A pesar de las complicaciones del año pasado, que generaron la contracción más severa en las últimas tres décadas del PBI, con una caída del 11.1%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector agropecuario creció un 1.3%. Si bien este apenas contribuyó con un 6.4% de la producción nacional, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), su importancia radica en la capacidad de generación de empleo: en el tercer trimestre concentró un 32.9% de los puestos de trabajo, con un incremento del 20.5% respecto del mismo periodo de 2019, mientras que el promedio nacional registraba una evolución del -17.1%. 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dicho desempeño se explicaría por las menores restricciones que enfrentó el sector, pues los productores nunca detuvieron sus labores diarias, lo que garantizó un abastecimiento normal de productos durante la pandemia. No obstante, esto también resultó favorecido por las mayores exportaciones agrícolas, que ascendieron a los US$ 7,517 millones el año pasado, un 6.1% más respecto de 2019. Esto porque la apertura comercial ha permitido que productos como las uvas, los arándanos, la palta, el café y los espárragos gocen de reputación internacional tras destinar el 60%, 89.1%, 62%, 57.7% y 35% de sus cosechas a diversos países el año pasado, respectivamente.

Desafortunadamente, a pesar de esta situación, la inversión pública destinada al sector agropecuario continúa registrando un desempeño deficiente, con una ejecución de apenas el 63.5% el año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si bien podría argumentarse que ello se debe a la pandemia, los resultados fueron similares a los de años previos, inclusive al interior de las funciones. En particular, únicamente las intervenciones relacionadas con la planificación y la promoción agraria se incrementaron considerablemente hasta alcanzar los S/ 292 millones, un 79.1% más que en 2019. Pero la función más importante, que consiste en mejorar el acceso y el uso eficiente de los recursos hídricos, ascendió a S/ 1,555 millones, una contracción del 6.6% con respecto al año previo, lo que reflejó una ejecución del 54.8%, cifra ligeramente diferente al 51.4% y el 59.5% alcanzados en 2018 y 2019, respectivamente.

¿FAVORECIENDO EL DESARROLLO DEL SECTOR?

Debido a su relevancia, el Gobierno creó el Programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) para facilitar el financiamiento de los pequeños productores agropecuarios afectados por la pandemia. Este operaría como una garantía por parte del Gobierno del 95% al 98% en los préstamos que les otorguen las entidades del sistema financiero y las cooperativas de ahorro y crédito, y se espera que favorezca a 260,000 familias dedicadas a la agricultura familiar, según el Midagri. Además, se potenció el Fondo Agroperú, que es administrado por el Agrobanco para otorgar financiamiento accesible a pequeños productores que no cumplen el perfil crediticio exigido en el sistema financiero, para emitir nuevos créditos para capital de trabajo por S/ 440 millones hasta julio del presente año.

En particular, esto resultó necesario porque el perfil crediticio de la pequeña agricultura familiar es catalogado como bastante riesgoso, lo cual supone que las tasas de interés asociadas con el ámbito familiar se encuentren entre el 25% y el 30%, mientras que en el informal se ubiquen entre el 50% y el 60%, según el Midagri. Por ello, mediante las intervenciones mencionadas, se otorgaría financiamiento a tasas mucho menores, con un promedio entre el 6.25% y el 12% a través del FAE-AGRO, y apenas un 3.5% mediante Agroperú.

Desafortunadamente, a pesar de que estas intervenciones facilitarían el objetivo de promover el desarrollo agrícola, partidos políticos como Juntos por el Perú y el Frente Amplio continúan proponiendo controlar las elevadas tasas de interés “abusivas”, para con ello facilitar el acceso al crédito, cuando así únicamente se imposibilitaría su mayor difusión, pues las garantías actuales únicamente otorgan seguridad al sistema financiero de que, en caso los agricultores no cumplan sus deudas, las entidades no perderán el íntegro de sus desembolsos.

Por otro lado, también resulta preocupante la propuesta de “desglobalizar” al país que promueven diversos partidos, con el fin de desaprovechar los tratados de libre comercio que tiene pactados nuestro país, como expresa Acción Popular, o implementando restricciones sin fundamentos que podrían generar represalias por parte de nuestros actuales socios, lo cual respaldan Victoria Nacional[1], Juntos por el Perú y el Frente Amplio.

Como se mencionó anteriormente, el comercio internacional resulta de vital importancia para muchos productores, quienes se beneficiaron del dinamismo de las agroexportaciones en la última década, las cuales acumularon un crecimiento promedio anual del 9%, al pasar de US$ 3,172 millones en 2010 a US$ 7,517 millones en 2020. Esta situación, de acuerdo con el Midagri, resulta bastante beneficiosa para el desarrollo de los pequeños productores, lo cual explica los continuos esfuerzos para aumentar la difusión de los productos peruanos en nuevos mercados, como las actuales negociaciones con Chile para facilitar el acceso de uva y granadilla a dicho destino.

Así, el sector agrícola todavía presentaría enormes capacidades de desarrollo posibles de aprovecharse mediante el acceso a nuevos mercados y el establecimiento de alianzas para difundir el acceso a financiamiento. De manera que, en vez de oponerse a ello, las propuestas de políticas deberían enfocarse en mejorar la ejecución de la inversión pública, sobre todo en materia de acceso al riego, pues inclusive el BCRP ya advirtió en su último reporte de inflación que el déficit hídrico estaría perjudicando la campaña agrícola de agosto 2020 a julio 2021, lo que producirá un menor progreso del sector.

[1] Cabe resaltar que Victoria Nacional no propuso en su plan de gobierno implementar políticas proteccionistas, pero en el debate electoral de CADE ejecutivos George Forsyth enfatizó en la necesidad de proteger la industria nacional para salir de la presente crisis y prometió aplicar salvaguardias, en especial para el sector textil.