A raíz del contexto de pandemia, la economía peruana ha sido afectada fuertemente, con un consecuente impacto en el mercado laboral. En nuestro país, la crisis económica causada por la COVID-19 generó una reducción del PBI del 11.1%, un aumento de 3.5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo y un aumento en la informalidad laboral, que alcanzó el 75.3%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Ante dicho escenario, urge el desarrollo de políticas que impulsen la competitividad y la productividad de la economía peruana, y sobre todo del mercado laboral, para así recomponernos lo más pronto posible. Sin embargo, lejos de aportar iniciativas que vayan en esa dirección, el Legislativo viene promoviendo una serie de normas que entorpecerían el desempeño de estas, como el Proyecto de Ley 7068, que busca extender a los trabajadores a tiempo parcial los mismos derechos laborales que corresponden a aquellos que trabajan la jornada completa.

Así, el proyecto en mención busca otorgar derechos laborales adicionales, como el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones y utilidades, a las personas que trabajan menos de cuatro horas al día o veinte horas a la semana. Según la propuesta, dichos beneficios para los trabajadores son necesarios bajo el supuesto de que habría protección legal para los que trabajan bajo una modalidad parcial, y de esta manera se regularían las relaciones laborales entre empleador y trabajador, lo que beneficiaría a este último, todo sin costo alguno para el tesoro público. Nada más alejado de la realidad.

Como mencionamos líneas arriba, la tasa de informalidad en nuestro país es mayor al 70%, cifra mayor al promedio de la región América Latina y el Caribe, que apenas ascendía al 53% en 2018, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante este panorama, el proyecto atenta contra la productividad del trabajo, pues implicaría asumir costos laborales iguales a los de una jornada completa para los trabajadores a tiempo parcial, los cuales no retribuyen de la misma manera, dado el menor tiempo de trabajo contribuido a la generación de ingresos para las empresas. Ante una eventual aprobación de esta iniciativa, se generaría un aumento en el desempleo y la informalidad, debido a que los empleadores no estarían en capacidad de asumir los costos que la medida implica, más aún en un contexto de crisis como el que estamos viviendo.

Por otro lado, cabe resaltar las características del trabajo a tiempo parcial en países como el nuestro. Según la OIT, en América Latina, el trabajo parcial está fuertemente vinculado con la informalidad. Así, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), para 2019, en nuestro país, el 87.5% de los trabajadores que laboran menos de veinte horas a la semana en su ocupación principal lo hacían en la informalidad. Ante esta realidad, un incremento en la compensación sobre la contratación a tiempo parcial, en medio de una crisis económica, incentivaría un aumento de la informalidad laboral y, con ello, una menor protección para el trabajador, lo que difiere de los beneficios propuestos. Es importante remarcar que, según la normativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los trabajadores a tiempo parcial gozan de la mayoría de los beneficios legales, con excepción de la indemnización por despido arbitrario y CTS.

Durante 2019, las personas que trabajaron menos de veinte horas a la semana en su ocupación principal representaron un 23.8% del total de la PEA ocupada, mientras que esta cifra sube al 72.5% cuando nos referimos a la ocupación secundaria, según la Enaho. De acuerdo con la misma encuesta, la proporción de mujeres que tienen un trabajo con menos de veinte horas a la semana (57%) es mayor a los hombres que trabajan bajo la misma modalidad (32.8%); lo mismo sucede con las personas más jóvenes, comparadas con las de mayor edad. Una posible explicación de lo observado se debe a la naturaleza del trabajo a tiempo parcial, la cual permite invertir la parte del tiempo restante en otras actividades, como estudiar o generar ingresos adicionales a través de otra ocupación. Es la flexibilidad del régimen la que da beneficios tanto a trabajadores como empleadores. Es por ello que no resultaría adecuado equiparar su tratamiento con el que se aplica para los contratos a jornada completa.

Luego de lo expuesto, resulta claro que el principal problema de los que trabajan bajo la modalidad de tiempo parcial no es la desprotección del trabajador por falta de beneficios laborales, sino la desprotección a causa de la informalidad y los sobrecostos laborales. Por esta razón, las políticas públicas deberían enfocarse en atacar los problemas de productividad dentro del sector y no a reducirla de manera indirecta. En esa línea, es necesario hacer una evaluación más exhaustiva de los costos indirectos y los impactos económicos asociados con este proyecto de ley, pues este tipo de propuestas, en su mayoría, solo analizan el gasto inmediato que pueden generar al tesoro público, pero no se realiza un análisis de impacto regulatorio ni mucho menos sus efectos de largo plazo, con lo que se dejan de lado las pérdidas en el bienestar social que ocasionarían dichas iniciativas.