Asignar al Estado un rol empresarial lleva a resultados desfavorables, ya sea en la forma de pérdidas financieras de las empresas públicas, la aparición de prácticas corruptas o la prestación deficiente de bienes y servicios esenciales, entre otras. A esto se le suma el elevado costo de tener que rescatar a estas empresas cada vez que incurren en pérdidas utilizando fondos de los contribuyentes que podrían destinarse a cubrir las necesidades de la población. El Perú cuenta con una vasta evidencia sobre la ineficiencia del Estado como empresario, algunos ejemplos notables incluyen los casos de AeroPerú en el sector del transporte aéreo, Enel Perú en telecomunicaciones y, en relación con el enfoque de este artículo, Petroperú. 

A través del Acuerdo de Directorio N.o 087-2023-PP, del pasado 3 de agosto, Petroperú presentó su más reciente solicitud de soporte financiero. En una decisión mayoritaria de su directorio, la compañía petrolera buscó nuevamente el apoyo financiero del Ministerio de Energía y Minas (Minem) con el propósito de "preservar la estabilidad del mercado de combustibles" y "atenuar los riesgos" frente a posibles situaciones de escasez de combustibles a nivel nacional. El paquete de respaldo incluye la capitalización de apoyo financiero del año pasado por US$ 750 millones, la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios por un monto de hasta S/ 500 millones, y la garantía del Gobierno nacional por US$ 1,000 millones para facilitar las operaciones de importación de petróleo crudo, combustibles y otros derivados de los hidrocarburos, así como biocombustibles. 

La solicitud de capital alcanza una cifra superior a los S/ 5,500 millones y, de ser aprobada, la empresa habrá recibido más de US$ 5,000 millones en apoyo financiero del Estado, es decir, dinero de todos los peruanos, desde 2017. Para darnos una idea de lo que significa, esta cifra es mayor al presupuesto total de inversión pública asignado al sector salud acumulado de los últimos 3 años. Como si no fuera suficiente, a esto se le añade el otorgamiento de tres lotes petroleros en el norte del país sin un proceso de licitación previo, lo cual no fue incluido en el cálculo de la asistencia financiera mencionada. 

De acuerdo con los estados financieros de Petroperú, durante el primer semestre de este año, la empresa ha reportado pérdidas por US$ 380 millones. Esto se explica por la falta de competitividad de la empresa, pues durante dicho periodo las ventas totales de la compañía han disminuido en cerca del 40%. De continuar con esta tendencia, sería el segundo año consecutivo con resultados negativos, ya que en 2022 la empresa acumuló pérdidas por US$ 278 millones. 

En ese sentido, las transferencias señaladas solo protegen a una empresa que carece de la competitividad necesaria para permanecer en el mercado. Generalmente, se defiende a Petroperú por la amplia participación que tuvo en algún momento en el mercado interno de combustibles, pero desde hace años ya no explica la mitad de dicho mercado. Esta empresa pierde participación todos los años, tras pasar del 48% al 31% del mercado interno de combustible entre 2018 y 2022. Esto se explica no solo por el mal manejo de la Petroperú, sino también debido a que las empresas privadas han demostrado ser más eficientes y productivas, lo que les ha permitido elevar su producción. 

En este contexto, cabe preguntarnos ¿es necesario mantener a Petroperú para abastecer el consumo interno de combustible? La tendencia de los últimos años es clara, de continuar así, esta empresa no podrá competir con el resto por la falta de una gestión adecuada. Hoy ya no explica la mayoría del mercado interno de combustibles como ocurría antes, de manera que es necesario comenzar a facilitar y promover el ingreso de empresas con mejores prácticas empresariales al mercado, que garanticen a los peruanos un mejor servicio. 

Las empresas estatales no son necesariamente negativas, puesto que finalmente cumplen, o cumplirían, con el rol subsidiario del Estado contemplado en la Constitución, pero es inaceptable preservar a aquellas que no son competitivas y solamente generan pérdidas cuantiosas para todos los peruanos, en vez de asignarse estos recursos a otras urgencias que tenemos como país. 

La práctica común en el mercado es que las empresas con resultados tan negativos como Petroperú sean reemplazadas por sus competidores, con lo cual se asegura mejor calidad en el servicio. Es fundamental reconocer que sus resultados evidencian que ya está comenzando a ocurrir esto, de manera que la prioridad debe ser permitir el ingreso de empresas más competitivas al mercado interno de combustibles.