Los programas sociales tienen como objetivo contribuir a la reducción de los círculos intergeneracionales de pobreza, de modo que un niño que nació en un hogar pobre, al crecer ya no lo sea y tenga un futuro mejor. Para lograrlo, la identificación y la selección de sus beneficiarios es clave para que el apoyo gubernamental llegue solo a quienes lo necesitan y se pueda invertir, paralelamente, en una educación, infraestructura y salud de mayor calidad. Sin embargo, la falta de una focalización adecuada ha generado grandes desperdicios de los recursos fiscales, pues existen altas tasas de filtración. Por ejemplo, tal como mostramos en la edición anterior, en 2015, 6 de cada 10 hogares beneficiarios del Programa del Vaso de Leche (PVL) no debieron serlo y, como consecuencia, hogares que sí forman parte de la población objetivo no se beneficiaron (casi un millón de familias).

El estudio “Ahorrar para desarrollarse”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con datos hasta 2013, señala que un 35.1% de los recursos destinados a los programas sociales en nuestro país atiende a beneficiarios infiltrados, porcentaje mayor que otros países de la región como México (28.9%), por ejemplo. Además, esta filtración equivale a un 0.2% del PBI peruano, es decir, una cifra mayor que nuestra inversión en investigación y desarrollo (I+D), que asciende a un 0.15% del PBI. Y en 2015, por mencionar un caso, el PVL tuvo un presupuesto de S/ 363 millones, de los cuales alrededor de S/ 217.2 millones serían malgastados si se consideran las filtraciones.

La gran interrogante: ¿qué hacer?

Estas altas tasas de filtración son producto de una falta de estructuración de la política social en nuestro país. Por ejemplo, el presupuesto del PVL para las municipalidades distritales es determinado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mientras que los requisitos de elegibilidad son fijados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Además, dichos criterios son “corroborados” por los comités del PVL en cada localidad, los cuales están integrados principalmente por madres de familia, que en muchas ocasiones se guían por criterios no técnicos. Esto significa que los programas sociales están fragmentados y no constituyen una política integral, lo que desemboca en duplicidad de funciones, irregularidades presupuestales y, como comúnmente sucede, terminan excluyendo a las personas que, por su precaria condición económica, sí deberían recibir estos beneficios. Por ello, ¿por qué no dejamos que el Midis se encargue de la dirección de estos programas? De este modo, no existirían dobles filtraciones, es decir, hogares que reciben transferencias del programa Juntos y ayuda alimentaria del PVL, entre otros.

Otra de las falencias de nuestra política social es la determinación de la elegibilidad de los actores, básicamente, determinar quién es pobre. Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un hogar con cuatro miembros en Lima Metropolitana es considerado pobre si su ingreso familiar mensual es menor a S/ 1,260 y pobre extremo si es inferior a S/ 676. Dicha definición, que emplea la línea de pobreza[1] como su mecanismo de clasificación, sirve para reportar las cifras oficiales y, de acuerdo con ella, un 21.77% de los peruanos fue pobre en 2015. Por su parte, para determinar a los beneficiarios de los programas sociales como el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos) o Pensión 65 se emplea el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que conjuga los gastos en servicios básicos (agua, electricidad), la calidad de vida (características de la vivienda, del hogar y sus potencialidades) y los ingresos. Ante tal dispersión, ¿por qué no estandarizamos un sistema integrado de clasificación de los hogares pobres? Esto llevaría a una mejor focalización, pues se tendría información sincronizada entre los ministerios sobre la población elegible para tales programas.

Finalmente, es imprescindible que este tipo de programas tenga una evaluación periódica de su impacto. ¿Cómo sabemos si el gasto realmente contribuye a disminuir la pobreza multidimensional? O, en el caso particular del PVL, ¿dicho programa, después de 32 años de su creación, ha elevado la nutrición de los niños y es recomendable mantenerlo? El PVL no se ha evaluado en los últimos 15 años y el programa Juntos, a 11 años de su creación, bien podría iniciar un estudio que realice un seguimiento a los niños que fueron beneficiados por el programa y cómo este ha impactado en la reducción de su condición de pobreza (multidimensional) en un contexto de desaceleración económica.

Las filtraciones y la necesidad de reestructurar la política social no son un tema novedoso. Ya en 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó que el PVL tenía una tasa de filtración del 51%, los desayunos y almuerzos escolares, un 49%, y los comedores populares, un 48.1%. Tan solo en Lima, la filtración del PVL alcanzó un 73.1% y en 2015 llegó a un 74.9% del total de hogares beneficiarios. Hagamos las reformas pertinentes y no dejemos que estas cifras sigan incrementándose. No es tan solo una cuestión de aumentar el gasto, sino de saber administrarlo.