Las probabilidades miden o indican el porcentaje de certeza con el que sucedería un hecho o acontecimiento. Una de las más conocidas podría ser la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda al aire. Con dos alternativas, cara o sello, la probabilidad de ocurrencia sería del 50%. Así funciona. Sin embargo, en la vida, más aún en las políticas públicas, las personas se enfrentan a probabilidades de ocurrencia un tanto más complicadas y determinantes, sobre las cuales deben tomar las mejores decisiones para optimizar beneficios o minimizar costos. Un ejemplo claro de esto lo vivimos recurrentemente cuando se produce un fenómeno de El Niño. 

El 28 de setiembre pasado, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), actualizó sus estimaciones sobre el nivel de intensidad del que sucedería en los próximos meses en nuestro país, y que se prolongaría por todo el verano de 2024. De acuerdo con el ENFEN, El Niño “moderado” se presentaría con una probabilidad de ocurrencia del 51%, mientras que el Niño “fuerte”, con una del 35%. Así, en lo que respecta al de mayor intensidad, se evidencia un aumento de 10 puntos porcentuales con relación al estimado del 14 de setiembre. 

Las probabilidades aumentan y los riesgos de exposición a inundaciones son cada vez mayores. Con un nivel de riesgo alto y muy alto, más de 9.6 millones de personas, más de 2.4 millones de viviendas, más de 17,000 instituciones educativas, más de 9,500 centros poblados y más de 5,000 establecimientos de salud serían afectados, de acuerdo con estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). 

En el caso del departamento de Lima, serían más de 1.6 millones de personas, más de 435,000 viviendas, más de 2,700 instituciones educativas, más de 1,400 establecimientos de salud y más de 460 centros poblados, los afectados por las inundaciones. En La Libertad, serían más de 1.3 millones de personas, más de 335,000 viviendas, más de 1,700 instituciones educativas, más de 340 establecimientos de salud y más de 610 centros poblados. En Piura, serían más de 1.1 millones de personas, más de 273,000 viviendas, más de 1,700 instituciones educativas, más de 650 establecimientos de salud y más de 480 centros poblados. 

Este escenario nos debe llevar a reflexionar sobre un Estado que no viene funcionando, entre otros aspectos, en la reducción de la vulnerabilidad de la población frente a desastres naturales. Todos los años se asignan recursos para invertir en obras que reduzcan la vulnerabilidad ante emergencias y desastres; sin embargo, el nivel de ejecución deja mucho que desear, y son los Gobiernos regionales y las municipalidades los principales responsables de traducir estos recursos en obras, pues año tras año administran más del 70% del total del dinero asignado para este fin. El Estado no está dando la talla, viene fallando y los más perjudicados son los más vulnerables. 

Es tiempo de poner en agenda los ajustes necesarios en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, para que los recursos que se generan por el trabajo de personas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se conviertan, oportuna y eficientemente, en servicios de calidad para la población. Esto es así. 

*Publicado en Infobae el 06.10.2023