En 2012, Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, señalaba que esta sería la empresa más moderna del Estado y, en ese tiempo, el modelo a seguir era la estatal brasilera Petrobras, ahora afectada por grandes escándalos de corrupción. Sin embargo, debido a los derrames de crudo ocasionados por la empresa estatal durante este año, podemos afirmar que esas palabras no pueden estar más alejadas de la realidad. Esto evidencia cada vez más que el Estado no debe jugar a ser empresario, sino dedicarse a empujar seriamente sus grandes “empresas”, como la educación, la salud o la seguridad.

Según nuestra Constitución, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Asimismo, dicha intervención empresarial debe realizarse cuando el sector privado no pueda ejecutarla. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿el abastecimiento de petróleo en nuestro país es una función primordial del Estado, de mayor relevancia que la salud o la educación, por ejemplo? Pues no. Incluso, para alcanzar el desarrollo sostenible, nuestra matriz energética, por el contrario, debe migrar paulatinamente hacia energías más limpias y renovables, como la geotérmica o la solar, para las que poseemos condiciones privilegiadas a nivel mundial (puesto 11 y 22 respectivamente, según el índice de atracción para la inversión privada en energías renovables Recai) (ver Semanario N.° 818). La segunda pregunta es si dicha actividad no podría realizarla un agente privado. Claramente sí, porque en el mercado operan varias empresas privadas.

Las iniciativas empresariales estatales en nuestro país no han sido fructíferas. Solo hay que considerar que el Estado, además, enfrenta una serie de demandas sociales que debe satisfacer; mientras que el sector privado posee mayores incentivos para generar utilidades y concentrar su atención en ello. Por ejemplo, según la novena encuesta nacional sobre corrupción 2015, los tres principales problemas para los peruanos son la delincuencia, la corrupción y el consumo de drogas. ¿No sería más razonable que el Estado se focalice en estas tareas en lugar de improvisar empresarialmente?

Tal parece que el Gobierno actual no comprendió eso y, por el contrario, aceleró la presencia de PetroPerú en el sector hidrocarburos. Muestra de ello es la inconveniente Ley N.° 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), cuya ejecución costaría unos US$ 3,000 millones y ya lleva un avance físico del 37.3% a mayo de 2016. Y es que, en este caso, los peruanos financiamos gran parte de esta inversión, porque se cuenta con garantías del Gobierno nacional por un monto de hasta US$ 200 millones anuales y un total de US$ 1,000 millones en respaldo de las obligaciones financieras derivadas de los financiamientos que se contraten. ¿Vale la pena asumir tal riesgo? (ver Semanario N.° 755).

Tal como hemos mencionado en ediciones anteriores (ver Semanario N.° 720), estas sumas de dinero no deberían invertirse en un negocio cuya rentabilidad no está garantizada en un contexto de tendencia incierta respecto del precio del petróleo. Con el precio que este tenía en junio de 2014, eran necesarios 23 años para recuperar la inversión. ¿Cuánto necesitará ahora Petroperú para recuperarla, ante una tendencia a la baja del precio del petróleo? Según el Fondo Monetario Internacional, este cayó sostenidamente desde inicios de 2012 y muestra una ligera recuperación desde marzo del presente año. Asimismo, el entorno internacional durante 2015 fue desfavorable, porque se produjo una conjunción de factores como el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU. (FED), el aumento de inventarios de crudos y productos derivados, y un débil crecimiento de la demanda. Esta situación evidencia claramente un riesgo que los peruanos no debemos asumir.

A esto se suma que, en 2014, Petroperú reportó pérdidas netas ascendientes a S/ 218.4 millones y el año pasado obtuvo una utilidad neta de S/ 502.7 millones, lo que evidencia la volatilidad del negocio y genera suspicacias, ya que la inversión fue mayor por el PMRT. Además, en el mismo período, la empresa estatal alcanzó una participación del 50% en el mercado interno de combustibles, cifra que no permite desestimar su relevancia en la oferta interna. Así, parecería que la rentabilidad del negocio aumentó en 2015, pero a la par se mostró que la ineficiencia estatal para manejarla es indiscutible.

En lo que va del año han ocurrido tres derrames de crudo y en los últimos cinco años se produjeron más de 20 accidentes que han perjudicado gravemente la salud de nuestra Amazonía y múltiples comunidades indígenas, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Este organismo declaró responsable a Petroperú por el incumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al no realizar el mantenimiento del kilómetro 41+833[1] del oleoducto Norperuano.

Existen “empresas” de las que sí se debe encargar el Estado, como brindar educación de calidad a todos los peruanos, generar mayor conectividad o reducir la pobreza. ¿Qué otras señales necesitamos los peruanos para convencernos de que el Estado no debe jugar a ser empresario? ¿Qué más tiene que pasar para ver esta cruda realidad?