El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha trazado una ambiciosa hoja de ruta para reactivar la economía peruana y uno de sus pilares es la promoción de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Sin embargo, recientes decisiones de otros poderes del Estado amenazan con socavar esta estrategia desde dentro, lo que genera señales contradictorias que podrían desalentar a los inversionistas y comprometer la credibilidad del país en el escenario internacional. 

En el Congreso de la República se ha presentado recientemente una propuesta que busca limitar la renovación de las concesiones, incluso cuando estas han sido pactadas contractualmente bajo cláusulas que permiten su extensión ante el cumplimiento de ciertos requisitos. Este tipo de propuestas legislativas no solo introducen incertidumbre jurídica, sino que pueden interpretarse como intervencionismo político sobre contratos ya suscritos, lo que erosiona la confianza de los inversionistas en el respeto al marco legal. 

Por otro lado, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han emitido recientemente resoluciones que ordenan la suspensión del cobro de peajes en diversas vías concesionadas. Aunque estas decisiones se presentan bajo argumentos de protección al usuario o cuestionamientos a procesos contractuales, que tienen sus propias vías de solución, el efecto inmediato es la vulneración de la seguridad jurídica y ponen en riesgo todo el sistema de concesiones viales en el país. 

Estas decisiones no son inofensivas. Empresas afectadas podrían recurrir (como ya lo vienen haciendo) a mecanismos de solución de controversias previstos en tratados de inversión o contratos de concesión, mediante procesos de arbitraje internacional. En dichos procesos, el Perú podría ser obligado a pagar indemnizaciones millonarias que terminaríamos asumiendo todos los contribuyentes. Más aún, la reiteración de este tipo de medidas alimenta la percepción de que en el país no se respetan las reglas de juego, lo cual encarece el costo del capital y limita la llegada de nuevos proyectos. 

No importa qué entidad pública origine el incumplimiento, la responsabilidad recae en el Estado peruano y las sanciones derivadas de laudos arbitrales las asumimos todos. Según la ley que crea el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), las entidades involucradas deben pagar los laudos y acuerdos resultantes. Ojo con esto. 

Recientemente, en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, Business at OECD, entidad institucional oficialmente reconocida del sector empresarial en esta organización, ha identificado el aumento del riesgo de desarrollar negocios en el Perú debido a la inseguridad jurídica. 

El mensaje que se transmite es preocupante: mientras un sector del Estado busca atraer inversión privada, otros dinamitan las bases que la sostienen. Para que la estrategia del MEF tenga éxito, es indispensable que exista coherencia institucional y un compromiso claro del Estado en su conjunto por garantizar la seguridad jurídica y ofrecer estabilidad a largo plazo. 

En tiempos en los que el Perú necesita con urgencia recuperar el dinamismo económico, estas señales contradictorias son un lujo que el país no puede permitirse. No generan trabajo ni reducen la pobreza de los peruanos. Urge alinear los objetivos económicos con el respeto al orden legal y recuperar la confianza de quienes aún apuestan por invertir en el Perú.