Si bien, por un lado, el Ejecutivo hace campaña bajo la frase #InvertirParaCrecer, por el otro, sus acciones van totalmente en sentido contrario. “Gobernando con miedo” se ajustaría más para caracterizar anuncios recientes del primer ministro, al señalar que se “van a respetar los contratos, pero los que empiecen bien” o que “todos los contratos son revisables”, o anteriores, como la revisión de los peajes o la anulación del reajuste tarifario del agua potable en Moquegua. ¿Miedo a la desaprobación o a las protestas sociales? Estos anuncios solo socavan nuestra institucionalidad y la seguridad jurídica, tan necesarias para alentar las inversiones que nuestro país requiere urgentemente. La estabilidad jurídica es un principio que de ninguna manera se negocia.

La derogación de los decretos supremos que autorizaban la firma de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el norte del país es un duro golpe a la imagen del país y la promoción de las inversiones. Una decisión sin sustento alguno y que inclusive no toma en cuenta el informe del Órgano de Control Institucional de Perupetro, dependiente de la Contraloría General de la República, de abril de este año, que indica que no se han identificado hechos que vulneren el cumplimiento de los procedimientos y requisitos legales en el proceso de autorización de dichos contratos. Se cumplieron, por tanto, todos los requisitos de participación ciudadana que contempla la ley y se realizaron cerca de 30 talleres con la población y las autoridades; asimismo, el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha desarrollado talleres con gremios de pescadores artesanales (según consta en su página web).

La inversión en el sector hidrocarburos es de suma importancia para nuestro país, que es deficitario en petróleo, y donde se han invertido millones en una refinería para procesar crudo que no tenemos. Así, como mínimo, deberíamos apostar por la exploración para estar en línea con la inversión realizada. La inversión en exploración de hidrocarburos pasó de US$ 946 millones en 2012 a US$ 17 millones en 2017, y en 2016 y 2017 se han perforado 0 y 4 pozos exploratorios, respectivamente. Hoy, con la decisión tomada, estas cifras no serán revertidas y se estaría perdiendo una inversión de más de US$ 200 millones. Pero, más importante aún, se perderán recursos para las regiones del norte del país, que tanto los necesitan para atender proyectos de salud, educación y de la propia reconstrucción por el fenómeno de El Niño costero.

Así, tenemos a un poder Ejecutivo que, a través del Minem, autoriza la firma de los contratos y meses después retrocede, lo que muestra una total falta de institucionalidad en el país. Cambia el ministro, cambia la opinión. ¿Qué pueden esperar otros inversionistas entonces? Y ahora el Estado tendrá 120 días para generar un reglamento de participación ciudadana (que ya existe), el cual aplicará incluso a aquellos procesos en trámite. Esperemos que este no sea una traba burocrática más para las inversiones en el país, guiado por presiones políticas.

Si seguimos pisando en falso, solo veremos ir las inversiones a otros países de la región y no recuperaremos el dinamismo del crecimiento económico, lo que generará más oportunidades perdidas.