De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado de derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas o privadas (incluido el mismo Estado) están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. En ese sentido, se debe garantizar el respeto, la igualdad y la rendición de cuentas ante la ley, así como una transparencia procesal y legal. Es por esto que actos de corrupción, así como una debilidad en el sistema de justicia, constituyen situaciones que atentan contra el Estado de derecho y que, lamentablemente, son recurrentes en nuestra sociedad. Al respecto, cabe mencionar que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para un 48% de la población, la corrupción es el principal problema del Perú.

De acuerdo con el Rule of Law Index 2016 (RLI), elaborado por el World Justice Project, el Perú aún tiene mucho por mejorar en materia de Estado de derecho, pues ocupa la posición 65 de 113 países. Así, en una escala de 0 a 1[1], tenemos una puntuación de 0.51. Con esto, somos el décimo octavo país en Latinoamérica y el Caribe en el ranking, siendo superados por países como Uruguay (0.72), Chile (0.68) y Brasil (0.55); mientras que nos ubicamos en mejor posición que México (0.46), Ecuador (0.45) y Bolivia (0.4).

¿En qué debemos mejorar?

Nuestro país está sujeto a situaciones que atentan contra el Estado de derecho. Una de las principales es la corrupción. Su impacto se traduce en sobrecostos en contrataciones estatales y del sector privado, así como en la pérdida de los recursos de todos los peruanos. Según el Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad 2016, en el Perú se pierden S/ 12,600 millones anuales por prácticas de corrupción, lo que equivale a casi un 10% del Presupuesto General de la República en 2016 y más del 2% del PBI (ver Semanario N.° 885).

Por otra parte, la cantidad de funcionarios involucrados es alarmante: de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), entre los años 2009 y 2016, en promedio 24 funcionarios por día estuvieron sujetos a responsabilidades penales, civiles o administrativas. No sorprende entonces que, de acuerdo con el RLI, respecto de la existencia de corrupción, nuestra puntuación sea de 0.36, con lo cual ocupamos la posición 24 de 30 países en América Latina y el Caribe.

Otro factor en el que presentamos deficiencias es en el sistema de justicia criminal. En este aspecto, resalta la poca capacidad correctiva. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a marzo de 2017, la población recluida en establecimientos penitenciarios fue de 82,898, lo que significó un aumento del 6% con respecto a marzo de 2016, y de este total, un 36% fueron reincidentes. Cabe destacar que, de mantenerse este incremento, no solo se perjudicaría aún más el Estado de derecho, sino que se agravarían los problemas de infraestructura, dado que se deberían construir dos centros penitenciarios por año con la misma capacidad que el de Lurigancho, para resolver los problemas de hacinamiento. Solo a manera de ejemplo, a marzo de 2017, la diferencia entre la población penal y la capacidad de albergue fue de 46,970 internos. En sentido estricto, esta cantidad de internos no debería tener cupo en el sistema penitenciario, lo que refleja su crítica situación.

La debilidad en el sistema de justicia también se evidencia a través de la impunidad. De acuerdo con la CGR, el proceso de sanción para un caso importante de corrupción tarda en promedio 7.5 años, con injerencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, siendo en este último donde transcurre el mayor tiempo (5 años). Para solucionar este problema, es evidente que se deben simplificar los procesos judiciales, así como aplicar sanciones oportunas.

Por otra parte, un factor que también actúa en detrimento del Estado de derecho es la deficiencia regulatoria, la cual se evidencia en las demoras del proceso burocrático o en el cumplimiento de obligaciones como los contratos. De acuerdo con el Doing Business 2017, en una disputa comercial, el cumplimiento de contratos demora 426 días y se requiere el 35.7% de la cantidad demandada, mientras que, por ejemplo, Corea del Sur, que es el país mejor ubicado en este aspecto, solo requiere 290 días y el 12.7%, respectivamente.

Sin duda, el Perú aún tiene mucho por mejorar en materia de Estado de derecho. Es deber del Estado, a través de la implementación de adecuadas políticas públicas, buscar su aplicación efectiva, dado que esto traerá beneficios que contribuyen a un mayor desarrollo, tales como alivio de la pobreza, impulso de la educación y acceso a la justicia de manera igualitaria para toda la población. Además, esto generará un mejor ambiente de negocios, lo que constituye un potente motor para la atracción de inversiones, al asegurar el respeto de los contratos y de los derechos de propiedad, así como una menor corrupción. Estas son oportunidades que el Perú no puede darse el lujo de desperdiciar.