La Constitución Política del Perú establece que el presupuesto general para un periodo fiscal debe ser aprobado por el pleno del Congreso de la República, antes de iniciado el último mes del año previo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto proyectado para 2024 asciende a más de S/ 240,806 millones, lo cual representa un incremento del 12.1% con relación al asignado en 2023. De esta manera, el proyecto de ley elaborado y presentado por el Ejecutivo alcanza un máximo histórico para la inversión pública. 

El sector provisto con la mayor inversión en el próximo año sería educación, con un presupuesto de S/ 46,506 millones, lo que representa un 19.3% del total y un incremento del 10.6% con respecto a 2023. No obstante, debemos tener en cuenta que el 60.5% (S/ 28,127 millones) del monto total asignado a este rubro sería exclusivamente para el pago de remuneraciones y beneficios sociales para docentes, auxiliares y administrativos del sector, mientras que el resto corresponde a otros gastos fundamentales, como la inversión en infraestructura (S/ 7,929 millones), los aprendizajes de la primera infancia (S/ 4,693 millones) o las becas y créditos para educación superior (S/ 1,083 millones). Los otros dos sectores con mayor asignación presupuestal serían salud (S/ 29,474 millones; +9.2%), y transportes y comunicaciones (S/ 23,599 millones; +4.9%). En conjunto, los tres sectores con mayor presupuesto asignado explicarían el 41.4% del total del presupuesto para 2024. 

En lo que se refiere a la distribución del presupuesto por nivel de gobierno, se están asignando S/ 153,634 millones (63.8% del total) al Gobierno nacional, S/ 52,496 millones (21.8%) a los Gobiernos regionales y S/ 34,676 millones (14.4%) a los Gobiernos locales. Sobre esto, llama la atención la creciente participación de los Gobiernos subnacionales (regionales y locales) dado su cuestionable desempeño en años anteriores (ver Semanario 1184). De concretarse la versión actual del plan, estarían pasando de administrar alrededor del 26.6% del presupuesto en 2018 al 36.2% durante 2024. 

¿Por qué resulta de interés conocer esto? La realidad es que los Gobiernos subnacionales son los que menos ejecutan su presupuesto año a año. De acuerdo con cifras del MEF, a octubre de 2023, los Gobiernos locales solo utilizaron un 43.8% de su presupuesto anual para proyectos de inversión (sin considerar actividades regulares), mientras que los Gobiernos regionales alcanzan a duras penas un 47%. El resultado de este ejercicio muestra que se estarían entregando más recursos a quienes menos obras realizan, pues no han podido utlizar ni la mitad de su presupuesto al cierre del décimo mes del año. 

DÉFICITS Y DESAFÍOS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Entre las mayores limitaciones para el desarrollo de la inversión pública se encuentra la falta de capacidades de los funcionarios. Según el INEI, en 2022, el 60% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos; el 58%, en administración tributaria; y el 47%, en formulación y evaluación de proyectos. Lo preocupante es que estas nociones son fundamentales en gestión pública y este lamentable resultado deja en claro lo mucho que falta por avanzar en el fortalecimiento de las habilidades de los funcionarios. Urgen programas de capacitación para mejorar la eficiencia y garantizar un uso más efectivo de los recursos públicos. 

Otra restricción importante radica en la corrupción, la cual supone pérdidas tanto económicas como en la solidez de las instituciones. Estimaciones de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que, en 2022, se identificaron más de 8,700 funcionarios públicos con presunta responsabilidad en prácticas corruptas, de los cuales más de la mitad correspondían a Gobiernos subnacionales. En conjunto, las pérdidas estimadas alcanzaron los S/ 24,419 millones, lo que equivale al 13.4% del gasto consolidado total (incluyendo todos los niveles de gobierno). Esto significa que, de cada S/ 100 que el Estado ejecuta, S/ 13.4 se pierden como consecuencia de la corrupción. Lo más triste es que la pérdida estimada habría bastado para cubrir hasta dos veces la brecha de pobreza monetaria registrada el año pasado (S/ 11,512 millones). Esto significa que el dinero perdido por corrupción el año pasado alcanzaría para cubrir, sin problemas, la canasta básica de alimentos y otros gastos del hogar de las familias pobres en el país durante dos años.  

Con miras a 2024, el plan presupuestal deberá estar a la altura de las necesidades del país y de los objetivos fiscales del Gobierno, además de hacer frente a los posibles estragos de la recesión y el fenómeno de El Niño. Para conseguirlo, es necesario actuar con seriedad y compromiso por la parte de las autoridades nacionales en todos sus niveles. Al final, la ejecución efectiva de este presupuesto representa el siguiente paso en el proceso de generar beneficios tangibles para el Perú. Por lo expuesto hasta el momento, de nada servirá contar con tantos recursos si no se utilizan como deberían.