No es la primera vez (y probablemente tampoco sea la última) que nuestro Congreso presenta propuestas poco o nada enfocadas en lo que nuestro país requiere con mayor urgencia y, peor aún, que pretenden darle al Estado un rol más regulador e intervencionista, lo que va totalmente en contra de la línea que debemos seguir. Esta vez, el Proyecto de Ley N.° 144-2016/CR, de autoría del congresista Yonhy Lescano, es viva prueba de ello.

Para ponernos en contexto, este proyecto propone modificar la Ley N.° 28681, que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas porque, a entender del congresista Lescano, no es suficiente la regulación que ya existe sobre este mercado.

Aquí cabe precisar que la ley vigente ya regula la publicidad y comercialización de bebidas alcohólicas, e incluye la obligación de consignar en las envolturas de las bebidas la frase “tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino” en al menos un 10% del área del empaque; al igual que en los anuncios publicitarios escritos, radiales o audiovisuales. Asimismo, se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, en las vías públicas y, en general, fuera del horario establecido, solo por nombrar las disposiciones más relevantes.

Cuando las buenas intenciones se convierten en barreras irracionales

Además de lo mencionado, el congresista Lescano pretende intervenir nuevamente el empaquetado de las bebidas alcohólicas, para que ahora los avisos cubran al menos un 20% de la envoltura y se añada el texto “conducir en estado de ebriedad es delito” y un cuadro sumamente extenso que precise, según el sexo y peso de la persona, el límite del consumo máximo de acuerdo al tipo de bebida. No conforme con ello, propone prohibir la venta de bebidas alcohólicas en cualquier tienda ubicada en los márgenes de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional, así como que se exhiba publicidad en ellos.

Nadie niega que la conducción bajo efectos del alcohol es un problema en nuestra sociedad y que debe ser atendido, pero ¿es esto lo que necesitamos actualmente? Y, sobre todo, ¿es esta la manera?

Más allá de los problemas técnicos que presenta la propuesta y de las imprecisiones que podrían generar información falsa o inadecuada para los consumidores, esta es una forma más de cómo el Estado le transfiere su trabajo al sector privado generándole sobrecostos de operación y cerrando canales de comercialización. Acciones que definitivamente afectan el libre mercado.

Más aún, la propuesta funda sus motivos en información de los años 2010 y 2011, bastante desactualizada y que, convenientemente, muestra cifras crecientes de accidentes de tránsito en vehículos de menor capacidad y vehículos menores, contrarias a la última información disponible (2014) que muestra, en cambio, una reducción de estos. Adicionalmente, de acuerdo al último anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú, de 2014, conducir en estado de ebriedad fue la causa de un 10% de los accidentes de tránsito en ese año, por debajo del exceso de velocidad (que fue la principal), con un 33%, y la imprudencia del conductor, con un 28%. Incluso, su participación se redujo en 1.7 puntos porcentuales respecto de 2013. Esto nos lleva a concluir que hay un problema de enfoque en este proyecto, pues deberíamos apuntar, en todo caso, a reducir los accidentes causados por exceso de velocidad y por imprudencia del conductor, que son los principales factores.

Para terminar, el proyecto expone que la alternativa de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en los márgenes de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional es una medida que ya aplicaron países como Brasil y Venezuela, no muy buenos referentes de buena gobernanza pública, por lo que antes sería bueno revisar otros casos. Por ejemplo, España redujo en más del 50% los accidentes de tránsito entre 2003 y 2011 gracias a mejores controles al momento de emitir permisos de conducir, a la creación de un procedimiento sancionador especial, a la instalación de una red de dispositivos para el control de la velocidad y, sobre todo, a la reforma del código penal. El resultado, un cambio de conducta y de mentalidad.

Es claro que la causa de que conductores irresponsables manejen bajo efectos del alcohol no se debe a que en el etiquetado de las bebidas alcohólicas que consumieron no se mencione que conducir en estado de ebriedad sea un delito ni a la ubicación de los establecimientos en donde adquirieron las bebidas. Las causas realmente son la poca educación (o mala educación), que no les permite tomar buenas decisiones, y la ineficacia del control policial.

No son tiempos de exigir al sector privado que cargue con el peso de medidas que le corresponde al Estado implementar. Al contrario, a lo que debe abocarse el Congreso es a formular proyectos, debidamente sustentados, que permitan a la ciudadanía acceder a mayores oportunidades de educación y desarrollo, que generen mayor productividad y, sobre todo, que vayan en línea con la actual política nacional de facilitación y libre competencia. No más trabas.