La informalidad laboral representa uno de los mayores problemas del país, pues se traduce en condiciones precarias de empleo explicadas por el desinterés o la incapacidad de cumplir las exigencias de la regulación. Si bien ello es un fenómeno común, la participación de la informalidad destaca en el Perú tras representar alrededor del 72% del empleo nacional desde 2014, mientras que el promedio para la región Latinoamérica y el Caribe fue del 53% en 2018, según la Organización Internacional del Trabajo. Desafortunadamente, la situación resultó agravada por la pandemia, la cual generó que esta ascienda al 75.2% en el año móvil de octubre 2019 a setiembre 2020, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo cual significaría que el resultado anual pueda superar inclusive lo registrado a comienzos de la década pasada, pues en 2011 la informalidad alcanzó un 75.1%.

De acuerdo con el INEI, esto se explicaría porque, a pesar de la contracción considerable del empleo a nivel nacional, la población ocupada en el sector informal disminuyó menos, al registrar una caída del 13.9% en el tercer trimestre del año pasado, respecto al mismo periodo de 2019, en contraste con la formal, que mostró un retroceso del 24.8%. Esta diferencia resultó aún más considerable en determinados sectores, como el agropecuario, en el que el empleo informal se incrementó un 22%, mientras que el formal se redujo un 19.6%; o el sector construcción, en el cual el informal cayó un 3.3%, pero el formal lo hizo en un 43.2%. En realidad, únicamente en el sector restaurantes y alojamiento ocurrió un desempeño similar entre ambos, pues el empleo formal se redujo en 55.2% y el informal en 51.9%, lo que se explicaría por el perjuicio que significó la pandemia para este rubro.

¿PROPUESTAS PARA INCENTIVAR EL EMPLEO FORMAL?

Debido al deterioro del mercado laboral ocasionado por la pandemia, los candidatos a la presidencia han esbozado propuestas para generar mayor empleo formal. No obstante, a pesar de que la mayoría promete reducir considerablemente la tasa de informalidad laboral, mediante propuestas como la generación de trabajo temporal, a través de la ejecución de inversiones o el aumento de los salarios, en realidad evidencian un total desconocimiento de los requerimientos para lograrlo o los verdaderos efectos que sus propuestas generarían. 

Respecto de lo primero, diversos partidos proponen generar una cifra significativa de puestos de trabajo mediante programas de empleo temporal masivo[1], lo cual inclusive ha llegado a ser considerado imposible por el Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, existen alternativas más eficientes para alcanzar desempeños similares, como acelerar la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), pues este contribuiría con 1.7 millones de empleos formales, según la Asociación de Contribuyentes del Perú. Desafortunadamente, al cierre del año pasado, todavía 22 proyectos no se encontraban en ejecución, según el Ministerio de Economía y Finanzas, y facilitar su desarrollo será más complicado en caso se desincentive la inversión privada, la cual representa el 74.8% de la inversión del PNIC, mediante el interés de cambiar completamente la Constitución vigente, propuesta que respaldan ocho de los 19 candidatos a la presidencia.

Por otro lado, las propuestas de incrementar los salarios mediante aumentos en la remuneración mínima vital (RMV)[2] desconocerían que el Perú impone uno de los salarios mínimos más elevados de Latinoamérica, inclusive superior al de varios países europeos (ver Semanario 1038). En realidad, el ingreso laboral promedio mensual del sector informal ascendió a S/ 948.3 en 2019, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por lo que una proporción considerable de estos empleos no pueden cumplir con el requerimiento legal actual, pues 3,577,074 empleados recibían solo hasta S/ 500, mientras que 3,157,984 percibían entre S/ 501 y S/ 1,000. Por ello, en caso se estableciesen aumentos, esto supondría una pérdida de empleos formales y la imposibilidad de revertir la informalidad en sectores como el agrícola, que en 16 departamentos registró una tasa de informalidad no menor al 98% y a nivel nacional apenas acumuló un salario promedio de S/ 712.6 en 2019.

En realidad, el único mecanismo posible para mejorar los ingresos de los trabajadores, facilitando además su transición a la formalidad, sería incrementar sus niveles de productividad. Desafortunadamente, las propuestas de varios candidatos cometen los mismos errores que contribuyeron a que en la última década la tasa de informalidad haya continuado superando el 70%, pues desconocen los beneficios de intervenciones ya existentes, pero no aprovechadas, como las complicaciones que sucedieron con Majes Siguas II, el proyecto agrícola más importante del sur del país, que dinamizaría las agroexportaciones y permitiría a los pequeños productores familiares participar de ellas, según el PNIC. Peor aún, consideran que esta situación podría revertirse decretando mayores obligaciones o beneficios para los trabajadores, a pesar de que la evidencia ya ha demostrado lo contraproducente que resulta, como sucedió al limitar la capacidad de despido de los empleadores, lo que únicamente se tradujo en menores ingresos y protección para los trabajadores (ver Semanario 1053).

Inclusive, pareciera que algunas agrupaciones políticas rechazan el camino hacía una mayor flexibilización laboral, pues temen que en caso ello suceda únicamente empeorarán las condiciones de los trabajadores. No obstante, la experiencia ha demostrado que sucede todo lo contrario, pues preservando o incrementando la actual rigidez únicamente se imposibilita la creación de más empleos adecuados.

[1] Partidos como Juntos por el Perú, Podemos Perú y Acción Popular aspiran a generar hasta uno, dos y cinco millones de puestos de trabajo, respectivamente. A manera de comparación, todo el sector público peruano a lo mucho contribuye con aproximadamente un millón y medio de empleos, según el IPE.

[2] En particular, el Frente Amplio propone incrementar la RMV a S/ 1,500, mientras que Juntos por el Perú no especifica un valor en particular, pero detalla que la aumentará de manera periódica.