Una reciente investigación del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CET.LA) indica que, para llegar a los niveles de digitalización de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 2025, se requerirían US$ 160,000 millones de inversión en la región. El estudio también estima que la digitalización contribuye al crecimiento del producto bruto interno (PBI), la productividad del trabajo y la productividad multifactorial, pues un aumento del 1% en el índice de digitalización resulta en un incremento del 0.32% en el PBI, el 0.26% en la productividad laboral y el 0.23% en la productividad multifactorial.

Según el reciente estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), existe una alta relación entre la competitividad de los países y sus niveles de digitalización, al analizar indicadores de competitividad global y adopción digital del Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, respectivamente, y los países más competitivos son aquellos que tienen mayores niveles de digitalización. Por un lado, el proceso de digitalización de un país comprende tanto al ciudadano como a las empresas y el Gobierno. Un ciudadano más digitalizado posee mayores herramientas para aprovechar sus habilidades. Las empresas digitalizadas aumentan su eficiencia y acceso a nuevos mercados. Y el desarrollo del Gobierno digital aumenta la transparencia en la provisión de servicios públicos.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la transformación digital en un país va de la mano con un incremento en las inversiones en términos de infraestructura digital, la cual debería enfocarse en universalizar la conexión de banda ancha. Asimismo, como palanca fundamental para el aumento de la productividad y la reducción de la brecha digital de América Latina con respecto a los países de la OCDE, se debe impulsar el crecimiento de industrias digitales, la digitalización de los hogares y las empresas. 

¿CÓMO NOS AFECTA LA BRECHA DIGITAL A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN?

De acuerdo con el estudio de la CAF, para 2020, se calcula un índice de resiliencia digital del hogar para los países de América Latina y la OCDE a partir de la combinación de cuatro indicadores: i) Uso de internet para apps de salud; ii) Uso de internet para apps educativas; iii) Densidad de plataformas fintech; e iv) Intensidad de comercio electrónico. El mencionado índice mide la adopción de los países, y mientras más alto es significa que la población está más preparada para afrontar la cuarentena sanitaria mediante la digitalización de hogares.

En el gráfico se observa la diferencia promedio que existe entre América Latina y los países de la OCDE, lo cual indica que los hogares de estos últimos están mejor preparados digitalmente para afrontar la pandemia. La segunda conclusión es la heterogeneidad del índice dentro de la región, pues países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia muestran un nivel más alto de preparación que el resto de los países.

En el caso del Perú, se encuentra por debajo del promedio de América Latina, lo que significa que, de manera agregada, la posibilidad de hogares para acceder a información sanitaria, realizar transacciones monetarias, adquirir bienes por comercio electrónico y contribuir a la educación de niños en países con un índice inferior a 30 es más limitada. Así, resulta evidente por qué una serie de medidas aplicadas por el Gobierno en el marco de la COVID-19 no habrían sido del todo exitosas.

Asimismo, de acuerdo con el estudio de la CAF, aproximadamente el 75% de las pérdidas económicas durante la COVID-19 habrían podido ser mitigadas en aquellos países con buena infraestructura de conectividad. En este contexto, aplicaciones digitales que habilitan el teletrabajo, la educación a distancia, la realización de trámites, la interacción social y el esparcimiento aparecen como una solución para lidiar con los requerimientos que nos impone el contexto. El factor habilitante para su uso es la conectividad. Sin embargo, en los países de América Latina, la brecha digital se manifiesta en un nuevo elemento de inequidad: la desigualdad digital.

Nuestro país no ha sido ajeno a los esfuerzos para el cierre de esta brecha. Con el objetivo de impulsar la conectividad digital y democratizar el acceso a internet para todos, se aprobó en febrero el Decreto de Urgencia 004-2021, en el que se estableció la puesta en marcha del plan Todos Conectados, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que busca inyectar más de S/ 1,580 millones para expandir el servicio de internet móvil en el país. La meta es conectar con tecnología móvil 4G a más de 1.6 millones de ciudadanos a fines de 2021.

Bajo esa coyuntura, desde ComexPerú se viene trabajando una agenda digital que identifica las necesidades del sector privado en el marco del proceso de transformación digital de nuestro país, el cual propone una mayor conectividad sustentada en dos pilares fundamentales: un marco regulatorio facilitador y una agresiva promoción de infraestructura. Por lo tanto, se alinea a lo planteado por el Gobierno en cuanto a promover el impulso masivo de instalación de infraestructura, que significaría un plan de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (antenas y fibra) a nivel nacional para el cierre de brechas.

Asimismo, se propone un marco legal simplificado, que permita actualizar la metodología de renovación de concesiones y descartar iniciativas que generen barreras para el despliegue o introduzcan mayores restricciones o aprobaciones previas. El cual va de la mano con defender políticas de gobierno basadas en la liberación de la mayor cantidad de espectro radioeléctrico que sea posible, en todas sus modalidades de operación, a fin de maximizar el bienestar social, especialmente en un escenario de incremento de la demanda de servicios digitales, como la telemedicina, teletrabajo y teleducación, así como una mayor oferta de actividades económicas vía economía digital y comercio electrónico.

Finalmente, se recomienda promover una acción conjunta del gobierno, el sector privado y la sociedad civil de la región con miras a consensuar y facilitar la ejecución de las acciones necesarias para expandir las redes de fibra óptica para mejorar la calidad de servicios de educación, salud, inclusión financiera y potenciar la productividad, sobre todo en las zonas más alejadas de nuestro país.