La planificación urbana es el proceso de descripción, análisis y evaluación de las condiciones de funcionamiento de las ciudades para generar propuestas de diseño y políticas que regulen su dinámica urbana. Así, dicha planificación es fundamental para promover un crecimiento económico sostenible y una calidad de vida óptima en las ciudades. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un ejemplo destacado de cómo la planificación urbana puede impulsar el crecimiento económico se encuentra en Curitiba, Brasil. Esta ciudad ha sido reconocida internacionalmente por su enfoque innovador en el diseño urbano, que incluye un sistema de transporte público eficiente, zonas verdes bien distribuidas y una integración efectiva entre áreas residenciales, comerciales y recreativas. Gracias a estas medidas, Curitiba ha logrado atraer inversiones, fomentar el turismo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el lado opuesto tenemos al Perú, donde el fracaso de la planificación urbana se manifiesta en una ocupación desordenada del territorio, originado por un boom demográfico en la segunda parte del siglo XX, durante la cual la falta de una visión integral condujo a un mal uso de los recursos naturales y un desarrollo económico desequilibrado. La ausencia de una planificación adecuada ha resultado en un crecimiento expansivo e informal de las ciudades, con la proliferación de barrios marginales y asentamientos informales que carecen de servicios básicos y se ubican en zonas de alto riesgo. 

Así, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2022, un 45.1% de la población vivió en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas. Aunque dicha tasa venía decreciendo hasta 2019, la pandemia aumentó el estado de vulnerabilidad de las personas y exacerbó las condiciones socioeconómicas precarias, lo que contribuyó al incremento de la población urbana que vive en condiciones inadecuadas. 

Según el CEPLAN, este escenario genera una serie de impactos negativos que afectan tanto la calidad de vida de la población como el desarrollo sostenible del país. Entre ellos se encuentran el limitado acceso a servicios públicos, el aumento de la vulnerabilidad ante desastres naturales, la exacerbación de la desigualdad social, el incremento de la delincuencia, así como dificultades en la gestión municipal. 

Para enfrentar esta problemática y velar por el ordenamiento de la expansión de las ciudades, mediante el Decreto Supremo N.° 022-2016-VIVIENDA, se publicó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible en 2016, que luego fue actualizado al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible mediante el Decreto Supremo N.° 012-2022-VIVIENDA en 2022. 

Dicho reglamento busca establecer los procesos relacionados con la planificación urbana del desarrollo sostenible. Asimismo, vela por la participación efectiva de la ciudadanía mediante consultas públicas y regula la forma en la que las autoridades municipales deben gestionar y supervisar el cumplimiento de los planes urbanísticos. Esto implica que las licencias de edificación, funcionamiento y habilitaciones urbanas podrían ser declaradas nulas si no se ajustan a estos planes. 

En este sentido, el reglamento busca garantizar que las decisiones administrativas en materia de urbanismo se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Dentro de la política, los planes de desarrollo urbano (PDU) corresponden al ámbito distrital y deben ser elaborados por las municipalidades; sin embargo, existiría un “pequeño” problema con esto. Según la última actualización del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) en 2022, el 89.6% de las municipalidades no cuentan con dicho plan municipal, hecho que, según estas, se debe principalmente por la falta de recursos (67.2%). 

Si bien la mayoría de las municipalidades afirma no tener los recursos suficientes para la elaboración del plan de desarrollo urbano, esta respuesta es poco creíble, considerando que tan solo en 2023 las municipales contaron con S/ 49,688 millones de presupuesto y dejaron de ejecutar el 27.2%, es decir, S/ 13,530 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Incluso si se deja ello de lado, cabe preguntarse qué se hizo con el presupuesto asignado para el acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado en 2023, una de las funciones presupuestales más relacionadas con el desarrollo urbano. De acuerdo con las cifras MEF, a este se le asignaron S/ 2,246 millones, de los cuales el 85.9% fue ejecutado. A los Gobiernos locales se les asignó S/ 804 millones; sin embargo, solo el 63% fue ejecutado. Es decir, más de S/ 297 millones no fueron utilizados por las municipalidades para la mejora del desarrollo urbano de sus localidades. 

Entre las municipalidades con mayor presupuesto, la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, encabezó el ranking nacional al recibir S/ 38 millones para la categoría presupuestal. No obstante, dicho Gobierno local solo ejecutó el 66.5% del total asignado. Por otro lado, la Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote recibió S/ 33 millones y solo ejecutó el 56.3%. Asimismo, una cifra preocupante resulta ser la ejecución de un 1.1% de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, cuyo presupuesto fueron S/ 24 millones. 

En países como el Perú, la falta de una planificación integral ha llevado a problemas como la expansión desordenada de las ciudades y la falta de acceso a servicios básicos. Urge un trabajo consciente y articulado entre las múltiples jurisdicciones que existen en nuestro país. Es una enorme tarea pendiente, pero, si se realizan los ajustes necesarios en la descentralización, algo podríamos mejorar en planificación urbana.