy caro y condenará a los más vulnerables a la pobreza.

[1] BCRP (2019). Notas de Estudios del BCRP, N.° 53. Disponible aquí.

[2] FMI (2019). Perspectivas para América Latina y El Caribe: una recuperación atascada. Disponible aquí.