El pasado 27 de febrero, se publicó el Decreto de Urgencia N.o 004-2024, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles, el desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional y hacer más eficiente la gobernanza de la empresa estatal Petroperú. En otras palabras, se aprobó un nuevo préstamo hasta por US$ 800 millones, bajo garantía del Gobierno nacional; se amplió el endeudamiento de corto plazo otorgado en octubre de 2022, que originalmente tenía un periodo de pago menor a un año; y se estableció la recomposición transitoria del directorio, en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la publicación del decreto. Lo que llama la atención de todo esto es la gama de facilidades que la empresa estatal sigue recibiendo a pesar de su lamentable desempeño económico en los últimos años. 

Al revisar los estados financieros de Petroperú correspondientes al año 2023, se observa que los ingresos totales por operaciones regulares ascendieron a US$ 4,009 millones. Por su parte, el costo de venta alcanzó los US$ 4,365 millones, de los cuales US$ 3,757 millones correspondieron a compras de crudo y productos refinados, debido a que la empresa no cuenta con la capacidad suficiente para refinar la extracción de petróleo. Estos resultados generaron que la empresa estatal registre una utilidad bruta negativa de US$ 356 millones. 

Por otro lado, los gastos operativos de la empresa ascendieron a US$ 331 millones, de los cuales US$ 235 millones correspondieron a responsabilidades administrativas, que incluyen pagos al personal (US$ 67 millones) y terceros (US$ 72 millones). Finalmente, los gastos financieros sumaron US$ 267 millones, explicados por deuda emitida a través de bonos (US$ 139 millones) e intereses por préstamos de capital de trabajo (US$ 102 millones). Al final del ejercicio y luego de impuestos, la petrolera cerró 2023 con pérdidas por US$ 823 millones, su peor rendimiento histórico. 

Al comparar este resultado con los de años anteriores, se observa que la utilidad neta experimentó un importante descenso hasta reportar un resultado fuertemente negativo en 2023. Esta tendencia se arrastra durante los últimos 5 años (sin contar 2021), al pasar de US$ 171 millones en 2019 a la que vemos hoy en día. 

Entre los factores determinantes de esta caída, se encuentra la diferencia entre las ventas totales y el costo de venta (utilidad bruta) que pasó a ser negativa por primera vez en 2023. Por otro lado, los gastos administrativos también influyeron en el resultado, pues alcanzaron un máximo el año pasado debido a los mayores pagos a terceros y cargas de gestión. En el primer rubro destacan los mayores gastos por asesoría, peritaje y auditorias, que sumaron US$ 22 millones, US$ 7 millones más que en el año anterior; y los gastos bancarios, que fueron de US$ 19 millones, US$ 15 millones más que 2022. En cuanto a las cargas de gestión, se destaca el aumento de las sanciones administrativas a la empresa, que registraron US$ 51 millones, lo que significa US$ 22 millones más que en el periodo anterior. Finalmente, el aumento en gastos financieros también contribuyó a este resultado, en particular la emisión de bonos e intereses mencionados anteriormente, dado que la primera entrada no existía y la segunda no alcanzaba ni los US$ 3 millones hasta hace un par de años. 

Anteriormente, desde ComexPerú, cuestionamos el desempeño de Petroperú como empresa (ver Semanario 1179). Algunos defensores de la firma sostienen que su ausencia produciría una escasez de combustible a nivel nacional; sin embargo, su participación en el mercado interno no es lo que solía ser. Esta se redujo en la última década, pues pasó de tener el 51% de la industria en 2013 al 44% en 2019 y al 31% en 2022. Por otro lado, el costo de oportunidad de disponer recursos públicos para que esta empresa estatal subsista, si solo contamos el monto del último préstamo de corto plazo, resulta equiparable al presupuesto público asignado a proyectos de los sectores de ambiente y defensa y seguridad nacional para 2024 (S/ 1,643 millones en conjunto). Por último, y de manera más reciente, se cuestionan las acciones de la empresa en favor de su adjudicación de lotes petroleros en el norte del país. Al igual que sucedió con los lotes I, VI y Z-69 en Talara, cabe la posibilidad de que la empresa se quede con la administración total del lote X (también en Talara), que representa cerca del 30% de la producción petrolera del país, sin contar con las capacidades para operarlo de una manera óptima. 

La idea de un Estado empresario es inaudita y, aunque aún existen algunos puntos de resistencia, cada vez son más las personas informadas que entienden por qué en el mundo real las empresas ineficientes quedan fuera el mercado. Del mismo modo, se reconoce la importancia que tiene la inversión y participación privada en una economía en vías de desarrollo como la peruana. Por esto, será necesario un entorno favorable para conseguirla y reglas de juego claras a fin de que el crecimiento sea sostenible. Estos ajustes facilitarían la ejecución de proyectos de gran expectativa para 2024 y mejorarían las perspectivas de crecimiento actuales. Por el contrario, seguir financiando la ineficiencia con los recursos de todos los peruanos reprime la confianza y mantiene la incertidumbre.