Los planes de desarrollo urbano en zonas arqueológicas y culturales deben considerar la preservación del patrimonio, a la vez que se gestionan las necesidades de turismo y desarrollo local. Un cambio de zonificación planteado en la actualización del PDU de Urubamba fomentaría la congestión del Valle Sagrado y la pérdida de la riqueza cultural y paisajista. 

Muchos países cuentan con leyes específicas para la protección del patrimonio cultural. Estas determinan qué áreas pueden ser desarrolladas y establecen regulaciones sobre la construcción y el uso del espacio en zonas cercanas a sitios arqueológicos. En el Perú, la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece las normas para la identificación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural del país. 

Un PDU debe incorporar estudios de impacto ambiental para evaluar cómo los desarrollos urbanos podrían afectar una determinada zona. En ese contexto, la zonificación se presenta como una herramienta de planificación urbana, diseñada para asignar áreas específicas a distintos usos, como residenciales o industriales. Esto facilita una gestión eficiente del crecimiento urbano y protege los recursos naturales y culturales, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los lineamientos recomendados para una correcta zonificación en áreas con patrimonio cultural, según la Unesco y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, incluyen la implementación de zonas de amortiguamiento para limitar el impacto del desarrollo urbano en los sitios protegidos, a fin de asegurar que estos mantengan una relación visual y funcional con el entorno cultural. Además, se promueve la integración urbana sostenible, para evitar que los sitios patrimoniales estén aislados, y la compatibilidad de usos, para asegurar que las nuevas actividades o construcciones no alteren el carácter histórico o cultural del lugar. 

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN URUBAMBA

La Municipalidad Provincial de Urubamba propone una nueva zonificación en la actualización del PDU que contraviene acuerdos institucionales destinados a la protección del patrimonio cultural y natural de la provincia. La Ley N.º 14135 declara Urubamba como “Provincia Arqueológica”, y la Resolución Directoral Nacional N.º 988/INC reconoce al Valle Sagrado de los Incas como Patrimonio de la Nación. Estos acuerdos incluyen la protección de distritos como Yucay y Huayllabamba. 

Según el artículo 114 del Decreto Supremo 012-2022-VIVIENDA, la zonificación debe basarse en la capacidad de soporte del suelo. Sin embargo, el PDU no presenta un análisis actualizado de esta capacidad ni vincula la capacidad urbanística proyectada. En ese sentido, se buscaría clasificar parte del valle de Urubamba como suelo urbano, aun cuando sus suelos agrícolas representan un 19.4%[1] del área, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esto afectaría a cultivos como el maíz blanco gigante del Cusco, que se produce en esta zona y cuenta con denominación de origen, lo que exige proteger sus suelos para garantizar su calidad y prestigio. 

Asimismo, el PDU pretende cambiar el uso de suelo agrícola a zonas de densidad baja, media y alta, para permitir construcciones de 9 a 21 metros de altura (3 a 7 niveles), principalmente a lo largo de la vía interprovincial de Calca, Urubamba y Ollantaytambo. Esto contrasta con la regulación actual, que permite edificaciones de hasta 9 metros o 3 niveles, lo que alteraría el recurso paisajístico del Valle Sagrado. 

El PDU propuesto busca clasificar Urubamba como una ciudad intermedia, pese a que, de acuerdo con el manual del Ministerio de Vivienda, una condición para que esto ocurra es contar con más de 100,000 habitantes. Actualmente, Urubamba tiene 30,000 y, según las proyecciones del PDU, alcanzaría los 50,000 luego de la entrada en operación del Aeropuerto de Chinchero. Esto demuestra que la propuesta vial no se ajusta a la realidad demográfica actual ni a las proyecciones.

El fomento del crecimiento urbano en Urubamba sin considerar criterios técnicos vigentes ni el recurso natural y cultural genera preocupación, ya que, en el futuro, sería necesario incrementar los servicios básicos para atender a la creciente población. En la actualidad, la provincia enfrenta limitaciones en el acceso a agua potable, pues solo el 80% de la población urbana se abastece de esta mediante la red pública, según cifras del INEI. Un incremento en la población sin un adecuado plan que permita a la ciudad estar en condiciones adecuadas para afrontarlo agravaría aún más esta problemática, lo que pone en riesgo la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos. 

La nueva zonificación abarcaría el territorio con parámetros que no favorecen la preservación ni la conservación de la esencia del Valle Sagrado de los Incas; por el contrario, fomentaría la congestión debido al modelo de ocupación, edificación y densificación planteado. Además, este cambio respondería a intenciones políticas que parecen priorizar intereses particulares sobre el bienestar colectivo y la sostenibilidad del territorio. El fomento del crecimiento urbano debe seguir un modelo ordenado, con enfoque territorial, de manera que el ecosistema en el que se desarrollan la agricultura, el comercio y el turismo no se vea afectado.

[1] Información a 2018 de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.